La mitad de empresas no echará gente pero vigila la nómina salarial

Pero ahora que los gremios están en pie de guerra para reabrir paritarias por el devastador efecto que tuvo la inflación en el primer semestre, en las empresas cunde la preocupación por cómo evolucione el costo salarial, que de este modo pasó a ser el segundo factor que mencionan, detrás de la inflación (70% de menciones), como amenaza al clima de negocios en el relevamiento que realizó BDO Argentina, con el 58% de respuestas positivas; le siguen los cambios regulatorios (44%) y aumento del tipo de cambio (43%).

El 62% ponderó el incremento salarial nominal aplicable para este año en 30%, pero el promedio de los encuestados espera un deterioro del salario real.

Un 69% de las compañías otorgan los aumentos en dos tramos salariales, uno en cada semestre; mientras que un 30% lo divide en tres partes, y apenas un 1% en una sola vez.

La foto del día da que 9 de los 21 principales gremios acordaron una pauta de incremento por un período de seis meses y que el porcentaje promedio fue de 20,67% mientras que para los pocos que cerraron una pauta única (de 12 meses) se fijó 33,67%. El año pasado, el porcentaje promedio de incremento de los 22 principales gremios había sido del 31,44%.

Condicionamientos

La interacción de las variables cantidad de gente y plantilla salarial que componen el costo de la mano de obra es la que condiciona las expectativas de empleo para lo que resta de 2016.

Pero un relevamiento de la consultora HuCap entre más de 150 compañías de diferentes rubros confirma lo que puertas adentro de las empresas es vox populi: que mientras los sueldos del lado del personal sujeto a negociaciones colectivas se arreglaron con alzas entre el 29 y el 38% para los que acordaron una pauta única de 12 meses, el porcentaje promedio aplicado a los que están fuera de convenio anduvo en torno del 32,7%. Es decir que la diferencia entre lo que cobra un jefe y un subordinado se encuentra en torno del 13%, cuando lo que se estila parte del 20 al 25% en base a las estructuras salariales, funciones y responsabilidades de estos niveles.

En el argot de las RRHH a este gap se lo conoce como solapamiento y suele convertirse en variable de ajuste para las empresas cuando atraviesan períodos de pérdida de rentabilidad. La política que se pone en práctica desde la alta dirección consiste en dar aumentos selectivos entre los jerárquicos y, en muchos casos, reestructurar las gerencias para simplificar cargos ejecutivos.

A este procedimiento se lo denomina achatamiento de la pirámide salarial y es el que, indirectamente, admite estar haciéndolo o que planean hacerlo mediante las correcciones salariales en el 76% de las empresas relevadas por HuCap.

Las empresas, según el relevamiento, consideran que la diferencia porcentual mínima que debería haber entre el personal de convenio y su supervisor inmediato fuera de convenio, debería ser de entre 20% y 25% promedio, en lugar del 13,3% en que está actualmente.

Se considera que la brecha entre la primera línea de supervisión y el personal convencionado tiene que estar en el 19,5%.

Otro dato negativo para los bolsillos de los ejecutivos y directivos es que en sus proyecciones para el pago de "bonus" 2016, el 24% de las compañías manifestó que planea rever su política y montos –tendientes a la baja– por el escenario económico y el contexto internacional.

Somos todos los que quedamos

El lápiz rojo en la plantilla de jefes y ejecutivos ha sido una clásica alternativa administrativa al achicamiento de la nómina y por eso es que la mitad del centenar de líderes empresarios de medianas y grandes empresas, de capitales nacionales y extranjeros, que facturan unos 360 mil millones en total, respondió a un relevamiento de opinión realizado por la División Finanzas Corporativas de BDO Argentina que no variará su dotación de personal durante 2016, mientras que un 24% señaló que disminuirá algo y un 22% dijo que aumentará.

