El funcionario de la CNEA que ‘zafó’ de un procesamiento por estafa al Estado

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El primer Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó la semana pasada la Presidente, Cristina de Kirchner, incluye importantes reasignaciones presupuestarias para el área de energía. Uno de estos destinatarios, con $30 millones para "financiar la compra de uranio en mercados internacionales y la puesta en marcha de diversos yacimientos", es la empresa estatal Dioxitek, que se hiciera conocida por estafar al Estado en  $6.100.000. La acciones de Dioxitek están repartidas en un 99% propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en un 1% propiedad de la provincia de Mendoza. La estafa, (cuyo procedimiento fue similar al del Caso Skanska: un fideicomiso, una empresa no habilitada y facturas 'truchas') le costó el puesto y su procesamiento al por entonces presidente de la CNEA, José Abriata, a su vice Carlos Rey y al por entonces presidente de Dioxitek, Santiago Morazzo. Durante la investigación fue suspendido de su cargo el gerente general de la CNEA, Carlos Rubén Calabrese, quien, según el informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que dio inicio a la causa, habría estado directamente vinculado con el delito. Sin embargo, y tal como se señala en el sitio Web de la CNEA, Calabrese continúa en el cargo. La maniobra que dio origen a este expediente se remonta a 2006, cuando la CNEA firmó un convenio con Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la empresa pública responsable de terminar Atucha II. La Comisión debía recuperar la "capacidad técnica" y brindar su asistencia para poner en marcha la central nuclear. A cambio, recibió $6.100.000 millones. Pero la CNEA no cumplió con lo pactado. Argumentó que para respetar los cronogramas y terminar la central a tiempo necesitaba subcontratar a otra empresa. Recurrió, entonces, a Dioxitek SA. Le transfirió las obligaciones y el dinero. De acuerdo con el fallo de la jueza María Rumilda Servini de Cubría, con este desvío se defraudó al Estado. "Al poner el dinero en cuestión dentro de la órbita de disposición de Dioxitek, se garantizó la libre utilización del mismo sin control alguno", afirmó. Según el informe de la Sigen esta maniobra fraudulenta estaba directamente ligada a la gerencia de la CNEA, que manejaba y sigue manejando Calabrese. El texto indica "sobre la base de acuerdos con la Gerencia General de CNEA, Dioxitek realizó distintas contrataciones para la adquisición de bienes y prestaciones de servicios (...) supuestamente relacionados con las acciones" del convenio de colaboración firmado entre ambas para la finalización de Atucha II. Calabrese ha logrado evitar su paso por tribunales. Carlos Rubén Calabrese es una persona muy ligada al poder. Según consigna un artículo del diario Perfil del 24 de noviembre de 2007, al funcionario "no sólo le gusta el poder, sino también que los demás sepan cuánto tiene. Por eso, no muestra empacho en ir por los pasillos de los entes atómicos argentinos comentando en voz alta su estrecha relación con Francisco "Paco" Larcher (el nº 2 de la SIDE kirchnerista). También es excéntrico a la hora de explicar por qué es mejor que los fondos de la Comisión Nacional de Energía Atómica los administre su socio y amigo Santiago Máximo Morazzo (hoy procesado por la estafa de Dioxitek), haciendo oídos sordos a las sugerencias de la Sigen". Calabrese ya estuvo involucrado ante la Justicia por otro hecho de irregularidades mientras dirigió el Centro Nuclear de Ezeiza. En 2005, durante su gestión y tras numerosas denuncias,  comenzó una investigación entorno al Centro por supuesta falta de control sobre los residuos nucleares y su efecto en el medio ambiente. El dictamen de un perito oficial señaló "la existencia de una importante contaminación, proveniente de las actividades del Centro Atómico Ezeiza, que ha afectado las aguas subterráneas de la región a nivel tal que impide su uso como bebida humana". La zona afectada abarca parte de los partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza. El peritaje se efectuó por pedido del juez federal Alberto Santa Marina en una causa por "presunta infracción a los artículos 200 y 207 del Código Penal", que reprimen la contaminación de fuentes de agua potable, en este caso el subacuífero Puelche. El especialista tomó muestras de agua de pozos en zonas próximas al Centro Atómico y detectó "una extensa e intensa contaminación de uranio disuelto que supera los límites para el agua de bebida en dos grandes áreas, una de las cuales tiene aproximadamente 2500 hectáreas". Encontró también emisores de radiaciones alfa "en un área de aproximadamente 600 hectáreas" y "contaminación por emisores beta en el 52 por ciento de los pozos muestreados". En 2007 la investigación se vio paralizada por falta de fondos para realizar nuevos estudios.