Carta de un veterano de Guerra a la Corte

Señor
Ministro de la CSJN
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S / D

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Presidente del Movimiento por la Recuperación de la República y en representación y mandato de todos sus integrantes, ciudadanos argentinos preocupados por el camino que la República, de la mano de sus autoridades, está tomando.

Largo sería enumerar aquí lo ocurrido a partir del instante en que fuera reinstalado el régimen democrático –no federal, para nada representativo y en absoluto republicano, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional- que, desde el 10 de Diciembre de 1983, conduce los destinos de nuestro país.

El trámite de la Causa 13 del registro de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital, donde se juzgara a los Comandantes en Jefe que dirigieron el país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, convalidado por la Corte Suprema de Justicia de aquellos años y el juicio plagado de insoportables irregularidades instruido a quienes asestaron el zarpazo de la intolerancia y la violencia a la sociedad argentina en el criminal ataque al Cuartel de La Tablada, fueron sólo algunos de los ejemplos que pusieron en duda la seriedad de la Justicia.

No obstante ello, un gran sector de la ciudadanía que había sido víctima del accionar terrorista de los setenta o que había participado en el combate contra esos sectores sediciosos, aceptó esas decisiones porque interpretó que ese era el precio que debía pagar por sus responsabilidades en aquel triste período y como aporte a la ansiada y necesaria pacificación nacional.- Todo ello en la creencia que los otros sectores del quehacer nacional -judicial, empresarial, comunicacional social, religioso, gremial, en fin, la sociedad en su conjunto- y las organizaciones armadas, harían lo propio por su indudable coparticipación en todo lo sucedido.

Grandes fueron los esfuerzos que hicieron los sucesivos gobiernos en estos veinte largos y complicados años, para lograr la recuperación de la paz social, tan ansiada y necesaria.- Las Leyes de Pacificación (Nº 23.492 y Nº 23.521) propuestas por el doctor Raúl Alfonsin y los indultos del doctor Carlos Menem, que el Congreso promulgara y el Poder Judicial convalidara –por las que se beneficiaron tanto a militares como terroristas- nos hicieron creer que comenzábamos a transitar el camino de la concordia, luego de décadas de discordia.

Aceptamos -con nuestras reservas- la conmutación de las penas otorgada, por el doctor Fernando de la Rúa, a los terroristas del ERP/MTP responsables del ataque a las instituciones del 23 de Enero de 1989, como un nuevo aporte a la búsqueda de la paz social.

Durante su efímera presidencia, el doctor Eduardo Duhalde hizo su contribución final a la difícil construcción de la armonía y la conciliación, liberando al terrorista Gorriarán Merlo y al Coronel Seineldín , asumiendo los costos políticos de tal decisión y dejando el camino expedito a su sucesor para la consolidación de ese anhelado proyecto.

Pero de un solo golpe, todo el andamiaje pacificador construido en ese lapso, fue demolido por el gobierno asumido el 25 de Mayo de 2003 y, a partir de ese momento, el odio, la sed de venganza y la confrontación entre argentinos, nuevamente se instaló en nuestro país.

No obstante ello nuestras esperanzas siempre estuvieron puestas en lo que habíamos considerado la nueva reserva moral (en un país en el que –salvo honrosas excepciones- la ausencia de todo principio o valor ético y moral es la característica fundamental de quienes integran los poderes del Estado): la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, el pasado año solicitamos audiencias a todos los integrantes de la Corte, siendo recibidos solamente por el doctor Boggiano, a quien le hicimos presente nuestra inquietud respecto de la supervivencia del estado de derecho, luego que el Congreso promulgara la inconstitucional Ley Nº 25.779, arrogándose atribuciones que no tenía –ni tiene- disponiendo la nulidad de las leyes Nº 23.492 y Nº 23.521, dictadas -como ya quedara expresado- por el Congreso Nacional, a propuesta del Poder Ejecutivo y cuya constitucionalidad ya había sido reconocida en numerosas ocasiones por esa Corte, como es del conocimiento de todo hombre de derecho.