De acuerdo con el Sondeo de Expectativas de Líderes Corporativos (SELC), ante la pregunta sobre qué espera que ocurra con el nivel de ocupación de su capacidad instalada, el 40% indicó que no variará, contra un 34% que dijo que aumentará.

En cuanto a las inversiones en la ampliación de capacidad o incorporación de equipos o vehículos, el 28% considera que posiblemente se realicen inversiones en los próximos meses, siendo esta inversión un 47.7% en renovación de equipos y vehículos, un 27.3% en ampliación de capacidad y un 18.2% en tecnología.

Ante la posibilidad de incorporar nuevos productos o servicios, el 35.5% adujo que es una posibilidad, mientras que el 25.5% no prevé inversiones de este tipo. A la hora de indicar los motivos que influyen en las decisiones para invertir, el 69% plantea las perspectivas de negocio como variante primera y luego las condiciones del mercado, con un 56%.

No figura la gestión de Recursos Humanos entre las prioridades expresadas como desafíos para este año, ya que ocupó el cuarto lugar, con un 12% de respuestas. Primero están el Manejo de flujo de caja (28%) y responder a los desafíos de la competencia (23%).

La disparidad de decisiones declaradas por los encuestados obedece a que el zapato no apretó por igual en todos los sectores, por un lado, y que en muchos casos las organizaciones ya acomodaron su plantilla de personal en el primer semestre.

Esta conclusión no surgió de la encuesta, sino que se la reveló al diario La Nación el subsecretario de Programación Técnica y Estudios laborales del Ministerio de Trabajo, José Anchorena, al afirmar: “Hay una caída del empleo y queríamos que eso se empiece a difundir”.

El punto de partida de este nuevo equilibrio laboral se ubica en febrero, cuando los datos del SIPA habían mostrado un incremento de 28.572 trabajadores con respecto al mismo mes de 2015. Y en marzo, el número era de 10.383 nuevos puestos.

De ahí en adelante la cantidad fue descendiendo, con la industria manufacturera, por ejemplo la automotriz y de autopartes, marcando la tendencia, al registrar 18.071 trabajadores menos en abril de 2016 contra el mismo mes de 2015.

La construcción resultó el otro rubro perjudicado, pero porque no arrancó la obra pública. Hubo 48.325 puestos de trabajo menos. La mejoría no llegó luego de atravesarse los que, probablemente los dos meses más difíciles del año, mayo y abril. Se cruzó la línea del primer semestre y tampoco reaccionan los indicadores, que esperan por el Procrear, las inversiones estatales en las provincias y por el efecto del blanqueo que recogerán los desarrolladores inmobiliarios.

Protesta unificada

Mientras las CGT´s incuban el paro general unificado en señal de protesta por el ajuste económico, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se remonta a la historia: “Se sigue en una meseta, sobre todo el sector privado, que no crece hace cinco años. Venimos de varios meses sin inversión ni pagar la obra pública y eso golpeó al sector de la construcción y a las industrias asociadas. En abril impactó la discusión de la ley de doble indemnización que dio los números para abajo. En mayo mejoró un poquito. Y hay otro desafío de fondo: 4.500.000 trabajadores que están en la informalidad”.

La reaparición del índice de desocupación elaborado por la nueva gestión en INdEC no le llevó buenas noticias al gobierno al respecto. El 9,3% que le dio para el segundo trimestre estuvo muy por encima de la última cifra difundida por el organismo en el tercer trimestre del año anterior, cuando estaba intervenido por Guillermo Moreno, que arrojó 5,9%.

Los datos aportados por el organismo dieron que la desocupación más alta fue en Gran Rosario (11,7%), Mar del Plata (11,6%), Córdoba (11,2%) y partidos de Gran Buenos Aires (11,2%), mientras en el extremo opuesto se ubicó Comodoro Rivadavia (2,4%). Las grandes ciudades y sus periferias fueron donde más se sintió, en consecuencia, la transferencia de ingresos inaugural de gestión determinada por el gobierno de Mauricio Macri.