DD.HH.

Maduro pide a Obama que tenga "gestos" a cambio de... nada

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió publicamente a Barack Obama que "desestime el decreto de sanciones contra Venezuela" y que demuestre su buena voluntad para con Venezuela aceptando a Maximilian Sánchez Arveláiz como embajador bolivariano en USA. Sin embargo, las violaciones a los DDHH en Venezuela, argumento de USA para establecer las sanciones, siguen como si nada: Amnistía Internacional acaba de revelar que solo el 5% de las muertes durante las protestas del 2014 están siendo investigadas en la Justicia venezolana.

El presidente Nicolás Maduro considera que Obama tendría un buen gesto con Venezuela si levanta las sanciones impuestas y reciba las cartas credenciales que acrediten a un nuevo embajador venezolano en Washington.
 
"Yo espero, que ahora viene el 9 de marzo, (el) presidente Obama desestime el decreto de sanciones contra Venezuela y le reciba las cartas credenciales a Maximilian (Sánchez) Arveláiz para que demuestre su voluntad de buenas relaciones con Venezuela, con el ALBA y con América Latina", dijo Maduro en un acto con representantes de 150 empresas mineras de 35 países, incluida la estadounidense Gold Reserve INC con la que el miércoles Venezuela zanjó una disputa derivada del retiro en 2009 de dos de sus concesiones de oro.
 
La acreditación de Sánchez Arveláiz está pendiente desde febrero de 2015. Desde entonces el funcionario se desempeña como encargado de negocios de Venezuela en Washington.
 
El ALBA es una alianza creada por el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez y el expresidente cubano Fidel Castro y está integrada por una docena de países, entre ellos Venezuela y Cuba. Obama visitará la isla próximamente como parte de la normalización de sus relaciones con USA.
 
"Sería un gesto sencillo recibir las cartas credenciales... y nos entendemos pues, conversamos", insistió.
 
"Obama será Obama toda la vida, y los Estados Unidos serán los Estados Unidos, y Venezuela será Venezuela, la de Bolívar y la de Chávez, toda la vida también; pero tenemos que dialogar, tenemos que entendernos, tenemos que respetarnos", agregó.
 
El 9 de marzo de 2015 Obama ordenó congelar bienes de siete funcionarios venezolanos en territorio estadounidense, al declarar a Venezuela como amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de USA.
 
Entre los funcionarios sancionados figuraron varios jefes castrenses, entre ellos el entonces director de la policía política y actual ministro de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González López, así como la ahora ex fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton, quien tenía a su cargo un proceso contra el alcalde opositor de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, detenido en febrero por un supuesto complot, y la ex congresista opositora María Corina Machado, entre otros. Harrington poco después fue promovida como viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal.
 
Las tensiones entre los dos gobiernos se han disipado en los últimos meses. A pesar de las fricciones, y a estar sin embajadores desde 2010, ambos países mantienen un intenso intercambio comercial.
 
¿Y los DD.HH.?
 
Ahora bien, una de las condiciones que USA busca que se cumplan para restablecer las relaciones es que Venezuela empiece a normalizar su situación de DD.HH., algo que le han reclamado mandatarios de la región como Mauricio Macri. Esa situación, lamentablemente, está lejos de conseguirse, teniendo en cuenta la negativa del presidente Nicolás Maduro de aprobar la amnistía por la que trabaja la mayoría opositora en la AN para los presos políticos en el país.
 
Pero además, aunque los dirigentes políticos siguen presos, pocas de las muertes ocurridas durante las protestas de 2014 han sido investigadas, según un informe de Amnistía Internacional
 
Venezuela es el país de América Latina con el mayor índice de violaciones a Derechos Humanos, según detalló el informe de la ONG. El organismo denunció que hasta febrero de 2016 se habían presentado 238 investigaciones contra la violación de derechos humanos ocurridos durante las protestas antigubernamentales de 2014, en las que murieron 43 manifestantes, pero que sólo se habían presentado cargos penales en 13 casos .
 
La ONG advirtió que durante 2014, cerca de 122 países infringieron el derecho internacional en su ámbito nacional al cometer prácticas de tortura o malos tratos y que otros 30 obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a su lugar de origen.
 
AI suscribió que en Venezuela existen deficiencias en el sistema jurídico y en los procesos penales, lo cual constituye una grave violación a los derechos fundamentales de los acusados.
 
“La continua falta de justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos y los constantes ataques contra quienes defienden los derechos humanos, y su constante denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, después de haberse retirado de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, priva de acceso a la justicia a las víctimas de estos abusos”, suscribió el informe.
 
La Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido receptor continuo de denuncias de activistas que señalan un continuo acoso derivado de las acciones que emprenden en la defensa de las garantías individuales.
 
De acuerdo con un reporte del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos, durante 2014 en la nación chavista fueron encarceladas 3 mil 383 personas de las cuales 276 eran menores de edad.
 
Actualmente existen por lo menos 70 presos políticos, aunque el gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en que no existe ninguno.
 
Los procesos jurídicos bajo los cuales fueron condenados se llevaron a cabo, en la mayoría de los casos, a puerta cerrada, se les negó la posibilidad de presentar testigos en su defensa y se les imputaron cargos señalados como “graves” que básicamente consistían en una postura pública contraria al gobierno.
 
Leopoldo López, uno de los disidentes hechos prisioneros después de las protestas antigubernamentales de 2014, fue condenado a 13 años y 7 meses de prisión en un juicio en el que se le acusó de incitación a la violencia, daños agravados a la propiedad privada y asociación para delinquir. El opositor ha denunciado en distintas ocasiones ante organismos internacionales la vulnerabilidad de los preso políticos en Venezuela.
 
Los fallos a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido evadidos por el gobierno, a pesar de que su firma pesa sobre tratados internacionales. La ONG advirtió sobre una tendencia “preocupante” en los gobiernos que atenta contra la integridad de activistas, abogados o personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos.
 
“La desacertada reacción de muchos gobiernos ha consistido en reprimir a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, así como en descarados intentos de hacer de los derechos humanos un insulto, al presentarlos como contrarios a la seguridad nacional, el orden público y los ‘valores nacionales’. Han llegado incluso a violar su propia legislación de esta manera”,  ha afirmado Salil Shetty, secretario general de AI.  
 

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