Si bien somos legos, no por ello dejamos de recordar cuando nuestros profesores del secundario nos enseñaron que en nuestro derecho constitucional no existe la figura de la anulación de las leyes y qué éstas sólo pueden ser derogadas (que no es lo mismo) por el Congreso e invalidadas por el Poder Judicial mediante su declaración de inconstitucionalidad en "caso" concreto. Y este carácter de legos tampoco nos impide recordar que ambas leyes citadas contaban con una amplia legitimidad popular para su dictado, ya que formaron parte de las propuestas electorales que el cincuenta por ciento de los argentinos votó el 30 de octubre de 1.983, ni que al momento de la sanción de las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), aún no habían sido elevados a la jerarquía constitucional los once instrumentos internacionales de derechos humanos a que se refiere el art. 75 inciso 22, lo cual fue establecido recién en 1994; ni que en aquel momento tampoco estaban vigentes para nuestro país la mayoría de los tratados de derechos humanos aplicables a esos hechos, los cuales fueron ratificados a partir de 1984;o que ni siquiera se había adoptado la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que data de 1994, por cuanto son cosas que hasta el más desprevenido tiene conocimiento.
Por ello no desconocemos que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que: "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso" -lo que es la consagración del antiguo principio nullum crimen, nulla poena, sine lege- o que en personas beneficiadas con indulto, juega el non bis in idem, salvo que se le impute un nuevo delito y que los indultos del presidente Carlos Menem fueron anteriores a la modificación de la Constitución de 1994 y en pleno ejercicio de una facultad que la Constitución le otorgaba.

Fue así que, en ocasión de entrevistar al doctor Boggiano, le hicimos saber que los Jueces de la Corte eran la última esperanza que le quedaba a nuestro país para retornar a la seguridad jurídica que tanto necesitamos para volver a insertarnos en el mundo, de modo tal de poder reiniciar nuestro desarrollo como Nación Soberana.

Lamentablemente, al instante de incorporarse la doctora Highton de Nolasco, se puso en funcionamiento una verdadera "mayoría automática" -integrada también por el mismísimo Dr Boggiano– que comenzó a producir fallos en aparente complacencia con los deseos del Gobierno Nacional.- Así fue que primero arrasó con el derecho constitucional a la propiedad privada convalidando el despojo -por parte del Estado- de los bienes de miles de ahorristas, para luego directamente aniquilar las mismas bases del Derecho que nos rige al -virtualmente- derogar la norma constitucional de la irretroactividad de la legislación penal. Ello, seguido luego de los fallos que, en materia laboral, aumentaron la inseguridad jurídica en ese campo, impidiendo a empresas, tanto extranjeras como nacionales, realizar inversiones en nuestro suelo y generar los puestos de trabajo que nuestro país tanto está necesitando.

Y el escándalo final, con el comentado y vergonzoso fallo que beneficiara a la madre de un conocido terrorista, autor intelectual de varios y resonantes asesinatos, fallo que ha de provocar el reclamo de cuanta persona haya decidido irse del país mientras gobernaban los militares, lo que significan miles de millones del erario público destinados a indemnizar a exiliados políticos, emigrantes económicos y cientos de "avivados".

Es decir que con cinco fallos, los Ministros de la Nueva Corte Suprema de Justicia, la convirtieron –parafraseando a un conocido periodista- en una Cohorte de Suprema Injusticia, contribuyendo a la desaparición del estado de derecho y de la seguridad jurídica y alejando casi definitivamente toda posibilidad de alcanzar la necesaria y declamada paz social que tanto necesitamos los argentinos para poder vivir y desarrollarnos en un país serio y de la manera que nos merecemos.

Sepan Uds. que no queremos el país que, con sus actos están coadyuvando a destruir.- Nos cuesta aceptar que no entiendan Uds. el ruego de la ciudadanía, que hoy día, más que ruego es un clamor.- Queremos que sepan que, como pueblo de esta tierra, nos asquea la ductilidad de algunos Jueces de adecuar sus opiniones conforme a la forma de pensar y proceder del gobierno de turno.

A pesar de lo expresado, y tal vez ya cándidamente, insistimos en nuestro pedido para que recapaciten, pues si continúan en esta peligrosa línea la República se encamina aceleradamente hacia su disolución, porque con jueces como los que citamos; con legisladores que, para aprobar una ley, tengan que ser incentivados mediante exacciones ilegales y con funcionarios que demuestran estar más preocupados por las internas políticas o por absurdas venganzas, que por lo que la sociedad les requiere, difícilmente se logrará la paz social que tanto ansiamos para poder desarrollarnos.

Mientras tanto, la Nación toda se sigue cayendo en pedazos.

Emilio Guillermo Nani
Presidente
Movimiento por la Recuperación de la República
-MORERA-