En el nombre del padre (los delitos sexuales de la Iglesia)

Finalmente, una noticia trágica vino a cerrar el ciclo iniciado a comienzos de 2002: el ex sacerdote John Geoghan, uno de los principales detonantes de la crisis de los curas pederastas, murió víctima de estrangulamiento en el hospital de la Universidad de Massachussets. El ex clérigo de 68 años purgaba su condena en el Centro Correccional Souza- Baranowski, unos 50 kilómetros al norte de Boston, donde era retenido bajo custodia preventiva en un pabellón especial de seguridad de 24 celdas, para protegerlo de la población general de la cárcel.

Su victimario fue Joseph L. Druce, de 37 años, sentenciado a cadena perpetua en 1989 por asesinato, robo a mano armada y otros delitos. Druce, quien había manifestado una gran aversión hacia homosexuales, negros y judíos, siguió a Geoghan a su celda, bloqueó el sistema electrónico de la reja y lo maniató y amordazó con una sábana. Después saltó varias veces sobre el cuerpo del ex sacerdote desde una cama y lo golpeó. Al final, lo estranguló. Cuando siete u ocho minutos después el guardia de turno logró desbloquear la reja, Geoghan fue trasladado al hospital. Pero era tarde, expiró.

Druce era miembro del grupo neonazi Nación Aria y estaba preso por haber estrangulado a un conductor de autobuses gay 15 años atrás. Según el fiscal del distrito de Worcester, John Conte, Druce se mostró orgulloso de su nuevo crimen. Se habló de "odio homofóbico". De acuerdo con un código interno de todas las prisiones, los violadores y pedófilos ocupan el sótano "social" del inframundo carcelario; son considerados por los demás reos como delincuentes despreciables. El ex cura era asimilado a esa categoría por sus compañeros de reclusión. No está clara la causa, pero lo cierto es que Druce envió a Geoghan al infierno, sea lo que éste sea. Le aplicó el rock de la cárcel. Una ley del silencio tanto o más violenta que la que por años había aplicado el Vaticano para silenciar los crímenes del "padre" John.

Apenas una semana antes, el diario británico The Observer había divulgado un documento confidencial de la Santa Sede, escrito en latín, donde se ordenaba a los obispos católicos de todo el mundo, incluidos los del rito oriental, manejar los casos de abusos sexuales del clero en el más "estricto secreto... bajo pena de excomunión".
El texto de 69 páginas, titulado Crimine solicitacionis (Delito de solicitación), está fechado en 1962 y su autenticidad fue confirmada por autoridades de la Iglesia católica de Inglaterra y Gales. El documento se centra en el abuso sexual derivado de la relación confesional entre un clérigo y un penitente, pero también se refiere a lo que califica como "el peor de los delitos", concepto que abarca "cualquier acto externo obsceno, gravemente pecaminoso, perpetrado de cualquier manera por un clérigo, o que éste ha intentado cometer, con una persona de su propio sexo" (numeral 71), o "con jóvenes de cualquier sexo o con bestias brutas [bestialismo]" (numeral 73). Según las instrucciones, todos esos casos debían ser "diligentemente almacenados en los archivos secretos de la curia (romana)", bajo el rótulo "estrictamente confidencial". Asimismo, se instaba a la propia víctima a hacer un juramento de guardar secreto, bajo amenaza de excomunión. El documento estaba firmado por el papa Juan XXIII.
El hecho de que el cardenal Joseph Ratzinger refrendara la vigencia del documento en una carta enviada a todos los obispos católicos del orbe en mayo de 2001 (motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, suscrito por el papa Juan Pablo II el 30 de abril de 2001), apenas unos meses antes de que estallara el escándalo de los abusos sexuales en Estados Unidos, vino a desmentir las versiones interesadas acerca de que el caso de los curas predadores era un "fenómeno moderno". Según el abogado texano Daniel Shea, que defiende a varias víctimas de abusos, "la instrucción comprueba que hubo una conspiración internacional por parte de la Iglesia para acallar el asunto. Fue un intento engañoso para ocultar conductas criminales y es un programa detallado de acción para la decepción y el ocultamiento".

