Los Macri ponen en venta Sideco y Natal pasa al frente en Gral. Paz y Panamericana

Hoy en día SIDECO AMERICANA (nombre con el que se conoce al grupo en la actualidad) desarrolla (según su propio sitio web) "una amplia gama de actividades tanto en Argentina como en toda América Latina", vinculadas principalmente con la ingeniería y construcciones, desarrollos inmobiliarios, concesiones y servicios públicos.

SIDECO introdujo el sistema de telefonía celular en Argentina y además es el grupo argentino "con mayor nivel de diversificación productiva, desde industrialización de productos básicos, como agroindustria y minería hasta servicios informáticos y transmisión de energía".

En la actualidad, SIDECO cuenta con sedes en seis países de Sudamérica: Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Colombia y Brasil, sumado a una nueva sede en China que es el fruto de la sociedad que estableciera Francisco Macri entre el grupo e inversionistas del país asiático.

Ahora bien, la familia del presidente Mauricio Macri propuso desligarse de esa compañía que se encuentra bajo investigación por los Panama Papers.

Entre los negocios que dejaría de lado, se encuentra el 7% de la concesión de Autopistas del Sol (AuSol), y quien ya se anotó es Natal Inversiones, que compró el porcentaje de Dycasa (5,83) y va por el 5,72% de ACS, grupo español controlante de Dycasa; todo por $70 millones. Si este esquema se da a la perfección, Natal Inversiones se hará cargo del 11,55% de Ausol, quedando como el tercer accionista, por encima de Sideco.

Según El Cronista, en la actualidad, la sociedad que tiene a cargo la concesión de la ruta Panamericana; el Acceso Norte y la Avenida General Paz está compuesta por Abertis (31,59%); Impregilo (19,82%); Sideco (7%); Dycasa (5,83%) y ACS (5,72%).

Pero ojo al piojo, porque toda esta nueva estructura implica también un golpe al bolsillo del usuario, ya que está previsto reconfigurar las tarifas en los peajes.

Peligro de derrumbre del Palacio Roccatagliata

Desde Natal Inversiones agradecen el cambio de rumbo político a nivel nacional, lo cual les abrió la puerta para estas nuevas concesiones.

Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires ya tenía sus vículos con el gobierno que hoy encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Uno de ellos tiene que ver con el emprendimiento inmobiliario que incluye el centenario Palacio Roccatagliata, ubicado en la avenida Balbín y Roosevelt, pleno barrio porteño de Coghlan.

Pero este negocio hoy se encuentra bajo la lupa por la Justicia porteña y el legislador Gustavo Vera. Es que el 22 de noviembre, un fallo del juez Osvaldo Otheguy dio lugar a una medida cautelar presentada por el diputado, en la que se pedía la anulación del permiso de obra otorgado por el GCBA.

El pedido, según Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de Vera, está fundamentado en una serie de irregularidades: “El proyecto viola el Código de Planeamiento Urbano (CPU), ya que afecta al bien patrimonial con dos torres que ‘invaden’ el área de proximidad. Además, ocupa el pulmón de manzana y tiene el doble de la altura permitida, entre otras anomalías".

La decisión del juez Otheguy reconoce que hay motivos para profundizar en las cuestiones planteadas en la medida interpuesta por el legislador porteño. Una de ellas, la más importante, es la que esgrime que el GCBA se excedió en su autoridad para dar permiso a una obra de gran envergadura que debería haberse analizado en el marco de la Legislatura. La cuestión de fondo se resolverá en el mismo juzgado y hasta tanto, las obras serán paralizadas, según informa Clarín.

“En 2014 lo que determinó la justicia fue que no podía frenar una obra que no conocía, porque aún no se habían presentado los planos. Ésta es la primera vez que se cuestiona el permiso de obra”, dice Baldiviezo.

“En principio, pone en peligro de derrumbe el palacio, al cual dice proteger. También deja sin trabajo y con futuro incierto a cientos de obreros y en una situación de vulnerabilidad a 250 inversionistas, que contaban con que su emprendimiento estaba -como dictaminó la justicia en su momento- dentro de los parámetros de la ley”, se quejan desde la compañía desarrolladora.

Ante esto, los abogados Gonzalo Permuy y Gabriel Iezzi tienen planeado arremter contra Vera, apelando la demanda y denunciando al juez Otheguy ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, ya que entienden que el planteo de Vera debería haberse resuelto en un juicio ordinario y no vía una medida cautelar.

En tanto, Baldiviezo entiende que esto se llega gracias a la inoperancia de las constructoras: “Muchos emprendimientos se hacen ilegítimamente porque hay una complicidad entre el gobierno, las empresas y las inmobiliarias. Si no hay seguridad jurídica en estos casos, es porque las mismas desarrolladoras se someten a ese riesgo”.