¿Telecom puede esperar? El Gobierno prorrogó la revisión de la compra de Telefónica

El Gobierno nacional decidió extender los plazos para definir si aprueba, condiciona o rechaza la compra de Movistar por parte de Telecom Argentina, una operación valuada en US$1.245 millones que mantiene en alerta al sector por el riesgo de concentración.

La novedad surgió de una notificación enviada por Telecom Argentina a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la que informó haber recibido el pasado 29 de abril la Disposición TDC 14/2026 del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Allí se establece una prórroga de 30 días adicionales sobre el plazo original previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, en el expediente “Telecom Argentina S.A. s/ Notificación Art. 9 Ley 27.442”.

La extensión comenzará a correr una vez vencido el período inicial de 45 días hábiles, cuyo cómputo cuenta desde el 24 de febrero de 2026. Además, la disposición deja abierta la posibilidad de nuevas prórrogas si el organismo considera que el caso lo requiere.

Telecomunicaciones

La operación gira en torno del riesgo que impone tener monopolio en las comunicaciones.

Impacto de la operación

La decisión confirma que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) considera la adquisición como un “caso complejo” por lo que busca profundizar el análisis sobre efectos en el mercado.

Telecom controla actualmente Personal en telefonía móvil, Flow en televisión y banda ancha, además de servicios corporativos y de conectividad. La absorción de los activos locales de Telefónica podría alterar significativamente el mapa competitivo argentino.

Preocupación oficial

Posibles monopolios regionales en determinadas provincias o ciudades
Barreras de ingreso para nuevos competidores
Integración entre infraestructura y contenidos
Concentración de clientes y espectro móvil

La operación fue anunciada el 25 de febrero de 2025, cuando Telefónica decidió avanzar con la venta de activos argentinos para reducir exposición en Hispanoamérica.

Semanas después, el Gobierno suspendió preventivamente el proceso bajo el artículo 44 de la ley de Defensa de la Competencia, ordenando a Telecom abstenerse de cualquier integración operativa o comercial mientras continúa el análisis técnico.

Expediente complejo

La demora no implica necesariamente un rechazo, pero sí expone el nivel de sensibilidad política y económica que rodea el caso

En el sector consideran que la CNDC intenta blindar jurídicamente cualquier resolución futura para evitar impugnaciones o litigios posteriores.

Fuentes relacionadas con el sector explican

La extensión busca evitar zonas grises en un mercado donde la competencia es limitada por las enormes inversiones de capital que requiere el negocio La extensión busca evitar zonas grises en un mercado donde la competencia es limitada por las enormes inversiones de capital que requiere el negocio

Telecom judicializó el conflicto.

La empresa apeló la cautelar del Gobierno argumentando que la medida tiene carácter sancionatorio y modifica de hecho el sistema de control de concentraciones económicas previsto por la ley.

Según la compañía, el Ejecutivo estaría transformando un esquema de control “ex post” en uno “ex ante” sin sustento legal suficiente.

El expediente está en la Cámara Civil y Comercial Federal, tribunal que deberá resolver si mantiene o levanta la suspensión impuesta por la secretaría de Comercio.

¿Qué puede pasar?

Con la nueva prórroga en marcha, el Gobierno tiene tres caminos posibles:

Aprobar la compra sin condiciones.
Autorizarla, pero exigiendo desinversiones o compromisos específicos.
Rechazar totalmente la operación.

Por ahora, el mercado permanece en estado de espera. Lo que está en juego no es solamente una compra empresaria: también se define cómo quedará configurado el negocio de telecomunicaciones en la Argentina hacia el resto de 2026 y quién tendrá el mayor poder en un sector estratégico para conectividad, datos y contenidos.