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DÍA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA

Datos de una futura fuente de amenazas a la seguridad latinoamericana

Mar, 23/02/2021 - 8:55am
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Desde el 22/02/1904 flamea la bandera argentina en la Base Orcadas, en la isla Laurie, del grupo de Islas Orcadas. Por eso cada 22/02 es el Día de la Antártida Argentina por la Ley Nº 20.827/74. Pero ¿qué representa la Antártida Argentina para los argentinos? Más interesante aún: si los argentinos no pueden contener la Antártida ¿para qué quieren las Malvinas y Georgias del Sur? ¿Cuál es el plan?

Antartida
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La Antártida, tierra de diferendos territoriales.
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En este artículo nos referiremos a una no-amenaza. O, si se prefiere, a una amenaza a futuro, que podría repercutir en la seguridad de los países latinoamericanos. 

Primero, en los más cercanos del Cono Sur –Argentina y Chile-, de manera más mediata a los Estados lindantes a la costa Atlántica –Brasil, Uruguay y Caribeños- y, finalmente, al resto de los Estados de la región. 

En juego están no sólo la soberanía, sino la sustentabilidad ambiental, la libertad de navegación (no olvidemos que la Antártida se encuentra al sur de uno de los dos pasos bioceánicos del Atlántico al Pacífico) y la depredación de los recursos naturales en perjuicio de los Estados latinoamericanos.

En el gran escenario antártico, cada país interesado atiende su juego. La próxima ronda de consultas de los países firmantes y consultivos del Tratado Antártico, en la cuales muchos plantearán la cuestión de la soberanía y el derecho a extraer sus valiosos recursos naturales para la actividad económica, se fijó para 2048. Mientras algunos países no instalaron esta cuestión en sus agendas, otros trabajan de manera diligente en los planos diplomáticos, estratégicos y militares para llegar a esa instancia preparados de la mejor manera posible. 

Es el caso de países como Estados Unidos, el Reino Unido o Chile. No parece ser el caso de la República Argentina. 

Es una cuestión de seguridad nacional comprender que Antártida será una futura fuente de enfrentamientos entre naciones con pretensiones de soberanía prácticamente superpuestas

La constante intromisión hemisférica de los Estados Unidos en el Atlántico Sur parece dirigirse no sólo al control de las vías de navegación y del comercio mundial, sino a crear condiciones propicias para hacer pie en los preciados tesoros del Continente Blanco. 

Pero, tal como ya anticipamos, Estados Unidos no es la única potencia occidental que mella en el Atlántico Sur por su proyección antártica, a espaldas de los Estados-Nación latinoamericanos. Con Malvinas en manos británicas, los ingleses controlan importantes recursos naturales de gran valor económico, como los hidrocarburos y la pesca, ejercen el control geopolítico de las vías de navegación hacia el África (y hacia el corredor bioceánico del Atlántico Sur) y se proyectan hacia la Antártida.  

El Reino Unido está empeñado en extender sus intereses vitales hacia el territorio hasta hoy protegido por el paraguas del Tratado Antártico. 

Aunque la Antártida no forme parte del continente americano, su visible proximidad a Latinoamérica y cualquier novedad sobre ella sin dudas afectará a los países de región. Esta realidad, por ahora ausente en los estudios sobre seguridad hemisférica, a nuestro humilde criterio no puede ser desestimada.

El Reino Unido no pierde el tiempo. De hecho, se bautizó hace un año en Liverpool el último y más moderno barco científico de exploración polar británico, el RRS “Sir David Attenborough”, con bandera jurisdiccional de las Islas Malvinas. La nave del British Antarctic Survey - BAS, (equivalente al Instituto Antártico Argentino) tuvo un costo de unos 200 millones de libras (US$ 245 millones), y desempeña funciones científicas en las regiones polares. Fue comisionado por el Consejo de Investigación del Medioambiente británico y será operado por el BAS.  

Sir David Attenborough, a nombre de quien se bautizó el buque, explicó el rol “vital” que jugará la flamante nave “para el futuro de la humanidad”: “Este impresionante y sorprendente barco encontrará la ciencia con la cual afrontar los problemas que ahora desafían al mundo y ciertamente con más intensidad mañana mismo”.

Esta clara avanzada británica sobre el Continente Blanco no puede ser desconocida, a nuestro criterio, como una amenaza potencial a mediano plazo contra la seguridad de América Latina. Sobre todo, para aquellos países con proyección antártica, como Argentina y Chile. En los párrafos que siguen intentaremos explicar qué clase de amenaza a la seguridad hemisférica pueden suponer las grandes potencias.

