En Hollywood ya piensan en Juan Gasparini y el testigo C

Si Carlos Menem y su secretario, Ramón Hernández, utilizaron sus cuentas suizas para blanquear los 6 millones de dólares que les descubrieran repartidos en dos bancos de Ginebra y Zurich, y en tal eventualidad los condenaran a una módica contravención, como se estila en la Confederación Helvética, poco importa para los intereses de la República Argentina.

En esa perspectiva, les devolverían los fondos deducida la multa y el tema sería archivado.

Mas allá o mas acá del hipotético desenlace, lo que le interesa al Estado argentino es saber si la justicia de Ginebra va a notificar esas cuentas como elementos de prueba a los sumarios que instruyen en Buenos Aires los jueces Julio Speroni, Juan José Galeano y Norberto Oyarbide, que se ocupan de Menem y sus allegados por delitos de corrupción en conexión con la venta de armas a Croacia y Ecuador y con las atrocidades perpetradas al volar la AMIA.

Christine Junod, la juez de Ginebra que debe resolver exige signos inquietantes. Coincidiendo con el llamado de atención emitido recientemente por la Cámara Federal de Buenos Aires, ordenando profundizar la pesquisa en torno a la fortuna del ex-presidente, la Cancillería a resuelto mandatar un abogado que se persone en el procedimiento de Ginebra y defienda los intereses de la Nación.

En esa línea, el gobierno argentino seguiría los pasos de los recaudos tomados oportunamente por Filipinas y Nigeria, en cuanto a los tesoros de los dictadores Ferdinand Marcos y Sani Abacha.

El caso Menem se encuentra en un momento crucial. ¿Terminará en un coma vegetativo como los casos emblemáticos de corrupción que estallaran estos últimos años en Argentina, o el impulso que trata de imprimirle el flamante presidente Néstor Kirchner a las cuestiones judiciales conseguirá arrancarlo del letargo?

El futuro es incierto como enrevesados los tramites que se vienen acumulando. Las controversias y desencuentros no hallan solución.

Alegando que las comisiones rogatorias que pedían las cuentas de Menem desde 2001 estaban mal hechas, Suiza invitó a los jueces concernidos a una reunión en Berna el 7 y 8 de noviembre del año pasado, pero nadie aceptó el convite.

Declinaron viajar Julio Speroni, Juan José Galeano, Norberto Oyarbide, Jorge Ballestero y María Romilda Servini de Cubría.

Los tres primeros abocados a clarificar hechos vinculados directamente a Menem, los dos últimos por imputaciones contra colaboradores del ex-presidente.

El embajador argentino en Suiza, Guillermo González, quien se empleó a fondo para que la reunión se concretara, quedó desguarnecido ante las autoridades helvéticas, que bramaron de indignación. Desde entonces, los canales diplomáticos se hayan lastimados.

Los funcionarios federales dan la impresión de pasar factura. No se percibe ninguna gestión gubernamental suiza en Berna para destrabar lo que ocurre en Ginebra con un procedimiento, presuntamente condenado a morir de inanición.

Sin esperar a ese malogrado cónclave, el 28 de octubre de 2002, la juez Junod aceptó examinar si correspondía comunicar algún dato de las cuentas de Menem 'exclusivamente' si se encontraran informaciones bancarias que estuvieran relacionadas con el atentado de la AMIA.

De ese modo rechazó averiguar lo que contenían las demás solicitudes provenientes de la Argentina, que reivindican les entreguen las cuentas de Menem y Hernández para indagar si existen lazos con el comercio y contrabando de armas, el enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y/o tráfico de influencias.

Suponiendo que Suiza tuviera razón que las comisiones rogatorias enviadas desde la Argentina estaban plagadas de faltas, ese argumento no la habilita a desligarse de sus obligaciones para con cualquier país del mundo previstas en su propia ley interna, penalizando las solicitudes que le han sido sometidas descartando satisfacerlas por equivocaciones ciertas o supuestas.

En ese contexto conviene recordar que a partir de las criticas formuladas, dadas a conocer el 27 agosto de 2002 por un comunicado de la Oficina Federal de Justicia y de la Embajada de Suiza en Buenos Aires, menos Ballestero y Servini de Cubría, los otros tres jueces involucrados, es decir Galeano, Oyarbide y Speroni, remitieron complementos de sus comisiones rogatorias con el objeto de remediar lo que pudo adolecer de error u omisión en sus encargos originales. Que se sepa, Junod no modificó su posición.