A su vez, el sacerdote Thomas Doyle, capellán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Alemania y especialista en derecho canónico, declaró a The Observer que el documento de 1962 "es sin duda una indicación de la obsesión patológica que la Iglesia católica tiene por el secreto, pero por sí sola no es una pistola humeante". Pero agregó que si la instrucción vaticana ha sido realmente la base de una política continua para encubrir crímenes del clero a toda costa e intimidar a las víctimas para que guardaran silencio, se estaría ante "un programa detallado de acción para el encubrimiento".
La lectura de la instrucción sobre el delito de solicitación, permite confirmar las presunciones de Shea y Doyle.

Pero, por otra parte, torna inexplicable el comportamiento de la Santa Sede y la jerarquía de la Iglesia católica con respecto al caso de Marcial Maciel Degollado, en cuanto a no iniciarle juicio o abrir tan siquiera una investigación. Varias de las consideraciones que incluye el documento, tipificadas como "herejía" o delito "gravemente pecaminoso", lo hacían merecedor de una "vigilancia particular" (Canon 2311).

De acuerdo con los testimonios notariales que los ex legionarios elevaron al Vaticano, la situación de Maciel debería ser analizada en base a los numerales 62, 63 y 64 de la instrucción, que aluden a "falsas enseñanzas" o "falso misticismo", "depravación", "repetición del delito" y "malicia obstinada", así como en lo referido a la "absolución del cómplice", agravado todo ello por enmarcarse bajo el concepto de "el peor de los delitos" (pedofilia).

De lo que no queda duda, es que el asunto seguía preocupando al Papa. El 6 de febrero de 2004, en su discurso a los participantes en la sesión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Karol Wojtyla hizo referencia a "una cuestión delicada y actual": el aumento de "delitos contra las costumbres" atribuidos a sacerdotes. En particular, la pederastia.

Al mencionar el "notable aumento" registrado en el último bienio del número de "casos disciplinares" ligados a la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, "en virtud de la materia (ratione materiae) sobre delicta graviora, incluidos los delicta contra mores, el Papa instruyó aplicar las normas canónicas con "justicia y equidad" y, una vez comprobado el delito, "evaluar bien, tanto el principio de la proporcionalidad entre la culpa y la pena, como la exigencia predominante de tutelar al Pueblo de Dios". Pero advirtió que el problema del escándalo de los clérigos pederastas no se resuelve sólo con la aplicación del derecho canónico: "Su mejor garantía está en la formación justa y equilibrada de los futuros sacerdotes [...] llamados a abrazar (un) estilo de vida humilde, modesto y casto, que es el fundamento práctico del celibato eclesiástico".

(...) Como había advertido durante la última conferencia anual del Episcopado estadunidense, su presidente, Wilton Gregory, habría "más pena y sufrimiento".
Y de eso estaba enterado el Papa. Pronto se sabría que al menos 4.450 sacerdotes habían sido acusados de abusos sexuales contra menores de entre 7 y 17 años, en el periodo comprendido entre 1950 y 2002, sólo en los Estados Unidos.

El dato era parte de un informe preliminar difundido por la cadena de televisión CNN, el 16 de febrero de 2004. Preparado por laicos de la escuela universitaria John Jay, de justicia criminal, con sede en Nueva York, a pedido de la conferencia de obispos, el documento consignaba alrededor de 11.000 incriminaciones, de las cuales 6,700 fueron investigadas y se confirmó su veracidad, otras 1.000 se revelaron falsas y 3,300 no fueron estudiadas porque los clérigos implicados ya habían muerto en el momento de la acusación.

