FUGA DE PIÑERO

Todos contra todos: Santa Fe busca responsables y empieza a rever su sistema penitenciario

Siguen las repercusiones por la fuga de 8 reclusos de la Unidad 11 de Piñero, a 30 kilómetros de Rosario. Ahora, las instituciones de la provincia disparan todas contra todas para dar con un culpable que conforme a los ciudadanos: la Legislatura convocó a los titulares de Asuntos Penitenciarios para que den explicaciones; el Ministerio Público de la Acusación investigará responsabilidad "política o administrativa" en el escape; y la oposición apunta contra Gobierno.

ROSARIO. La cinematográfica fuga de los 8 presos de la cárcel de Piñero sigue dando de qué hablar en la provincia de Santa Fe.

Tal como adelantó Urgente24,  el grupo de presidiarios contaba con ayuda del exterior, y lograron fugarse cortando parte del alambrado perimetral con una amoladora. Una vez afuera del penal, los cómplices empezaron a disparar con ametralladoras contra la garita de vigilancia. En ese marco, uno de los los tiradores murió por el impacto de una bala. Los demás se subieron a 3 autos y emprendieron el escape.

Durante la madrugada de ayer (28/6), efectivos policiales lograron encontrar y recapturar a Joel Rojas y José Cañete, que estaban escondidos en el baúl de un auto, en el barrio Cabin 9, de la ciudad de Pérez. El vehículo era conducido por una mujer, que quedó detenida, y en él se hallaron armas, que fueron secuestradas. 

También ayer por la tarde la policía logró recapturar a Alejandro Schmittlein, mientras intentaba escapar en una camioneta Amarok blanca por un campo ubicado a la vera de la Ruta Nacional 8, entre las localidades de Carmen y Murphy. Los 5 presos restantes siguen prófugos por el momento, y la Justicia de Santa Fe ya ordenó la captura internacional.

Mientras tanto, la provincia de Santa Fe busca a los responsables de este hecho y las instituciones se culpabilizan unas a otras. Por este motivo, la Legislatura convocó a Walter Gálvez y Jorge Bortolozzi –secretario y subsecretario de Asuntos Penitenciarios- para que den explicaciones sobre lo sucedido.

Las comisiones que los citaron fueron la de Seguridad de la Cámara de Diputados y la de Derechos y Garantías, presididas por el radical Juan Cruz Cándido y la socialista Lionella Cattalini, respectivamente, y el encuentro será mañana (30/6).

“La situación que se generó con el ataque a balazos y la posterior fuga de ocho presos es de una gravedad extrema, es la segunda fuga en un mes por eso queremos trabajar en conjunto con el secretario Gálvez y el subsecretario Bortolozzi” expresó Cándido a la prensa local.

“Queremos que informen qué fue lo que falló para que esto ocurriera. Qué se hizo con las alarmas previas que hubo alrededor de Piñero el año pasado. Hubo conflictividad interna, con motines y en mayo de este año fue la fuga de detenidos escondidos en un carrito de supermercado. Días antes hubo sobre la ruta 14, cerca de la cárcel, un tiroteo que podría estar vinculado a lo que ocurrió este último domingo", señaló el legislador.

“Desde noviembre de 2019 que no se abre un lugar para alojar detenidos, y eso también explica la cantidad de presos en Piñero; desde el 83 al 2007 se generaron 500 plazas penitenciarias, de 2007 a 2019 se generaron 2800 plazas; en este año y medio, cero”, expresó Cándido.

Lionella Cattalini se manifestó en la misma línea que Cándido, pero apuntó directamente contra el Gobierno de Omar Perotti: “En los primeros tres meses de 2021, el gobierno provincial gastó apenas el 4,5% del presupuesto para obras y mantenimiento de cárceles. El gobierno le echa la culpa a la oposición o a gestiones anteriores de una situación que le compete desde hace un año y medio”.

“El gobierno ejecutó el 39 por ciento del presupuesto que le aprobó la legislatura para el mantenimiento de las cárceles, se podrían haber comprado más cámaras de vigilancia, o en el caso del penal de Piñero, haberse construído un muro perimetral”, aseguró la legisladora.

“En doce años de gobierno socialista se crearon 1.700 plazas carcelarias. El gobierno de Santa Fe decidió no invertir en cárceles cuando tenía los recursos para hacerlo, subejecutó el presupuesto y no le puso la atención necesara a una problemática tan importante en la provincia”, concluyó Cattalini, enalteciendo al Partido Socialista (al cual pertenece) y criticando a la gestión actual.

“Siempre en casos como este la oposición plantea su postura de una manera muy taxativa, y con poca memoria de lo que ha sido la última década”, contestó indirectamente a las acusaciones de Cattalini la diputada provincial Lucila De Ponti (PJ), y así se abrieron los reproches de culpabilidades entre un gobierno y otro.

Sin embargo, los legisladores no son los únicos interesados en el tema. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), advirtieron que se investigará si hubo "responsabilidades políticas o administrativas" en la fuga de los ochos reclusos.

La fiscal regional María Eugenia Iribarren dialogó con la prensa rosarina y expresó que en las cárceles "no hay una contención como debería ocurrir. Nosotros hacemos todo el esfuerzo por esclarecer hechos, condenar personas, meterlos presos y después vemos que dentro de las cárceles se siguen cometiendo delitos porque hay una contención interna".

"Hay que hacer una modificación completa de la perspectiva de lo que es el servicio penitenciario", dijo Iribarren y además adelantó que se abrirá otra investigación "para ver cuáles son las responsabilidades políticas sobre lo que ocurrió, y si hay, una explicación". 

 

 

 

 

 

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