El meollo de su negativa radica en que uno de los delitos más importantes invocados por la Argentina es el de enriquecimiento ilícito y que esta infracción no figura en el Código Penal suizo.

Su ausencia provoca que no se respete el principio de la doble incriminación, imprescindible para acoger una petición de ayuda judicial.

Dicho principio establece que el delito esgrimido por el juez requiriente debe encontrarse en el cuerpo legal del Estado del juez requerido, para que sobre esa base se pueda atender la demanda.

Es cierto que el enriquecimiento ilícito no integra o ha ido desapareciendo de muchos códigos penales con la evolución de la legislación, imponiéndose la concepción que hace hincapié en delitos anteriores que debieron cometerse para enriquecerse ilícitamente, considerándolo más bien una consecuencia que un delito en si.

Es probable que la Argentina se encuentre retrasada al respecto y deba reformar en ese sentido.

Sin embargo, también es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Federal de Suiza, equivalente a la Corte Suprema en la Argentina, dictamina que el juez que tenga que pronunciarse no está determinado por la tipificación que le hace llegar su colega extranjero y que en base a los hechos que le comunican, puede acomodarse a su propia legislación y calificar distinto, para de tal manera compaginar con la doble incriminación y responder al suplicatorio del exterior enviando las pruebas.

En los avatares que conciernen a Menem y Hernández, el enriquecimiento ilícito planteado por Buenos Aires podría encontrar equivalente en la corrupción, definida por el artículo 322 y sus especificidades, que se leen en el título 19 del Código Penal suizo.

La juez Junod no parece razonar de esta manera. De la media docena de exhortos trasmitidos de Buenos Aires, de dos años a esta parte, lo único que retuvo es que el 18 de julio de 1994 destruyeron la AMIA con explosivos, ocasionando muertos y heridos, y que es de recibo buscar en las cuentas de Menem y Hernández si hay algún indicio que pudiera esclarecer esa atrocidad.

¿Tan difícil es comprender paralelamente que esas dos personas, presidente de un país en el momento de los acontecimientos de marras, y su secretario privado, no quieren ni pueden justificar 6 millones de dólares en esas cuentas, abiertas y mantenidas al margen de la ley argentina, y a todas luces presumiblemente alimentadas por el desvió de fondos públicos y/o nutridas de sobornos pagados por fuerzas corrompedoras?

¿No merecen los extractos de esas cuentas ser conocidos por la justicia argentina que se los está reclamando desde hace dos años?.

No obstante que la ley la autoriza a informar a la opinión pública sobre la marcha de un sumario de impacto social, la juez Junod no quiere entrar en detalles.

Hacía declaraciones pormenorizadas en la época en que criticaba a sus colegas argentinos cuando sus exhortos le disgustaban. Se llama a silencio ahora que tiene que decidir. Está en su derecho.

El sacrosanto secreto del sumario y sus vainas dan pie para que calle como para que uno de sus dos predecesores en el sumario, Claude François Wenger, dicte comunicados a la prensa y salga en directo por radio en Buenos Aires. Lo humillante sería que hubiera decidido plegarse a la idea que la justicia es un asunto para entendidos y que los terráqueos de a pie no deben saber porque no van a entender.

Por cierto su actitud atrae la atención a la luz de sus últimas medidas, al menos las conocidas tras laboriosas requisitorias por el periodismo gracias al vocero de la Oficina Federal de Justicia, Folco Galli.

Desde el 6 de diciembre de 2001 el juez Galeano le viene insistiendo que haga venir a Ginebra a Abolghasem Mesbahi, alias el 'testigo C', un ex-agente iraní refugiado en Alemania, para que cumpla con su ofrecimiento, formulado desde 1998 por vía judicial.

Esta persona propone identificar a un banco ubicado en el centro de la ciudad 'a 200 metros del Hotel du Rhône', en cuya puerta leyó personalmente la palabra 'Luxemburgo', un establecimiento que abrigaría una cuenta perteneciente a altos dignatarios del régimen islamista imperante en Irán, desde la cual se habrían financiado las operaciones terroristas organizadas por los sicarios del integrismo homicida de los ayatollas, unas 450 a caballo de las décadas de los '80 y '90, cuanta desde la cual se habría también pagado una coima de 10 millones de dólares a Carlos Menem, para que no se responsabilizara a Irán de la demolición sangrienta de la AMIA.