La Argentina reivindica soberanía sobre el denominado “Sector Antártico Argentino”, definido por el paralelo 60º Sur y el Polo Sur, y los meridianos 25º y 74º de longitud Oeste. El reclamo se fundamenta en múltiples razones: la contigüidad geográfica y continuidad geológica con el territorio argentino, la instalación y ocupación permanente de bases antárticas, el desarrollo de actividad científica por más de un siglo y la herencia histórica de España, entre otras. 

El área reclamada por nuestro país se superpone con las pretendidas por el Reino Unido y por Chile. Algunos mapas geopolíticos brasileños de hace algunas décadas mostraban que este sector antártico debían formar parte de la proyección de aquel país en el Continente Blanco. 

En cuanto al vecino trasandino, también pretende soberanía antártica. Chile mantiene ante la comunidad internacional su aspiración a un sector antártico propio, aun cuando en 1984 la Argentina y Chile alcanzaron la paz, tras un histórico diferendo limítrofe en el Atlántico Sur que casi los había llevado a la guerra en 1978.

Durante el Gobierno de Raúl Alfonsín ambas naciones se sometieron a un laudo papal y firmaron un Tratado de Paz y Amistad que replanteó la relación bilateral, alejó el fantasma de una guerra y puso fin a las disputas militares entre ambos países en torno de la soberanía del Canal de Beagle y del archipiélago que lo circunda. 

Ambas naciones latinoamericanas enterraron la resolución de conflictos por la vía militar. Pero, aun desde la diplomacia, la prospectiva chilena hacia el Atlántico Sur y hacia el Continente Blanco sigue incólume. 

Como el lector perspicaz puede deducir, la cuestión antártica es fundamental para entender los nuevos escenarios de conflicto de la política internacional. Sobre todo desde el final de la Guerra Fría y frente a las discusiones sobre cambio climático, el control del Continente Blanco instala un escenario desafiante para el conjunto de la América Latina, y sobre todo para las naciones ribereñas. 

De allí que tantos países, incluidos la Argentina y Chile, disputen intereses propios en ese escenario. Hasta algunos sectores políticos en Brasil proponen utilizar la proyección atlántica de la Armada brasileña para asegurarse una futura injerencia en territorio antártico.

En un trabajo sobre el valor geoestratégico de la Antártida en el siglo XXI, la diplomática argentina Virginia Gamba estableció tres períodos en el desarrollo de las políticas internacionales desde la firma del Tratado Antártico. El primero, comprendido entre 1961 y 1991, reflejó la decisión de las potencias de no permitir que ese territorio fuera usado en la carrera bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. 

En aquella etapa el foco del interés de los miembros del Tratado se centró en los conceptos de seguridad global y regional, y la motivación científica proclamada tenía, en verdad, presupuestos y objetivos que eran esencialmente militares. En este sentido, Antártida fue considerada por aquellos años como un territorio de equilibrio internacional.

La segunda etapa del Sistema del Tratado Antártico, que la experta en Estrategia, Defensa y Seguridad ubicó entre 1992 y 2011, coincide con la caída de la bipolaridad. El valor estratégico se desplazó, al menos por el momento, de las cuestiones de seguridad a las económicas. 

Si bien los países mantuvieron su interés de mantener a la Antártida fuera de las áreas de competición internacional –el protocolo de medio ambiente del tratado nació como excusa para evitar la explotación de recursos no renovables en el continente blanco- la creciente participación de la ONU y la entrada al Sistema de muchos nuevos países debilitaron el poder central de los Estados miembros. Nuevos dilemas, tanto en el ámbito estatal como privado, pusieron en duda la sustentabilidad del Sistema.

La última etapa, iniciada en 2012, perfila la reivindicación del valor geoestratégico global del territorio antártico dentro del marco de la seguridad humana futura. La presión creciente de los actores no estatales sobre los intereses económicos objetivos del territorio antártico (encarnados en corporaciones económicas privadas en búsqueda de beneficios) y los imperativos de defensa globales aumentan hasta hoy la tensión internacional sobre el Sistema del Tratado Antártico. La búsqueda de desarrollo sostenible regional dentro de un esquema de seguridad integral se vuelve un objetivo prioritario. 

En este sentido, la agenda de securitización del medio ambiente se trasladó en forma decisiva hacia este escenario, y gracias a ella aumenta progresivamente la presión militar en función de supuestas amenazas contra la sustentabilidad ambiental.

