Más y mejor educación con menos impuestos: obsesión de JxC

En ese sentido, el diputado nacional Martín Tetaz decidió presentar un proyecto de ley para que los gastos en educación sean deducibles del impuesto a las ganancias.

En su proyecto el economista propone "crear una deducción especial mensual del impuesto a las ganancias por hijo para educación", cuyo monto " se fijaría en 323 UVAS por hijo menor de 21 años por mes, el equivalente a $50 mil pesos de hoy".

Tetaz no está solo en este pedido, y su iniciativa fue acompañada por varios legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentran Pablo Torello, Omar De Marchi, Alejandro Finocchiaro, Ana Clara Romero, Ingrid Jetter y Danya Tavela.

A su vez, es importante recordar que el proyecto de Martín Tetaz es similar a uno que se presentó en el Congreso el mes pasado de la mano del diputado radical Emiliano Yacobitti, quien es compañero de Tetaz en la Cámara baja. Dicha iniciativa pide el descuento del Impuesto a las Ganancias a las los gastos relativos a educación, como materiales, clases de apoyo, clases de idioma, transporte escolar.

Así las cosas, y para explicar su proyecto de ley, Martín Tetaz explicó que un comunicado que "la deducción correspondería tanto al pago de matrículas de colegios, institutos de idiomas y capacitación de todo tipo, como también a inversiones con fines educativos, como libros o computadoras".

Además, consideró que con el blanqueo que propone el Presupuesto 2023 se vuelve a beneficiar a los evasores y no se premia a los que cumplen.

“Necesitamos medidas que beneficien directamente a aquellos que pagan sus impuestos. Hoy nos encontramos con que cada vez más familias se ven obligadas a migrar a colegios privados", dijo el economista y diputado nacional.

"Lo mínimo que podemos hacer es tomar una medida de impacto directo que permita contrarrestar el gasto que genera la ausencia de educación pública de calidad", añadió el legislador, que al mismo tiempo reflexionó: “La educación es una inversión y redunda en un beneficio para el futuro del país, razones suficientes para convertirla en deducible”.

Más quita de impuestos

"Exención del impuesto a las ganancias a organizaciones de protección de la primera infancia", reza el título de otro proyecto que ingresó al Congreso en los últimos días. Quien presentó la iniciativa fue la legisladora Carla Carrizo, de Evolución Radical, pero la acompañan en su pedido otros legisladores como Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Victoria Tejeda (Evolución Radical), Gabriela Lena (UCR) y Alberto Asseff (Pro).

En concreto, más de 20 legisladores nacionales presentaron el proyecto ley que propone eximir de ganancias a aquellas organizaciones que brindan cuidado educativo a la primera infancia. La iniciativa define como primera infancia al período que va desde el nacimiento hasta los 5 años.

En Argentina se estima que hay alrededor de 2.450 espacios de primera infancia que incluyen 175.000 niños y niñas, muchos de estos son gestionados por provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil, llevando adelante diferente tipo de servicios y prestaciones.

Según la oposición, uno de los principales problemas que enfrentan estos espacios de cuidado educativo es que están obligadas al pago de ganancias ya que la AFIP no les reconoce la exención cuando reciben fondos públicos lo que les genera graves restricciones presupuestarias que termina por limitar los servicios que ofrecen.

En ese sentido, la oposición plantea en su proyecto la modificación de la Ley de Ganancias, donde se incorpora que queden exentas del gravamen las ganancias de organizaciones de protección de la primera infancia, independientemente de la naturaleza pública o privada de los ingresos que reciban.

“Con este proyecto buscan reposicionar el cuidado educativo en niños de 45 días a 3 años y priorizarlo en la agenda pública de nuestro país... Venimos escuchando a muchas organizaciones que prestan servicios a niños en situación de vulnerabilidad y que cumplen un rol clave para su desarrollo integral: juegan, aprenden, socializan, crecen y reciben atención para su salud”, dijo la autora de la iniciativa, que a su vez añadió: “Estamos frente a un Estado bifronte donde, por un lado, fomenta la protección de la primera infancia y, por el otro, introduce restricciones presupuestarias y obstáculos administrativos a dichos centros que dificultan la materialización de aquel objetivo".

"Esta dualidad resulta más preocupante aun cuando de alguna manera termina perjudicando a niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”, sentenció.