Cuando los desalojos de las tomas no se practican con celeridad los asentamientos se consolidan, como ocurrió en las adyacencias de una tosquera de La Matanza el domingo 14 de enero. Hubo disparos por parte de un grupo de sicarios y un saldo de cinco muertos y cinco heridos.
MASACRE DE GONZALEZ CATAN
La Matanza pidió liberar el predio pero la Justicia se negó
En una comunicación oficial, el Municipio de La Matanza aseguró que hace 2 años pidió el desalojo de la tosquera pero desde tribunales se dictó "no innovar"
15 de enero de 2024 - 20:17
El predio en disputa, donde se desató la feroz balacera, pertenece a dueños particulares quienes pidieron hace dos años en tribunales de la provincia de Buenos Aires que las tierras intrusadas fueran deshabitadas
Los jefes de la toma llamados "delegados", convocaron a varios sicarios para amedrentar a quienes habían pagado para participar de la ocupación en 2023.
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Al verse superados en numero, comenzaron a disparar y terminaron con la vida de cinco jóvenes cuyas edades oscilaban entre 16 y 29 años
Los "gatilleros" que ultimaron a cinco ciudadanos de nacionalidad boliviana querían sacar a varias familias que ocupan el lugar con precarias casillas. Aparentemente, sus jefes buscaban volver a vender las parcelas en un nuevo loteo irregular
Vecinos del lugar denunciaron la existencia de mafias que comercializan terrenos privados y venden luego en varias ocasiones los lotes con divisiones improvisadas.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien comenzó en diciembre su cuarto mandato, no hizo declaraciones públicas pero emitió el siguiente comunicado oficial.
"La tosquera abandonada fue usurpada hace dos años, circunstancia de la que el municipio tomó conocimiento por información policial y procedió a realizar la denuncia correspondiente en la Fiscalía Descentralizada N° 2 que en la actualidad a cargo del fiscal Gastón Duplaa. El Municipio repudia este salvaje hecho y acompaña con su Oficina de Asistencia a las Víctimas a los familiares de los fallecidos y de los heridos".
Se trata del hecho de violencia más grave ocurrido en décadas en un distrito que cuenta con casi dos millones de habitantes.
Los dos casos anteriores más relevantes fueron el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, en Ramos Mejía, en noviembre de 2021, y el crimen del colectivero Daniel Barrientos, en Virrey del Pino, en abril de 2023.