Finalmente, el Gobierno Nacional logró el miércoles (10/06) desactivar, al menos parcialmente, uno de los conflictos más sensibles de su gestión que tuvo nombre y apellido, "frente universitario". Tras semanas de negociaciones, la Casa Rosada alcanzó un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para actualizar salarios docentes y no docentes y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.
PAX PROVISORIA
La batalla con las universidades huele a victoria, pero no es tan así
Resolver salarios pone cierta calma en la batalla con las universidades, pero el foco de tensión ahora apunta a tribunales.
De la calle a los tribunales.
Sin embargo, el entendimiento no implica el cierre definitivo de la disputa. Los rectores confirmaron que mantendrán la ofensiva judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Poder Ejecutivo, actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.
Salarios y más fondos
La propuesta aceptada contempla una recomposición salarial total del 24,33% en dos tramos, un incremento del 21,33% que se aplicará en julio sobre los salarios vigentes y otro 3% adicional en octubre.
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Según trascendió, la actualización incorpora siete puntos pendientes de 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación parcial de la pérdida salarial acumulada hasta mayo de 2026.
El acuerdo incluye
- Un aumento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano.
- Una partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a hospitales universitarios, un reclamo impulsado especialmente por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
¿Victoria política?
En el oficialismo interpretan el resultado como una victoria política. Cerca del Gobierno consideran que lograron sostener su estrategia fiscal sin ceder más recursos de los previstos y que finalmente los rectores terminaron aceptando una propuesta que la administración Milei consideraba inamovible.
Desde hace semanas, funcionarios nacionales repetían que no existía margen para mejorar la oferta salarial y apostaban a que la necesidad financiera de las universidades terminaría forzando un entendimiento.
La firma del acuerdo parece haberles dado la razón, aunque la conflictividad permanece latente.
Batalla judicial
Los rectores ratificaron que continuarán reclamando la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada clave para garantizar recursos estables al sistema de educación superior.
La norma fue vetada por Javier Milei y su futuro quedó en manos de la Corte Suprema, que todavía no fijó una posición sobre uno de los conflictos institucionales más relevantes entre el Gobierno y las universidades.
¿Qué dijeron los gremios?
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) celebraron el acuerdo, aunque aclararon que no representa el final del reclamo.
En ese sentido, detallaron
La entidad destacó que el aumento del 21,33% impactará además sobre el cálculo del medio aguinaldo y consideró que se trata de “un avance importante”.
No obstante, advirtió que el objetivo es recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
Así, mientras la Casa Rosada celebra haber neutralizado un nuevo frente de conflicto, el sistema universitario deja en claro que la disputa de fondo todavía está lejos de concluir.
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