En febrero de 2003 Junod envió una delegación policial a Alemania para interrogarlo.

¿Pudo C localizar el banco?. No se sabe.

¿Le llevaron fotos o videos de las fachadas de los bancos susceptibles para que procediera a señalarlo? Tampoco se sabe.

¿Por qué no lo trajeron a Ginebra cuando él ofrecía guiar a los magistrados en el dédalo urbano? A la luz de otras revelaciones efectuadas por el 'testigo C', que hacen a su oscuro pasado en esta ciudad durante los años '80, como se puede leer en su resumen biográfico que se acompaña, es posible imaginar una respuesta.

Por lo pronto, el juez Galeano parece decidido a terminar con este episodio pues acaba de exigir por vía diplomática que Suiza le de una respuesta.

No solo sobre el testimonio de Mesbahi. También sobre su requerimiento que se investigara a un banco que podría ser el indicado por el 'testigo C', el Banco Degroof-Luxemburgo, domiciliado en el radio trazado por el ex-agente iraní en derredor del Hotel du Rhône.

Es factible que Galeano se lleve dos sorpresas. Si son ciertas las declaraciones efectuadas por Claude Roessli, el portavoz del banco, 'aquí no hay cuentas de funcionarios iraníes ni de Menem', subrayando que la juez Junod nunca tomó contacto con ellos. 'Nosotros seguimos este asunto por la prensa', abrevió por teléfono a este cronista hace varios días, y colgó.

# La biografía de Abolghasem Mesbahi

Lo esperaban en Buenos Aires el 7 de julio pasado para que compareciera en el juicio de la AMIA pero su declaración fue postergada por razones de seguridad.

Declarará por videoconferencia en una fecha antes de fin de año, un acto que será validado por la presencia de un juez alemán, de modo que sus dichos tengan valor de prueba ante el Tribunal Oral argentino.

Poco se sabe sobre él. Documentos oficiales alemanes y suizos que recogen interrogatorios efectuados en 1996 y 1997, desconocidos hasta hoy, trazan una cinematográfica silueta del 'testigo C'.

Nacido el 17 de diciembre de 1957 en Teheran, Abolghasem Mesbahi estudió teología en la celebre universidad de Quom. En febrero de 1979, a punto de convertirse en imam, lo pescó la revolución islámica liderada por el ayatolla Jomeini, quien lo designó jefe del campo de detención de Dschamschidieh, cerca de Teherán, reservado para los responsables militares de la dictadura depuesta del Sha Reza Pahlevi. Pero aquella función fue temporaria.

En agosto de 1979, Mesbahi es nombrado número dos de la embajada en París, a cargo de las tareas de inteligencia.

Expulsado de Francia en 1984 por su labor de espionaje, retorna pocas semanas después a Alemania en sus nuevas funciones de coordinador de los servicios secretos en Europa Occidental, bajo las ordenes directas del primer ministro, Hussein Musawi.

Para dotarse de una cobertura e infiltrar a los sectores de la oposición a la dictadura, Mesbahi se inscribe en la Universidad de Ginebra para hacer un doctorado en ciencias políticas con el renombrado profesor Jean Ziegler, actual relator especial de la ONU para la alimentación.

En virtud de lo ocurrido en Francia y del tenor de sus actividades, en uno de sus pasajes por el aeropuerto de Ginebra a principio de 1987 es interrogado por Leon Jobé, oficial de policía, con quien forja un acuerdo: a cambio que lo dejen circular libremente, promete por escrito que no emprendería actos terroristas en Suiza.

# La Vevak

Entre septiembre y octubre de 1985, la cúpula de los mollah había convocado a unos 40 de sus dirigentes para poner en marcha la Vevak, equivalente de la CIA en Irán.

Mesbahi participa de la comisión de fundación y se enrola en una de las dos corrientes que se disputan el control, la que plantea limitar las diligencias a la colecta y análisis de información.

