La polémica generada por la incorporación de altos funcionarios del Gobierno nacional al denominado régimen de “inocencia fiscal” (blanqueo de dinero en negro) sumó un nuevo capítulo en el Congreso. La senadora nacional Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para eliminar el Capítulo III de la Ley 27.799, el apartado que regula ese mecanismo de sinceramiento fiscal y que quedó bajo la lupa luego de que varios integrantes de la administración de Javier Milei decidieran adherirse al beneficio.
BRONCA OPOSITORA
Escala la polémica por el blanqueo y la oposición pide anular el beneficio utilizado por los mileístas
La oposición está furiosa luego que se filtraran quiénes adhirieron al blanqueo. Muchos son funcionarios de Milei y el más polémico es Adorni.
En medio de la polémica, Adorni y su esposa se adhirieron al blanqueo.
La iniciativa llega en medio de cuestionamientos de la oposición por la utilización de la herramienta por parte de funcionarios nacionales, entre ellos el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de otros integrantes del Poder Ejecutivo. Según la autora del proyecto, la normativa genera riesgos para la transparencia institucional y podría obstaculizar investigaciones judiciales vinculadas a delitos económicos y corrupción.
Qué busca modificar el proyecto
El texto presentado en el Senado propone derogar exclusivamente los artículos 38 al 42 de la Ley 27.799, sin afectar el resto de las reformas tributarias incluidas en esa norma. La propuesta obliga además al Poder Ejecutivo a adecuar la reglamentación vigente en caso de que la iniciativa avance en el Congreso.
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Di Tullio sostiene que esos artículos crean condiciones que reducen los controles sobre determinados movimientos patrimoniales y generan espacios de discrecionalidad incompatibles con los principios de transparencia, publicidad de los actos de gobierno y prevención de conflictos de interés.
La polémica por los funcionarios adheridos
Uno de los ejes centrales de los fundamentos del proyecto está relacionado con la decisión de funcionarios nacionales de acogerse al régimen.
La senadora afirma que resulta especialmente grave que quienes integran el propio Estado utilicen un mecanismo que, según su interpretación, contradice compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción. Entre ellos menciona la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El documento también advierte que la adhesión de funcionarios públicos a este sistema podría tener efectos sobre investigaciones judiciales en curso relacionadas con delitos como lavado de activos, tráfico de influencias o hechos de corrupción.
En ese contexto, Di Tullio fue particularmente crítica con el Gobierno nacional y sostuvo que la norma terminó siendo utilizada de una manera distinta a la que originalmente se había presentado durante el debate legislativo.
Furia en la oposición: “No es simplificación tributaria, es impunidad”
Uno de los puntos más duros del proyecto apunta al artículo 40 de la ley vigente. Según la senadora, esa disposición no constituye una mera simplificación administrativa, sino que limita la capacidad del Estado para revisar situaciones patrimoniales del pasado.
En los fundamentos se sostiene que el mecanismo podría transformarse en una suerte de blindaje retroactivo para determinados contribuyentes y que, aplicado a funcionarios públicos bajo investigación, colisiona con principios básicos de igualdad ante la ley y transparencia institucional.
La legisladora remarca además que la ley fue aprobada sin que existiera una evaluación de impacto fiscal por parte de organismos especializados del Congreso o del Poder Ejecutivo, en un contexto de caída sostenida de la recaudación tributaria.
Un nuevo frente político
Mientras el Gobierno defiende el régimen como una herramienta destinada a facilitar la regularización fiscal y reducir cargas administrativas, desde Unión por la Patria consideran que el capítulo cuestionado debe ser eliminado para evitar posibles beneficios indebidos a funcionarios públicos y reforzar los mecanismos de control sobre la administración estatal.
Con esta iniciativa, el kirchnerismo busca instalar un debate sobre transparencia, rendición de cuentas y ética pública, en momentos en que la adhesión de funcionarios nacionales al régimen de inocencia fiscal se convirtió en uno de los temas más discutidos del escenario político argentino.
Según la propia Di Tullio, el objetivo final es impedir que existan mecanismos que puedan interpretarse como herramientas de protección para quienes ejercen funciones públicas y garantizar que las normas tributarias no se conviertan en una vía para limitar controles o investigaciones futuras.
Otro proyecto pero en Diputados
La ofensiva legislativa contra el régimen de Inocencia Fiscal no se limita al Senado. En la Cámara de Diputados también apareció una propuesta que apunta en la misma dirección, aunque con una estrategia diferente.
El diputado nacional Esteban Paulón también presentó un proyecto para impedir que funcionarios públicos y sus familiares directos puedan acceder al mecanismo de regularización fiscal impulsado por el Gobierno. La iniciativa surgió luego de la controversia generada por la inscripción de Betina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, al régimen, una situación que reabrió el debate sobre los alcances de la norma y su eventual utilización por parte de personas vinculadas al poder político.
A diferencia de la propuesta de Juliana Di Tullio, que plantea la derogación completa del capítulo de la ley que regula el régimen, el proyecto de Paulón busca mantener la herramienta pero excluyendo expresamente a quienes ocupen cargos públicos y a su entorno familiar más cercano.
El texto incorpora además una cláusula preventiva: la prohibición alcanzaría también a quienes hayan asumido funciones estatales hasta dos años después de haberse adherido al sistema, con el objetivo de evitar maniobras destinadas a regularizar patrimonios antes de ingresar a la administración pública.
Según el legislador santafesino, la normativa vigente podría convertirse en una vía para blanquear fondos provenientes de delitos vinculados a la corrupción o a la administración pública. Por ese motivo, propone incorporar restricciones específicas para funcionarios y personas políticamente expuestas, tomando como referencia estándares internacionales en materia de transparencia y prevención del lavado de activos.
De esta manera, tanto el proyecto impulsado por Di Tullio como el presentado por Paulón coinciden en un punto central: impedir que quienes ejercen responsabilidades públicas puedan beneficiarse de mecanismos de regularización fiscal que, según sostienen, podrían debilitar los controles sobre el origen de los fondos y afectar la confianza ciudadana en las instituciones.
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