Cuando acabaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

La cronología:

Raúl Alfonsín fue el 1er. Presidente argentino en el regreso de la democracia luego del "Proceso de Reorganización Nacional". En aquel entonces, y pese a la derrota en la Guerra de Malvinas, las Fuerzas Armadas conservaban cierta capacidad de ejercer presión.

Con el regreso de la democracia, ocurrieron múltiples denuncias, y el propio Alfonsín promovió la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), cuyas conclusiones (Doctrina de los 2 Demonios) no resultaron satisfactorias para los extremistas de ambos lados (en el caso de los uniformados, promoverían las acciones 'carapintadas', y en el caso de la izquierda neorevolucionaria se vengarían en los días K).

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En el interín, como ministro de Defensa, Raúl Borrás, prometió a los militares que luego de 1 año habría una resolución de los juicios que pululaban. En ese año, Borrás murió y llegó Roque Carranza, pero la situación desbordó las previsiones de Alfonsín, quien reveló que debió actuar "de acuerdo a la ética de responsabilidad y no a sus convicciones", y que más allá de todo "estuvo orgulloso de haber logrado la democratización de Argentina".

Entre tensiones casi cotidianas, Alfonsín fue presionado a impulsar 2 leyes que resultan de alguna manera complementarias, y la 2da. fue consecuencia de que la 1ra. era insuficiente para los reclamos militares.

Punto Final: Esta ley estableció la prescripción de la acción penal contra los imputados como autores de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas (detenciones ilegales, torturas y asesinatos) que no hubieran sido llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley": diciembre 1986.

Obediencia Debida: Esta ley declaró no punibles los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas (excepto la apropiación de menores y/o de inmuebles de desaparecidos) cuyo grado estuviera por debajo de coronel durante el Terrorismo de Estado y la dictadura militar, ya que habían actuado en cumplimiento de su deber, siguiendo las órdenes de arriba: junio 1987.

A decir verdad, de los 4 levantamientos 'carapintadas', sólo 1 fue explícitamente por los juicios (el 1ro.) y los otros 3 tuvieron que ver con temas de política castrense.

Menem ordenó, en octubre de 1989, un indulto para 277 personas, entre ellas militares acusados de crímenes de lesa humanidad y dirigentes de grupos guerrilleros que actuaron en la década de los ‘70.

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La izquierda neorevolucionaria (Madres de Plaza de Mayo en sus varias vertientes, Abuelas, HIJOS, etc.) cuestionó los indultos a los militares (terrorismo de Estado, según ellos) pero no los indultos a quienes eran jefes del terrorismo privado (Montoneros, etc.).

En diciembre de 1990 ocurrió otro indulto más, beneficiando a los mandos de las Juntas Militares: Jorge Videla, Roberto Viola, su archienemigo Emilio Massera, etc.

Menem sostenía que en algún momento de la historia había que dar vuelta la página, algo que no ha ocurrido en los recientes 15 años K.

Las "leyes del perdón" despenalizaron y eximieron de juicios a unos 1.180 militares, policías y civiles que participaron de la represión, hasta que en 2001, a menos de 3 semanas para que se cumplieran 25 años del golpe militar, el entonces juez federal Gabriel Cavallo, nominado por Menem en 1995, falló a favor de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Cavallo firmó un fallo de más de 180 carillas reclamando la nulidad de las leyes sancionadas en 1986 y 1987.

Dicho fallo fue firmado 1 día después de que el radical José Horacio Jaunarena volviera a ocupar su cargo como ministro de Defensa, habiendo ocupado el mismo cargo entre 1986 y 1989.

Aquel fallo de Cavallo (hoy día en el sector privado, con un notable desempeño en la demostración que hizo la familia Noble Herrera de que los hijos de Ernestina, fallecida accionista del diario Clarín, no habían sido adoptados de padres detenidos-desaparecidos, tal como querían demostrar los K y Abuelas de Plaza de Mayo), le concedió al ex columnista del diario Página/12, ex montonero y titular del CELS, Horacio Verbitsky, un gran predicamento en esa corriente social y política que apoyó a los Kirchner.

Gabriel Cavallo y el 'caso Poblete'

Dado que la Constitución establece que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito", la nulidad absoluta de ambas leyes, declarada finalmente por la Corte Suprema en junio de 2005, no afectaría a quienes ya habían recibido una sentencia, como los ex comandantes luego indultados. Pero ese tampoco era el fin.

Cavallo declaró “inválidas, inconstitucionales y nulas” las leyes del perdón por “ser incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la Declaración Americana de Derechos Humanos”, en su objetivo de resolución del 'caso Poblete'.

El fallo, "histórico" y "más importante de su vida" para Cavallo, reactivó numerosas causas, pero la principal fue la desaparición del matrimonio Poblete/Hlaczik y la apropiación de la menor, Claudia Poblete.

Aquel 06/03/2001, Cavallo citó a indagatoria a los policías federales Julio Simón, conocido como 'el Turco Julián', y Juan del Cerro, apodado 'Colores'.

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El juez federal explicó que adoptó esa resolución porque las leyes impedían que se avanzara en la causa donde ya había suficiente prueba reunida contra los imputados. Estalló la polémica.

Alfonsín y Jaunarena dieron su opinión y defendieron las 2 leyes como constitucionales, ya que habían sido aprobadas por el Congreso de la Nación.

Los voceros del Ejército señalaron que, si bien las militares respetan a la Justicia, entienden que el caso debía ser dirimido en una instancia política. Los militares ya estaban 'licuados' y carecían del lobbying necesario en esa supuesta instancia.