UE: El Pacto Fiscal se queda sin Inglaterra ni la República Checa

Reinfel dejó entender con esa frase que la decisión de los checos no se relacionaba con el contenido político del pacto sino a que no quiere comprometerse, a sabiendas de que el proceso para ratificarlo podría durar años rotando entre el Parlamento. Luego, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, confirmó a través de su cuenta en Twitter que "Veinticinco Estados miembros se suman y firmarán el Tratado del pacto fiscal".

Las negociaciones no fueron sencillas. Polonia, acompañada por Hungría y Eslovaquia, se negaba a firmar el Pacto si los países no miembros del euro no podía participar en las reuniones del Eurogrupo, reservadas sólo para los países que comparten la moneda común.

Pero el reclamo se resolvió y el último texto debatido por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete países apunta a que esos estados serán invitados a las reuniones cuando la situación lo requiera y al menos una vez al año.

El pacto fiscal forzará a los países firmantes,a incluir en sus legislaciones o constituciones la llamada "regla de oro", que obliga a mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB.

Los Estados miembros que no incluyan correctamente en sus normativas nacionales ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por otro de los socios, que además podrá solicitar directamente una sanción financiera.

La máxima instancia judicial comunitaria podrá, en última instancia y como máximo, imponer una sanción del 0,1 % del PIB.

El portal Expansión.es detalla así lo saliente del texto aprobado:

El texto establece la máxima capacidad de préstamo del MEDE en 500.000 millones de euros, incluida la capacidad de intervención que queda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) (unos 250.000 millones), aunque aclara que el techo se revaluará antes de la entrada en vigor del fondo de rescate permanente el 1 de julio y, si corresponde, será aumentado por el Consejo de Gobernadores.

El tratado prevé que, durante el periodo en el que ambos fondos coincidan, la capacidad de préstamo del MEDE y del FEEF no debe superar los 500.000 millones, lo que ha suscitado ya críticas, dado que hay países e instituciones como Italia, España, Austria y Luxemburgo, el FMI o el Banco Central Europeo (BCE) que consideran que la eurozona debe aumentar la dotación de los cortafuegos.

Alemania sigue alegando que no es el momento de abordar esta cuestión, pero algunos observadores afirman que, después de haberse firmado el pacto fiscal, Berlín podría aceptar combinar los fondos del MEDE y del FEEF como proponen algunos países, de manera que la eurozona disponga de un "alcance de tiro" de 750.000 millones para rescatar a países con problemas.

Los fondos disponibles, para pymes y empleo
Los líderes de la UE han respaldado hoy destinar los fondos estructurales comunitarios disponibles a apoyar a las pymes y a programas de fomento del empleo juvenil, en una declaración que busca compaginar el ajuste fiscal con el crecimiento económico y la creación de empleo.

En las conclusiones, los líderes de la Unión reunidos en Bruselas han reconocido que la austeridad por sí sola no es suficiente para superar la crisis de deuda por lo que han reclamado una estrategia para impulsar el crecimiento. Sin embargo, para ello no han previsto ningún respaldo presupuestario adicional ni han detallado las medidas concretas.

Los países de la UE además consideran que las tensiones en los mercados financieros están dificultando la recuperación económica, aunque han anotado que "en los últimos meses ha habido signos preliminares de estabilización económica". Pero pese a esta mejora, "la incertidumbre sigue siendo alta".
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Apoyo a los jovenes
Por otro lado, el texto propone dedicar los fondos disponibles a "mecanismos de apoyo a gran escala para que los jóvenes puedan trabajar o acceder a formación", además de elaborar "planes nacionales de empleo", cuya ejecución será supervisada desde Bruselas, reducir la segmentación de los mercados laborales y rebajar la fiscalidad del trabajo.

La declaración -la primera en la que los líderes europeos se centran exclusivamente en la grave situación del empleo en la UE-, señala que en la UE hay actualmente 23 millones de parados, y advierte de que la tasa de desempleo "seguirá siendo alta" si no se mejora el ritmo de crecimiento económico.

Expertos de la UE ayudarán a España contra el paro juvenil
El texto hace especial hincapié en la necesidad de resolver el problema del desempleo juvenil, que en España afecta a casi la mitad de los menores de 25 años, la mayor tasa de los Veintisiete. De hecho, el propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha anunciado que la UE enviará a España a expertos para elaborar antes de abril un plan de acción contra el paro juvenil.

En el informe participarán la patronal y los sindicatos españoles y el Gobierno. Barroso ha calificado de "inaceptable" que en países como España "casi uno de cada dos jóvenes dispuestos a trabajar está en paro".

En particular, propone promover los programas de becas, prácticas y estancias en el extranjero, de modo que estas iniciativas supongan "oportunidades reales para los jóvenes".

El objetivo es que todo joven europeo que termine su formación disponga en un plazo máximo de cuatro meses de una "oferta de buena calidad" para trabajar, continuar su formación, realizar unas prácticas o un programa de aprendizaje.

Para fomentar la movilidad dentro de la UE, se sugiere la revisión de la normativa comunitaria de reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, aumentar el número de plazas disponibles en los programas de prácticas en el extranjero, y avanzar en la coordinación de los sistemas de pensiones.

Financiación de la ayuda
Todas estas medidas se financiarían mediante la redistribución de 22.000 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE) sin utilizar correspondientes al período 2007-2013 para toda la UE, según explicaron fuentes comunitarias.

De esta cantidad, a España corresponden unos 2.700 millones, que ascienden a 4.000 millones si les añade la cofinanciación que debe aportar el Estado.

En el apartado dedicado a las pymes, se apuesta por destinar ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los fondos estructurales a las empresas, además de reducir las cargas administrativas y los trámites legales para las mismas.

Sector bancario
El texto pide a las autoridades de supervisión bancaria nacionales y europeas (el EBA) que "aseguren que la recapitalización de los bancos no lleva a una falta de financiación" para las pymes, así como que garanticen "una rigurosa aplicación por todos los bancos de la legislación europea que restringe los bonos".

Los socios europeos se comprometen a hacer mayores esfuerzos para facilitar el crédito a las pymes y a poner en marcha medidas en este sentido antes de junio.

Asimismo, en un punto dedicado a completar la integración del mercado común, los Veintisiete incluyen una mención sobre la necesidad de modernizar los regímenes europeos de derechos de autor y de lucha contra la piratería, teniendo en cuenta la diversidad cultural para explotar al máximo el potencial de la "economía digital".

El primer ministro de Suecia, Frederik Reinfeld, no suscribió la declaración "por razones parlamentarias", como figura en una nota a pie de página del texto.