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CÓRDOBA-COLOMBIA

El cartel de la toga: quiso comprar jueces, pero la DEA confirmó con escuchas el caso de corrupción

El Cartel de la toga es un caso de corrupción judicial y política de Colombia, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de fiscales anticorrupción, obtenían dinero a cambio de demorar o desviar procesos en contra de quienes sobornaban. Se destapó en 2017, y es considerado un caso ejemplar de disfuncionalidad judicial del Estado Colombiano. Hoy 27/05 vuelve a ser noticia, cuando se supo que las escuchas sobre esa causa de corrupción recaudadas por la DEA, fueron enviadas a la Corte Suprema de Justicia.

Hace más de 2 años, en junio de 2017, con la captura del jefe Anticorrupción de la Fiscalía colombiana, estalló el escándalo del cartel de la toga. El detonante fue una grabación de la DEA en Estados Unidos de conversaciones entre el exgobernador de Córdoba (Colombia) Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinill, a de las que se dedujeron peticiones de dinero a Lyons para que los procesos en su contra por corrupción no avanzaran en el ente investigador.

Hoy la noticia vuelve a ser la grabación de la justicia norteamericana.

Hace algunos meses se discutía por qué la Fiscalía envió fragmentos y no completos, los audios obtenidos por la DEA en el proceso que por corrupción dejó extraditado a Luis Gustavo Moreno y que puso al descubierto el llamado "cartel de la toga".

El fiscal encargado Fabio Espitia explicó que existía algunas restricciones de la justicia de los Estados Unidos para compartir la información, pero con la condena a Gustavo Moreno esa restricción se levantó.

La semana pasada la Fiscalía recibió una solicitud de la Corte Suprema de Justicia para obtener el material probatorio y la Fiscalía cumplió.

La información completa en audio, video, documentos y comunicaciones electrónicas recaudadas por la DEA en el marco de la investigación que se adelantó en el caso del exgobernador Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla, acaban de ser enviadas en su totalidad a la Corte Suprema de Justicia. 

La decisión de aportarla a este tribunal fue anunciada por el fiscal general  de ese país (e) Fabio Espitia, quien recibió una solicitud el pasado viernes de parte de la Sala de Instrucción de ese alto tribunal para que hiciera el traslado completo. 

Sin embargo, la filtración de las escuchas han sido cuestionadas en ese país en varias oportunidades, por ejemplo, y aunque el caso es de 2017, la semana pasada un periodista colombiano cuestionó que las grabaciones hubieran sido cortadas y se desconocieran por la opinión pública fragmentos en donde, por ejemplo, se mencionaba al exfiscal general colombiano (Néstor Humberto Martínez).

Las escuchas se tratan de un tema de colaboración internacional sumamente sensible, y la Fiscalía no contaba con la autorización para dar a conocer esto sin la contraparte, que es Estados Unidos. "Los procesos federales ya se cerraron, y Estados Unidos nos manifestó que no hay inconveniente".

Por cuenta de estas evidencias se abrieron una totalidad de 41 noticias criminales, de las cuales hay una sentencia condenatoria, 2 procesos en juicio, 3 preparatorias de juicio, un caso con audiencia de formulación de acusación y 7 archivos. 

"Durante el tiempo que permanecieron a disposición de la Fiscalía, estuvieron asegurados bajo cadena de custodia y protegidos para no afectar el curso de las investigaciones, y solo fueron utilizados los fragmentos pertinentes, tal como ha sido señalado por la jurisprudencia nacional".

Como consecuencia de estas grabaciones se adelantan los procesos de juzgamiento contra dos exmagistrados: Francisco Ricaurte y Gustavo Malo. También, la Comisión de Acusaciones deberá definir esta semana si acusa o no al exmagistrado Leonidas Bustos. 

 

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