Sin embargo, sus adversarios vinculados a los Pasdaran (guardianes de la Revolución) imponen una estrategia que abarca también la ejecución de opositores en el exterior y perpetrar atentados, ubicando en la jefatura a Ali Fallahijan, quien con el tiempo se convertirá en Ministro de los Servicios de Información y Asuntos de Seguridad, famoso a raíz los pedidos de captura internacional lanzados en su contra desde Alemania y la Argentina por haber presuntamente ordenado las dos operaciones de castigo más espectaculares del régimen: liquidar en Berlín a la conducción de los independentistas kurdos de Irán, el 17 de septiembre de 1992, y aniquilar la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), el 18 de julio de 1994 (86 muertos y 120 heridos).

Mesbahi cuenta que abandona la Vevak en febrero de 1986 y consigue un puesto en el ministerio de relaciones exteriores, de donde en marzo de 1987 lo rescata el presidente del parlamento, Hashemi Rafsanjani, quien lo mandata como negociador con Alemania, Francia y los Estados Unidos para la liberación de rehenes en el Líbano, secuestros instigados por Iran y realizados por el Hezbolla.

La mayoría de las tratativas se llevan a cabo desde Ginebra, con la anuencia del policía Jobé y el consentimiento de Rafsanjani. Pretende que sus interlocutores no eran otros que (François) Mitterrand y (Jacques) Chirac en Francia, (George H.) Bush, (Ronald) Reagan y (James) Carter en USA, Vogel, Koshnik y Eppler en Alemania.

Uno de los hoteles que mas usaba para pernoctar en sus desplazamientos y en el que celebraba encuentros fue el Hotel du Rhône de Ginebra, y la cuenta para pagar sus gastos e informantes era la misma de la que habría cobrado Menem.

Inesperadamente los vientos cambian para Mesbahi en noviembre de 1988. Relata que lo detienen cuando vuelve de una misión ante el ex-presidente James Carter, de quien trae dos cartas, una para Jomeini y otra para Rafsanjani.

Dice que es acusado de traición sin proceso judicial alguno. Lo encarcelan 120 días y luego lo asignan a residencia con su familia, mujer e hijos. Le conceden la liberación el 20 de marzo de 1989 y puede volcarse a la actividad privada y a la enseñanza en la Universidad de Teherán.

El Vevak lo controla y le impide retornar a funciones oficiales, tolerando no obstante que siga frecuentando algunos de sus conocidos del aparato del Estado. En febrero de 1996, repentinamente, uno de ellos le avisa que, '¡admitió tu ejecución!'. ¿Quien?, pregunta. Respuesta: Ali Khamenei, entonces jefe del 'Comité para asuntos especiales' que aprueba los asesinatos en el extranjero, poco más tarde 'guía supremo de la Revolución', sucesor de Jomeini.

El 6 de abril de 1996 es la fecha que Mesbahi escapa por la frontera con Pakistan. Tarda 12 días en llegar a la ciudad de Koweite, de donde telefonea a su contacto de Ginebra, Leon Jobé, para darle una noticia preocupante: hay una mujer topo en la policía que trabaja para Irán.

El 22 de abril siguiente llama a un conocido en Alemania que lo conecta con el ex-presidente de Iran, Abol Hassan Bani Sadr, exilado en París tras haber sido apartado por un 'putch' interno digitado por Jomeini en 1981, quien le consigue que lo acojan como refugiado en Alemania.

# Los rasgos de Tansu Ciller

Ante la fiscalía de Karlsruhe, en Alemania, Mesbahi efectúa dos declaraciones en septiembre y diciembre de 1996, cuyo contenido es trasmitido a las autoridades judiciales helvéticas.

Detalla que por dos vías distintas, un antiguo colega en sus aventuras de Francia, Mahmoud Rajabi, y Said Emani, un compañero de viajes en misiones a Suiza, supo y vio una foto correspondiente a una mujer policía de Ginebra, que colaboraba con Irán, la cual habría aportado indicios que permitieron el asesinato en Ginebra, de Kazem Radjavi, un profesor universitario iraní, opositor a la dictadura integrista, abatido el 24 de abril de 1990.

El 'testigo C' anticipó que el retrato de la informante se asemejaba al de la ministra de relaciones exteriores turca, Tansu Ciller, y cuando le mostraron varias instantáneas de mujeres que podrían ser la verdadera topo no dudo en identificar una de Françoise Spindler, oficial de policía en Ginebra, secretaria y amante del jefe de la policía local en aquella fecha, Jean Robert Warynsky.

Alertada Carla del Ponte en febrero de 1997, para esa fecha Procuradora General de Suiza antes de pasar a cumplir similares funciones ante el Tribunal para la ex-Yugoslavia y Ruanda, se puso a indagar.

