ARANGUREN, UN MINISTRO EN PROBLEMAS

Crece la oscuridad del 2do. semestre energético

"El 2do. semestre del año, al menos en materia energética, no está insinuando el despegue argentino", afirma el consultor en termas energéticos Ricardo Molina. Y agrega: "Por el contrario, estamos retrocediendo y minando mucho más el camino de la salida racional que todos esperamos. Este camino no conduce a consolidar reglas de mercado compatibles con el mundo, a crear incentivos correctos para atraer inversiones de riesgo al sector ni a regularizar la situación respetando las leyes fundamentales, los marcos regulatorios ni los compromisos políticos asumidos antes de las elecciones." Lo interesante es conocer cómo es que llegó a esta conclusión:

por RICARDO MOLINA

Mientras que Tinelli, la AFA, las valijas y las monjas, y las expectativas de un blanqueo “mágico” de capitales que resolverá todos nuestros problemas, son los temas que atraen la principal atención de los medios periodísticos y de la sociedad, en el mundo energético siguen ocurriendo cosas que nadie parece advertir y por lo tanto, nadie se ve obligado a explicar.

Los subsidios energéticos

El problema de las tarifas energéticas fue “judicializado” por decisión del gobierno, intentando transferir a los jueces la resolución de una cuestión técnico-política que únicamente les corresponde a los funcionarios designados en el Ejecutivo. Mientras tanto, los subsidios a la energía, estimados por los expertos para todo el año 2016, orillarán los US$ 10.000 millones, agregando 2% del PBI al déficit fiscal.

Por ahora, la única idea que surgió fue limitar el monto de la factura total del gas a un 400% (ó 500% si se trata de un comercio) del monto de similar bimestre del año anterior, que, en última instancia, incentiva el consumo dispendioso. La Justicia también frenó esta única idea.

Licitación de nuevas energías térmicas

Recientemente el Ministerio de Energía adjudicó 20 ofertas para reforzar rápidamente el parque de generación térmica del país, por un total de 1.917 MW, un 6% de la potencia instalada en el país. La inversión resultante que fue informada por el MINEN es de US$ 1.530 millones. Estos números determinan un costo promedio de casi US$ 800/MW. Además, el MINEN informó que el precio promedio unitario fue de US$ 21.833 MW/mes, con contratos firmes por 10 años.

Mediante unas simples estimaciones financieras, se comprueba que estos proyectos tienen una rentabilidad promedio del 20% en dólares (después de impuestos). Esta rentabilidad es superior en los proyectos que entrarían en servicio en el próximo verano y que fueron adjudicados con un precio promedio de US$ 23.400 MW/mes, con una TIR estimada superior al 21% en dólares. Alguien lo ha llamado el costo de la urgencia.

Dadas las características técnicas y de consumo de los equipos contratados la ineficiencia energética del parque de generación térmica del país se incrementa. El MINEN ha informado que el consumo específico de combustible por unidad de energía eléctrica generada en los grupos generadores seleccionados es de 2.229 kcal/kWh. Ello significa una ineficiencia del 7% sobre el consumo específico promedio de todo el parque térmico actual que es de 2.080 kcal/kWh. Más costos de la urgencia.

Falta aclarar que el comprador en firme de esta energía es CAMMESA. Lo que implica que ahora el Estado ha vuelto a comprar y vender energía, incrementando las actividades decididamente intervencionistas del gobierno a contramano de las recomendaciones de los ex Secretarios de Energía que fueron adheridas expresamente por el Presidente Macri. Esta licitación evoca a los mejores ejemplos de la famosa “Patria Contratista”.

Licitación de energías renovables

Las autoridades energéticas están particularmente interesadas en alcanzar un escenario exitoso en la recientemente convocada licitación para la instalación de fuentes de generación provenientes de recursos no convencionales: vientos, sol, residuos orgánicos, agua.

La vara del éxito se encuentra en un alto nivel. El gobierno peruano ha alcanzado resultados muy competitivos en febrero de este año en una licitación similar a la convocada por el gobierno argentino. Está claro que la situación macroeconómica de Perú es mucho mejor que la Argentina: inflación 3,5% anual, crecimiento 3,9% del PBI, desempleo: 6% y equilibrio en las cuentas fiscales.

