POLÍTICA

LO RECHAZABA LA OPOSICIÓN

Eliminan el artículo 85: el Estado puede reformarse sin superpoderes

El último artículo del megaproyecto que el Gobierno envió al Congreso causó especial alerta en la oposición, por las atribuciones institucionales que le daba a la Casa Rosada, más allá de las medidas de coyuntura económica. Legisladores y dirigentes opositores advirtieron que ese fragmento del texto que le podría otorgar enormes facultades al Poder Ejecutivo para reformar a más de sesenta organismos descentralizados que tienen atribuciones sensibles (económicas e institucionales) en la administración pública nacional. Otorga facultades para "hacer una reforma del Estado", se quejaban. El oficialismo decidió ahora eliminarlo para facilitar su tratamiento y aprobación. Eliminar el artículo 85 no sólo libera la posibilidad de sesionar sino que es una confianza de que en democracia puede reformularse el Estado.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Dario Martinez, informó que se decidió eliminar el apartado que facultaba al Poder Ejecutivo a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada. 

El oficialista Frente de Todos anunció esta mañana en la Cámara de Diputados que el Gobierno accedió a eliminar el artículo 85 de la ley ómnibus enviada ayer al Congreso para facilitar su tratamiento y aprobación.

Al comenzar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, previo al informe de los ministros del Gobierno, Darío Martínez dijo que "en acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional se elimina el artículo 85".

Ese artículo decía: "Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias".

Ahora, el mencionado artículo ya no será parte de la ley que declara nueve emergencias.

El Gobierno incluyó en el paquete que el Congreso trata en sesiones extraordinarias al Consenso Fiscal firmado ayer por el presidente Alberto Fernández y 23 gobernadores. El acuerdo suspende el Pacto Fiscal que regía desde 2017 y les permite a la provincias recaudar más impositivamente en sus respectivos territorios.

La medida se adoptó mediante el decreto 38, firmado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Tiene un sólo artículo que indica: "Inclúyese en el temario a tratar por el Congreso de la Nación durante el actual período de sesiones extraordinarias, el proyecto de ley por el cual se aprueba el Consenso Fiscal 2019, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre de 2019".

Polémico artículo 85

El artículo, ahora eliminado, otorgaba facultades para "hacer una reforma del Estado". De ahí que la oposición lo rechazaba e incluso difundió un listado de las decenas de entes que tienen autarquía o autonomía.

Entre los organismos descentralizados enumerados se encuentran, por caso, desde los entes reguladores de la electricidad y el gas hasta una variedad de institutos nacionales pasando por las superintendencias de seguros, y servicios de salud. También figura la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que tiene un sensible rol por sus atribuciones para realizar inteligencia financiera. Y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que depende de la Presidencia, pero que tiene autonomía y autarquía para auditar a todas las áreas del gabinete.

"Los organismos descentralizados son el equivalente al 40% del gasto en personal y la mitad de los trabajadores del sector público", advertían desde la UCR. "Ni (Roberto) Dromi se animó a tanto", agregaban en alusión al ex ministro del menemismo que impulsó las privatizaciones.

El titular del bloque radical en Diputados, Mario Negri manifestaba en su comunicado de rechazo al proyecto de ley que: "Las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional supera a las facultades de la Ley Dromi del menemismo; nos parece exorbitante".

También dirigentes de la Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, plantearon reparos constitucionales sobre el artículo 85 de este proyecto. Y señalaron que, según el Artículo 76 de la Constitución Nacional "se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".

El diputado de ese espacio, Juan Manuel López, dijo: "No solo es inconstitucional porque es una delegación sin bases, ni plazos. Es un superpoder para que Alberto Fernández pueda intervenir o cerrar organismos de control o de regulación de actividades de la vida de todos los argentinos".

"Hay no menos de 67 organismos descentralizados nacionales, la mayoría de ellos  creados por ley que podrían ser borrados de un plumazo por Poder Ejectutivo mediante esta delegación de facultades", se quejaban. 

"Las reformas del organismos autárquicos deberían pasar por el Congreso, no es lo mismo que la ley de ministerios que le da facultades al Presidente para definir su ordenamiento. Esto es más de que lo que solicitó Eduardo Duhalde en 2002", agregó por su parte Maximiliano Ferraro, presidente de la CC.

 

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