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POR 48 HORAS

Sandra Arroyo Salgado tiene la causa por la Fiesta en Olivos

La jueza Sandra Arroyo Salgado tendrá acceso a la causa por la Fiesta en Olivos por 48 horas. El Gobierno había rechazado su intervención.

El Gobierno nacional enfrenta por estas horas uno de los escenarios que quería evitar: que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado accediera a la totalidad del expediente de la Fiesta en Olivos por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez. De hecho, a inicios de septiembre, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena había advertido que “no es lo más adecuado” que la magistrada y viuda de Alberto Nisman, tome la investigación “si lo que se espera es un fallo imparcial”.

Ocurrió que el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli le permitió el acceso a la causa por 48 horas a su colega Sandra Arroyo Salgado tras los pedidos de la magistrada de poder tener acceso a la totalidad del expediente y no de manera parcial como había conseguido hasta ahora.

Cabe recordar que la jueza había pedido la causa en dos oportunidades y si bien Mirabelli le otorgó acceso parcial por vía digital a través del sistema informático con el que operan los jueces y las partes de un expediente, la magistrada insistió en la necesidad de acceder a la totalidad de la documentación, indicó este jueves (23/9) la agencia NA.

Conflicto de competencias

Los pedidos de Sandra Arroyo Salgado a Mirabelli se originan en que ella tramitaba una denuncia por las supuestas visitas irregulares a la Quinta de Olivos desde antes de que estallara el escándalo, con la publicación de la foto y los videos de la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

La fiesta en Olivos
Sandra Arroyo Salgado argumenta que a ella le corresponde investigar la Fiesta en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yañez.

Sandra Arroyo Salgado argumenta que a ella le corresponde investigar la Fiesta en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yañez.

La causa había quedado radicada inicialmente en el juzgado federal porteño a cargo de Sebastián Casanello, pero éste se declaró incompetente y la envió al partido bonaerense de San Isidro por entender que así correspondía por el lugar donde habían ocurrido los hechos.

Fue así que la recibió Mirabelli, quien aceptó hacerse cargo de la investigación. Allí apareció Arroyo Salgado y el 20 de septiembre le reclamó “que tenga a bien poner a disposición de esta sede y por el término de 48 horas la causa de referencia”.

Ante el pedido, Mirabelli le envió “copias digitales de aquel expediente a partir de lo actuado con posterioridad al 24 de agosto del corriente año, atendiendo a la anterior compulsa realizada cuando la causa estaba radicada ante la Justicia Federal de Capital Federal”.

Insistencias

Pero el acceso digital parcial no conformó a Sandra Arroyo Salgado quien insistió ante el juez: “atendiendo a que a la fecha no he tenido oportunidad de compulsar el expediente del que vengo haciendo mención en forma integral, pues cuando el legajo tramitaba en sede capitalina, su instrucción se encontraba delegada en la Fiscalía y en consecuencia, la compulsa se trató de las constancias que se encontraban incorporadas al Sistema y no de lo que pudiera encontrarse ante la fiscalía, requiérasele nuevamente que se ponga a disposición de esta sede judicial ”.

Ante esto, Mirabelli accedió a permitir a Arroyo Salgado el acceso a la causa “por el término de 48 horas”.

Cuando existen dos denuncias por hechos similares o conexos, el juez que debe intervenir en la tramitación unificada de las causas es el que recibió el primer expediente, lo que –en este caso- podría significar que la causa pasara a la jueza Arroyo Salgado.

La advertencia de Mena

El 3 de septiembre pasado, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, en medio de las deliberaciones para definir en qué juzgado llevaría adelante el caso de la Fiesta en Olivos, a dvirtió que “no es lo más adecuado” que Sandra Arroyo Salgado tome la investigación “si lo que se espera es un fallo imparcial”.

“Con nuestro espacio político no garantiza ningún tipo de objetividad ni imparcialidad porque eso lo ha demostrado su propia conducta en los últimos años”, dijo el funcionario en declaraciones periodísticas.

“La verdad no corresponde el cambio de jurisdicción por varios motivos, pero el primero es por una cuestión que el Código Procesal y la ley procesal marca muy claramente, que es una cuestión de garantizar justicia”, opinó Mena.

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