Se licitaron 1.750 GWh, distribuidos en Biomasa, Eólica, Solar Fotovoltaica y Pequeñas hidráulicas. Los contratos tienen una duración de 20 años, los precios son en dólares estadounidenses con ajustes periódicos en base a la inflación de los EE.UU., las controversias se resuelven ante el CIADI y la energía se vende al mercado bajo las reglas vigentes. El Estado peruano sólo aporta algunos beneficios fiscales muy acotados.

Los precios adjudicados en Perú fueron: US$ 77,00/MWh para la Biomasa, US$ 37,83/MWh para la energía eólica, US$ 47,98/MWh para la energía solar y para la energía hidráulica se adjudicaron precios entre US$ 40 y US$ 58,20/MWh.

Vale la pena guardar en la memoria estos valores para compararlos con los que se obtendrán en la licitación en marcha en nuestro país que presenta características bien distintas. La energía la compra el Estado argentino a través de CAMMESA con un contrato firme por 20 años, los precios son en dólares estadounidenses sin ajustes periódicos previstos, las controversias se someten a un Tribunal Arbitral “ad-hoc”, el pliego le permite al MINEN muchas discrecionalidades que opacan el proceso licitatorio, y además se ofrecen beneficios fiscales y garantías estatales muy significativas.

Se licitan 600 MW de energía eólica, 300 MW de energía solar fotovoltaica, 80 MW de energía proveniente de la biomasa y el biogás y 20 MW provenientes de pequeñas centrales hidráulicas.

En los últimos días, el Poder Ejecutivo emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia para fijar el cupo máximo de los beneficios fiscales promocionales a otorgar a los adjudicatarios de esta licitación. Ese valor fue fijado en la suma de US$ 1.700 millones, sólo para el ejercicio 2016. Es importante entender que esa es la suma máxima a la que el Estado renuncia a percibir en cargas impositivas por estos emprendimientos. Me apuro a señalar que es correcto establecer beneficios fiscales para incentivar las inversiones pero el monto genera alguna duda.

Según datos publicados en los pliegos licitatorios, llamados RENOVAR 1, la inversión máxima esperada surge de multiplicar el Valor Máximo de Referencia con la Potencia Requerida por tecnología, y se eleva a US$ 1.647,5 millones. O sea que el DNU parecería prever la eximición total de la carga impositiva que se recaudarían por las inversiones esperadas. ¡El sueño liberal!

Sin embargo, los mismos pliegos acotan el valor máximo de los beneficios fiscales a US$ 940,75 millones, equivalentes sólo al 57% de los montos invertidos. Entonces, ¿cuál será el destino de los otros US$ 750 millones previstos en el DNU? Hasta ahora, no hay explicaciones de los funcionarios ni preocupaciones por parte de los medios de prensa.

El DNU también señala:

> Los contratos de abastecimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, tendrán un plazo máximo de 30 años. Los pliegos dicen 20 años. ¿¿??

> El Estado ofrece una garantía de retroventa de las centrales licitadas si el Estado no cumple con sus obligaciones de pago de las facturas mensuales. Frente a una tradición de incumplimientos de los contratos por parte del gobierno argentino, esta cláusula toma mucho sentido: el Estado terminará siendo obligado a comprar estas nuevas centrales.  Ahora, si no se pagaran las facturas, ¿cómo se pagarán las centrales?

> Los pliegos también prevén una garantía de cumplimiento de las obligaciones estatales a través de Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER). A los efectos de fondear esta garantía, el DNU autoriza al Ministerio de Hacienda a endeudarse en US$ 3.000 millones mediante la emisión y entrega de Letras del Tesoro (LETES).

Falta ver que decidirá la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación respecto a la validez de este decreto que, disminuye los ingresos fiscales y aumenta el endeudamiento argentino.

Es de esperar que todos estos beneficios coadyuven a obtener precios competitivos en la licitación de energías renovables, lo que significa valores en línea con los obtenidos por el gobierno peruano, y así los consumidores argentinos tendremos el beneficio del menor precio y un poco más de energía disponible.

En síntesis, el 2do. semestre del año, al menos en materia energética, no está insinuando el despegue argentino. Por el contrario, estamos retrocediendo y minando mucho más el camino de la salida racional que todos esperamos. Este camino no conduce a consolidar reglas de mercado compatibles con el mundo, a crear incentivos correctos para atraer inversiones de riesgo al sector ni a regularizar la situación respetando las leyes fundamentales, los marcos regulatorios ni los compromisos políticos asumidos antes de las elecciones.

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