A pesar de que se planteó un conflicto de competencia, Sandra Arroyo Salgado ya actúa como si la causa del Olivosgate le perteneciera definitivamente. La jueza federal de San Isidro ordenó medidas de prueba y envió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a requerir documentación a la quinta presidencial.
CAUSA
Olivosgate: Fuerte avance de Arroyo Salgado
Hay un conflicto de competencia por la causa del Olivosgate. Pero mientras se resuelve, la jueza federal dictó sendas medidas de prueba.
La causa investiga al presidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez y a otras personas que participaron del cumpleaños clandestino de la Primera Dama el 14/07 de 2020, cuando regía la cuarentena y la prohibición de reuniones sociales como medidas tendientes a reducir los contagios de coronavirus.
La causa recayó inicialmente en Comodoro Py, pero luego el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente por un asunto jurisdiccional por lo que envió el expediente a la Cámara Federal de San Isidro. Luego el juez Lino Mirabelli se hizo cargo del mismo, pero Arroyo Salgado la reclamó para sí al sostener que ella instruía una causa similar, por lo que debía unificarlas.
Mirabelli instó a la exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman a inhibirse de actuar, pero la jueza lo rechazó en un escrito que se conoció este jueves.
Medidas de prueba
Actualmente, hay un tironeo por el caso entre los magistrados, pero Arroyo Salgado avanza y envió este mismo 07/10 a efectivos de la PSA con una orden de presentación requiriendo a Casa Militar los registros de las visitas del día en que Yañez celebró su cumpleaños.
Además solicitó datos filiatorios de los imputados y pidió al Municipio de Vicente López los registros fílmicos de las inmediaciones de la Residencia de Olivos "desde el 14 de julio de 2020 a las 20:00 horas hasta el 15 de ese mismo mes y año a las 02:00 horas y del día 30 de diciembre de 2020, entre las 13:00 y las 20:00 horas", informó clarín.com.
También durante la orden de presentación, se requirió que la información entregada incluya "las visitas oficiales y de carácter privado, así como de toda otra persona que haya ingresado y que sea ajena a la actividad laboral propia de la Residencia -como por ejemplo personal de servicios de catering y/o cualquier otra circunstancia de interés para la causa".
Por otro lado, Arroyo Salgado le solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal que informe la totalidad de los abonados telefónicos registrados a nombre de los imputados en el período entre el 12 y 18/07 de 2020, y respecto de Alberto Fernández además entre los días 28 y 31/12 de 2020. Y le pidió al Ministerio de Salud que informe si los imputados tenían habilitado el Certificado Único para circular durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y respecto a qué actividades, especialmente en la fecha de los hechos investigados.
Al momento de impulsar la orden de presentación en la quinta de Olivos, la magistrada sostuvo que "resulta de interés contar con la nómina del personal perteneciente a la Casa Militar y a la Policía Federal Argentina que en las aludidas fechas habría cumplido funciones en la Residencia Presidencial de Olivos".
Con esta medida, se busca "identificar a personal de seguridad que habría permitido el acceso al lugar, cuya responsabilidad en los sucesos investigados no puede descartarse en esta instancia como así también, llegado el caso, el eventual testimonio que podría resultar relevante a los fines de la presente pesquisa".