Ecuador y la Argentina avanzan en la creación de un Ciadi paralelo
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, había anticipado que en el 2013 propondrá un tribunal penal sudamericano para que sea debatido por los países miembros de la Unasur. A la Argentina le fascina esa idea.
21 de enero de 2013 - 11:52
En diciembre de 2012, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) informó de la designación del Comité ad hoc que conocerá la solicitud de anulación presentada en octubre por Ecuador a la resolución (laudo) de un tribunal arbitral, que condenó al país al pago de una indemnización superior a US$ 1.700 millones a la petrolera OXY, según había informado la agencia informativa Los Andes.
La sanción había ocurrido como consecuencia de la declaración de caducidad del contrato de la empresa estadounidense que operaba en el Bloque 15, en 2006.
El tribunal del Ciadi que dictó el fallo habría incurrido "en graves errores en el momento de valorar los hechos y aplicar el derecho, así como el exceso en sus competencias al tomar decisiones sin motivación o con motivación insuficiente o contradictoria, que violaron las reglas fundamentales del procedimiento del mismo Convenio CIADI”, argumentó el Estado ecuatoriano para sustentar su pedido de anulación.
La procuraduría General del Estado manifestó a través de un comunicado que la designación del Comité, “abre la posibilidad de que se corrijan los graves errores de los que adolece el laudo emitido por el Tribunal el 5 de octubre, cuyas inconsistencias pusieron en tela de duda la credibilidad e imparcialidad de todo el Sistema de Arbitraje Internacional de Inversiones”.
Sin embargo, el 12/06/2009, Ecuador renunció al Ciadi como organismo de arbitraje de diferencias sobre inversiones, una vez que el ‘Congresillo’ aprobó un pedido del presidente Rafael Correa de retirarse del Tratado, suscrito en el 2001.
En ese momento, la votación duró menos de 30 minutos, y el argumento para dejar sin efecto la suscripción del documento fue porque a su criterio viola el artículo 422 de la Constitución.
La petición fue aprobada con 50 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones.
Rafael Estévez (antes de PSP), advirtió a la sala que una vez aprobado el retiro o denuncia del Ecuador al Ciadi, recién causará efecto seis meses después de aprobada la decisión por el legislativo.
Argentina
En la Argentina, el tema de la deuda que generan obligaciones incumplidas provoca novedades a diario.
Este viernes 25/01, un grupo de inversores que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, entre ellos Elliott Management y Aurelius Capital, debe presentar su alegato ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Insistirán con el pago del 100% de sus papeles y al contado. El Gobierno responderá el 01/02. La audiencia será el 27/02, cuando esa corte dará su resolución definitiva en torno a la disputa, confirmatoria o denegatoria de la fórmula de pago que ordenó el juez Thomas Griesa, anticipó el diario Ámbito Financiero.
A su vez, el tema Ciadi preocupa mucho a las autoridades argentinas, por sus consecuencias, mientras permanece la decisión de no pagar un volumen que sigue creciendo.
El gobierno argentino apoyará un proyecto que impulsa Ecuador a nivel regional y que será debatido en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se realizará el próximo fin de semana en Chile a través del cual los países que integran el bloque sudamericano buscarán dejar de someterse a la decisión de tribunales arbitrales internacionales, como el Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI) que depende del Banco Mundial o de otros organismos supranacionales, informó el diario El Cronista Comercial.
"El kirchnerismo buscará además este año mediante una ley que se enviaría al Congreso la anulación de 59 tratados bilaterales de inversión que establecen al CIADI como fuero para la resolución de disputas entre el Estado argentino y las multinacionales. El dato no es menor, porque la Argentina enfrenta actualmente a 43 demandas en este tribunal, en las cuales las empresas demandantes (la última en presentarse fue Repsol) le exigen al país indemnizaciones por unos u$s 65.000 millones. Y entre estos 43 casos hay cinco en los que el CIADI ya emitió laudos finales contra la Argentina, que el país no acató", agregó el matutino.
"El sustento jurídico para reclamo de nulidad de los tratados internacionales que presentaría el Gobierno está referido al artículo 27 de la Constitución. Éste indica que no puede firmarse ningún acuerdo o tratado internacional que afecte los intereses nacionales. El proyecto del Gobierno buscaría anular el artículo 1 del actual Código Civil y Comercial, porque da la posibilidad al Estado nacional de someterse a una ley extranjera para lograr inversiones. Esta fue una modificación introducida por José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura, para someter al país a la ley del estado de Nueva York. El cambio vendría dentro del anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial que comenzó a discutirse a fines del año pasado en el Congreso y que este año podría ver la luz", se recordó.
"El Gobierno quiere que en el futuro las disputas entre empresas extranjeras y la Argentina se diriman en los juzgados argentinos, o en un centro de disputas a establecerse en Sudamérica, la iniciativa que impulsa Ecuador", se anticipó.
Proyecto ecuatoriano
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, había anticipado que en el 2013 propondrá un tribunal penal sudamericano para que sea debatido por los países miembros de la Unasur.
"Ya tenemos un texto base, pero a finales de noviembre tendríamos un contenido más sólido. Esperamos presentárselo el próximo año a los presidentes para que se sumen a este esfuerzo", dijo Chiriboga en Madrid a fines de 2012, durante una visita a las autoridades judiciales españolas.
Según el fiscal ecuatoriano, ya se ha redactado un borrador del proyecto y se han identificado 7 delitos comunes que están afectando a la región por igual. "La propuesta de esta corte penal es darles un mismo concepto y un mismo tratamiento de pena" a delitos como el narcotráfico, el blaqueo de activos y la trata de personas, entre otros, ha aclarado Chiriboga. El proyecto también contempla una mayor coordinación de la Policía de los países suramericanos.
El fiscal ha aclarado, sin embargo, que ningún país suramericano se ha pronunciado a favor o en contra de la propuesta, aunque a su juicio, no tendría ningún rechazo pues "buena parte de los tipos penales ya están en la legislación de los países", ha manifestado.
Chiriboga ha subrayado que "hay un ambiente favorable" para la discusión del proyecto y que éste "es un proceso que recién empieza".