Para Gamba, el nuevo concepto de seguridad humana abarca dimensiones tan disímiles como el desarme y el control de armas, el combate al crimen organizado, la defensa del territorio y la protección de sus recursos naturales, la lucha contra la corrupción, la reestructuración y el mejoramiento de los sistemas de justicia criminal, el fomento al micro desarrollo para generar empleo, la protección ambiental, la revitalización de los sistemas de seguridad social de los estados y el combate a la pobreza, a la enfermedad, y a la escasez alimenticia y energética. 

Según su definición, estos componentes combinados mejoran la calidad de vida de la humanidad y son vehículos de paz, desarrollo y prosperidad. 

De allí que, en ese contexto, espacios marítimos como la Antártida adquieran un nuevo valor estratégico.

En los términos de la experta en geopolítica, “la Antártida ha adquirido un nuevo valor y se ha priorizado no por sí misma ni por el Sistema que la contiene, sino por la priorización del tema que reúne al Sistema: la protección del medio ambiente. (…) A la vez que el tema del medio ambiente adquiere valor estratégico global, la necesidad real de obtener recursos alimenticios y energéticos para alimentar poblaciones futuras y la búsqueda de alternativas económicas en un mundo complejo, también atrae la imaginación público privada hacia la Antártida y genera un potencial de militarización de espacios que antes estaban protegidos. Ahora es imperativo el control y la administración de la Antártida, y esto se hará por todos los medios y de todas las formas”. (Virginia Gamba, “Reflexiones sobre el valor geoestratégico de la Antártida en el Siglo XXI”. en Boletín del Centro Naval, Nº 836. Buenos Aires, 2013).

Según la autora, la importancia geoestratégica de la Antártida ha pasado del no valor que la caracterizó al período de la guerra fría, al valor crítico que se le asigna hoy. El Sector Antártico Argentino, por ejemplo, forma parte del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aunque está sujeto al régimen del Tratado Antártico, firmado en 1959. 

En aquel momento, siete de los doce signatarios originarios del Tratado, incluida la Argentina, sostenían reclamos de soberanía en distintos sectores de la Antártida. El Artículo IV del Tratado contiene una salvaguarda de reivindicaciones de soberanía respecto de la Antártida así como de sus fundamentos. 

La República Argentina es Parte Consultiva del Tratado Antártico desde su entrada en vigor en 1961. Dentro del Sector Antártico Argentino el estado nacional administra trece bases o estaciones, seis permanentes (operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano). Junto con Nueva Zelanda, Australia, Chile y Sudáfrica, la República Argentina es considerada hoy como una nación de acceso al continente blanco, por lo cual los países centrales buscan asociarse a ella con distintos fines. 

La retirada de Rusia de los territorios polares tras la caída del bloque soviético ejerció mayor presión económica sobre Estados Unidos, país que ya no podía justificar los onerosos costos de permanecer en el continente blanco ante la ausencia de su histórico rival. Producto de esto se acrecentaron los diálogos de Washington y de la OTAN con los países de acceso directo mencionados arriba y se construyeron acuerdos de colaboración internacional que buscan repartir las cargas económicas de la logística. 

Muchas de esas iniciativas no son sólo estatales, sino que cuentan con el aval y el financiamiento de corporaciones del sector privado, que presionan para ser reconocidas como actores participantes en la administración del continente blanco.  Los contratos a terceros y la orientación de las investigaciones científicas hacia objetivos de índole comercial comenzaron a multiplicarse en los últimos años. 

Según Virginia Gamba: “Otros elementos que influyen sobre el contexto internacional de hoy incluyen el interés en la sustentabilidad del desarrollo a través del acopio de fuentes de energía y de alimentación para el futuro. Esto, sin embargo, está afectando también a las nociones de defensa, seguridad y soberanía de los estados, porque las políticas de defensa de los países desarrollados están ahora reformulándose en relación a una respuesta militar a una amenaza no militar, por lo que, por ejemplo, la OTAN hoy habla de ‘defensa de medio ambiente, recursos y energía’”.

Dicho en otros términos, el reaseguro –en nombre de una alegada seguridad ambiental- del control para los miembros de la OTAN de recursos naturales como alimentos o fuentes energéticas, forman parte del planteo de defensa occidental. La seguridad energética y el acceso a los alimentos son objetos de nuevas amenazas que, según la doctrina del riesgo, merecen respuestas militares en caso de que se requiera de ellas.  

La constante presencia de jugadores geopolíticos dominantes en el Atlántico Sur y la competencia por los recursos naturales en ese escenario y en el continente antártico repercutirán en los países ribereños de Latinoamérica y en toda la región en general: afectarán tanto a las economías nacionales como a la integridad territorial, la seguridad ambiental y la soberanía de las naciones, en especial, las ribereñas del sector atlántico.