Más de la mitad de los sacerdotes (2.430), tuvieron por lo menos una acusación en contra, mientras que 25% (1,112) fue objeto de dos a tres y 13% (578) fue reportado con cuatro y hasta nueve denuncias. Un 3% (147 sacerdotes) apareció con 10 o más acusaciones, y de acuerdo con el informe preliminar, ese porcentaje de prelados sería responsable de abusos contra 3.000 menores. En cuanto a las víctimas, 78% se ubicaron entre los 11 y 17 años; 16% entre 8 a 10 años, y 6% fueron niños de 7 años o menos.

Al conocer los datos del informe, David Clohessy, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes, declaró que las cifras le parecían bajas. "Los obispos han tratado de ocultar esto durante años, por lo que no hay razón para creer que de pronto van a cambiar su forma de obrar. La única cosa prudente es asumir que ésta no es toda la verdad."

A modo de conclusión, se puede especular que si la teoría de la sincronicidad es verosímil, resulta manifiesto que a partir de esa coincidente guerra contra los homosexuales, el Dios de Juan Pablo II y el de Bush tendrán cada vez más afinidades, hasta conformar por fin lo que podría volverse el "arquetipo divino" del nuevo siglo, bajo el cual podremos "guiarnos" y ser incluso "iluminados".

De ser así, algunos aspectos de las teorías de la conspiración que rondaron el escándalo de los curas pederastas a comienzos de 2002 podrían tener algún asidero.

Por ejemplo, las que sostienen que en afán de preservar su contrarreforma y el modelo de cristiandad tridentino, neoconservador, vertical y autoritario, el papa Juan Pablo II podría haber restablecido una alianza táctica con el gobierno de los Estados Unidos, controlado ahora, como en los tiempos de Ronald Reagan —con quien Wojtyla se alineó en la lucha contra el "comunismo" soviético y sus supuestas expresiones latinoamericanas: el sandinismo, Cuba, las guerrillas y la teología de la liberación—, por un grupo de cristianos renacidos fundamentalistas y ultranacionalistas en alianza con neoconservadores de la extrema derecha sionista, discípulos del filósofo Leo Strauss y partidarios de la "guerra total".

(...)
En el ambiente provinciano y cerrado de México, el año 2004 inició con una renovada cruzada de los grupos ultraconservadores católicos —apoyada por algunos jerarcas del episcopado— contra la píldora del día siguiente, el método de anticoncepción de emergencia que bloquea o retrasa la ovulación, o impide la anidación de un óvulo fecundado en la pared del endometrio. El método fue recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en 1995, para los programas de salud pública, pero es considerado "abortivo" por la Iglesia.

La arquidiócesis primada de México acusó al gobierno de Vicente Fox y a las autoridades de salud de convertirse en "verdugos" y llevar a cabo "un genocidio de inocentes", y su titular, el cardenal Norberto Rivera, sacó la amenaza de la excomunión y la blandió como arma flamígera fast track en contra de las mujeres católicas que se atrevieran a tomar ese anticonceptivo postcoital, cuya denominación farmacéutica comercial es levonorgestrel.

El príncipe de la Iglesia asustaba otra vez con el petate del muerto. Pero en la coyuntura perdió la pelea; la satanización de la píldora no pasó. Una sociedad secularizada y que está creciendo en su conciencia crítica, rechazó la aplicación irracional del dogma. (...)
Pero eso sí: el caso del cura Maciel y sus dislates sexuales siguió bajo un manto de silencio. Igual que en Roma, donde el fundador de la Legión de Cristo seguía contando con la amistad y protección del papa Karol Wojtyla. La lapidaria frase que la abogada austriaca Martha Wegan le pronunciara a José Barba por teléfono en el verano italiano del 2000, parecía seguir marcando el signo de los tiempos vaticanos: "Es mejor que ocho personas inocentes sufran la injusticia y no que miles de fieles pierdan la fe". ¡La corporación über alles!