Descubrió que en 1994, afectada a las oficinas de seguridad del aeropuerto de Ginebra, Françoise Spindler asumió el caso de un candidato al asilo en Suiza de origen iraní, Fereidoun Ilkhan Bakhtiari, con quien terminó contrayendo matrimonio en 1995.

Inmediatamente las escuchas telefónicas pusieron de manifiesto que la interesada había adelantado su demisión a la policía para septiembre de 1997, con el plan de ir a instalarse con su marido a Irán, a donde habían ido de visita en 1996.

Detenida con su esposo en junio de 1997 durante dos días, finalmente se le propuso que se quedara en Ginebra, lo que ella aceptó retirando su propuesta de renuncia. En el año 2000 le dictaron una falta de mérito, sin que por ello la justicia haya abandonado la convicción que existió un 'topo' en la policía de Ginebra que trabajó para Irán.

La agente Spindeler continua hoy en la policía de Ginebra, donde ha sido promocionada. En cambio, León Jobé, fue separado de la institución.

# El restaurante Mykonos

La operación que acabó con Kazem Radjavi el 24 de abril de 1990, en las afueras de Ginebra, fue llevada a cabo por un equipo de la Vevak, cuyos integrantes fueron identificados por la justicia suiza, quienes lograron huir munidos con pasaportes iraníes falsos.

El 'testigo C' contribuyó con sus declaraciones completando el currículo de varios homicidas y añadiendo que la decisión de eliminar a Radjavi había sido tomada por Rafsandjani cuando asumiera la presidencia de la República, quien delegara su ejecución en Ali Fallahijan, su ministro de información y seguridad.

La misma cadena de mando decidió despachar a la dirección del Partido Democrático del Kurdistan de Irán, invitada a una reunión de la Internacional Socialista en Berlín, del 14 al 18 de septiembre de 1992.

El escarmiento fue anunciado pocos días antes en la televisión iraní por Ali Fallahijan en un sulfuroso discurso.

A las 22:50 horas de aquel 17 de septiembre, fueron muertos a balazos en el restaurante Mykonos de Berlin los kurdos iranies Sadegh Charafkandi, Fattah Abdoli, Homayoun Ardalan y Mahamadpour Dehkordi, dejando herido a Tabib Ghaffari, administrador del restaurante.

Las impresiones digitales en una de las armas abandonadas en el lugar del crimen permitieron identificar y detener a uno de los autores, el libanés Abbas Rhayel, abriendo la pista para capturar a otro libanés, Youssef Amin, cuyas confesiones condujeron al arresto del iraní Kazem Darabi.

El juicio tuvo sentencia definitiva el 10 de abril de 1997. Concluyó con la identificación del resto del grupo, pronunciando duras condenas.

El 'testigo C' fue una pieza clave para coronar la reconstrucción de los bárbaros acontecimientos. La culpabilidad de Ali Fallahijan, establecida por el tribunal como quien teledirigió la operación desde Teherán, significó la primera sanción penal por hechos de sangre en Occidente tomada contra el Estado de Irán.

Casada con un alto cargo de la policía local, con 13 años de experiencia en tribunales, Christine Junod, es la tercera magistrada designada para llevar el sumario Menem a su término.

Uno de sus dos predecesores, Claude François Wenger, lo dejó por haber estado casado con una ciudadana argentina 'muy militante', coincidieron fuentes judiciales al producirse el relevo.

Al otro, Paul Perraudin, lo trasladaron de jurisdicción. En horas donde la gargarización sobre lucha mundial antiterrorista desestabiliza a muchos dirigentes occidentales, la juez tiene una incógnita a dilucidar que atañe al comportamiento del sistema financiero helvético, vapuleado por sus complicidades para con el dinero sucio de los nazis y las dictaduras: ¿existió o existe aún en un banco de Ginebra una cuenta que llegó a tener US$ 200 millones de saldo para financiar alrededor de 450 operaciones terroristas patrocinadas por los extremistas musulmanes que dominan Irán, desde la cual se corrompió asimismo con US$ 10 millones a Carlos Menem?

-----------------------

(*) Desde Ginebra, especial para ARGENPRESS.info/
Juan Gasparini es periodista y escritor, su último libro es Mujeres de Dictadores', de Editorial Península, 2002.