Fuerte revés judicial al Gobierno: Milei deberá aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

El Gobierno perdió la pelea con las universidades y deberá bajar lso fondos.

La disputa entre el Gobierno y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo este martes, con un fallo judicial que obliga al Ejecutivo a avanzar de inmediato con la implementación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso, algo que la gestión de Milei venía evitando para cuidar el déficit fiscal.

La decisión fue tomada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la apelación presentada por el Gobierno y ratificó la vigencia plena de la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Revés para el Gobierno

El fallo llega en un contexto de conflicto creciente en las universidades públicas, con paros y medidas de fuerza impulsadas por docentes y no docentes que reclaman mejoras salariales y mayor presupuesto.

En su resolución, los jueces fueron contundentes al sostener que no hay margen para desconocer la norma. Recordaron que “tanto la Cámara de Diputados como el Senado confirmaron el proyecto con dos tercios de los votos, por lo que el proyecto se convirtió en ley”, y cuestionaron con dureza la postura oficial al considerar que los argumentos del Gobierno para no aplicarla son “poco serios”.

A partir de esta decisión, el Ejecutivo deberá avanzar de forma inmediata con la actualización de los salarios del personal docente y no docente, así como también con la adecuación de las becas estudiantiles, puntos centrales del reclamo universitario.

Milei debe cumplir con las leyes aprobadas en el Congreso

Además, el tribunal consideró ilegítima la suspensión de la ley por decreto, lo que refuerza la obligación del Gobierno de cumplir con lo sancionado por el Congreso.

Otro de los aspectos clave del fallo es el análisis del impacto económico de la medida. Según la Cámara, la implementación de la ley no compromete el equilibrio fiscal, ya que su costo representa apenas el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

El conflicto judicial tiene antecedentes recientes. A mediados de febrero, el Gobierno había decidido apelar una medida cautelar que ya lo obligaba a aplicar la ley. Esa cautelar había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Con este nuevo fallo, la Justicia vuelve a posicionarse a favor de las universidades en un contexto de tensión creciente con el Ejecutivo, que ahora deberá definir cómo cumple con una norma que hasta el momento había intentado frenar.