Inseguridad jurídica: Un tema muy argentino

por ROGELIO NUÑEZ

 

GUATEMALA (Especial para Infolatam)-. Argentina se ha convertido en un recurrente y constante dolor de cabeza para las inversiones extranjeras, especialmente las españolas. Si los años '90, marcados por la figura de Carlos Menem, fueron la edad de oro de las IED, desde 2003, con la llegada de los Kirchner la inseguridad jurídica ha vuelto rondar el nombre de Argentina.

 

Hace 20 años la mayoría de los países de América latina emprendió la senda de la ortodoxia macroeconómica y del apoyo a las inversiones extranjeras. Destacaron en ese aspecto el México de Carlos Salinas, el Brasil de Fernando Henrique Cardoso, el Chile pinochetista y postpinochetista, el Perú de Alberto Fujimori, la Guatemala de Álvaro Arzú y, sobre todo, la Argentina menemista.

 

En la siguiente década, la primera del siglo XXI, varias naciones se desprendieron de ese carro: la Venezuela de Hugo Chávez encabezó una lista que luego siguieron Rafael Correa en Ecuador, y en especial Evo Morales en Bolivia, quien en 2006 nacionalizó los recursos petroleros.

 

La Argentina de Néstor Kirchner encarnó una reacción contra todo lo que había sido el proyecto menemista. Y las inversiones extrajeras, la mayoría españolas, empezaron a ser objeto de duras acusaciones y a recibir fuertes críticas desde el oficialismo kirchnerista. Se fomentó de esa manera una sensación de creciente de inseguridad jurídica, muy vinculada a una larga tradición histórica en este país.

 

En este sentido, el analista Martín Krauze considera que “la inseguridad jurídica es una de las principales causas por las que la Argentina ha mostrado un pobre desempeño económico en el último siglo. Otras causas incluyen los graves errores de política económica tales como controles del tipo de cambio combinados con elevados déficits fiscales, fuerte endeudamiento público, políticas de excesiva expansión monetaria, elevado proteccionismo, subsidios por doquier, altos impuestos y una pesada estructura burocrática estatal.  Por estas razones la economía argentina no ha podido aprovechar los períodos de bonanza internacional como hubiera podido, al tiempo que ha sufrido todas las con ecuencias de las crisis internacionales, sumadas, por supuesto, a las propias”.

 

 

El último caso en el cual el retorno de la inseguridad jurídica se ha hecho presente en Argentina le ha afectado a Repsol, que en los últimos meses ha visto planear la posibilidad de una nacionalización. Esta empresa española posee más del 57 por ciento del capital accionario de  YPF.

 

El escritor y periodista uruguayo Raúl Vallarino en su día ya denunció en su libro, “El caso Aerolíneas Argentinas. La verdad oculta de un engaño” que “la trama de Aerolíneas es de gran complejidad, con muchas actuaciones extrañas que terminaron perjudicando a muchos bolsillos españoles y en la que la Administración del matrimonio Kirchner aparece manejando los hilos”,

 

La gestión de Marsans y Air Comet al frente de Aerolíneas Argentinas se vio frustrada por una sucesión de huelgas y movilizaciones sindicales, dirigifdas por el sindicalista Ricardo Cirielli, hombre cercano al kirchnerismo.

 

“A este funcionario de los sindicatos que actuaba en contra de los intereses de Marsans se le nombra subsecretario de Transporte, algo inédito”. Según Valarino “no pensaban que Aerolíneas, adquiridas por Marsans, pudieran tener éxito. Pero cuando vieron que sí, una vez que se produjo la intervención española, entonces el interés del Gobierno argentino cambia”.

 

Esa connivencia entre el Gobierno de Cristina Kirchner y los sindicatos, explica Vallarino, los errores cometidos por Marsans y la “ingenuidad” del Ejecutivo español, desembocaron en la expropiación de 2008. En aquel entonces Jorge Molina, subgerente general de Aerolíneas y Austral por Marsans, denunciaba que se estaba encendiendo “una luz roja para las inversiones españolas en la Argentina. Estamos rozando la inseguridad jurídica en el país”.

 

Ese espectro de la inseguridad jurídica ha afectado a otros intereses aparte de los españoles.

Arturo Valenzuela, entonces subsecretario para Asuntos del Hemisféricos de la Cancillería norteamericana, comentaba que se había juntado “con empresarios. Fue una reunión interesante. Noté algo distinto a otra reunión que había tenido en 1996también cuando cumplía funciones para mi país. En aquella oportunidad había interés en realizar inversiones, ahora manifestaron preocupación por la inseguridad jurídica y algunos manejos económicos”.

 

Valenzuela dijo haber detectado entre los empresarios de EE.UU. preocupación por la “inseguridad jurídica en Argentina”, A eso añadió que hay inversiones que no se producirán si no se dan ciertos cambios en la situación de la economía que no detalló.

 

El ministro del Interior Florencio Randazzo defendió la institucionalidad de Argentina y dijo que se dejó atrás “la etapa en la que venía un funcionario de otro país a decirle al nuestro cuáles eran las garantías que pretendían en beneficio de sus intereses”.

 

 

Sin embargo, otras decisiones del gobierno kirchenrista ahondaron la preocupación sobre la seguridad jurídica en este país. Por ejemplo la decisión de eliminar los fondos privados de pensiones (AFJP) y de trasvasar el dinero acumulado al sistema oficial de seguridad social (Anses).

 

En 2008, el Gobierno argentino nacionalizó las administradoras de jubilaciones y pensiones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y de otras entidades financieras internacionales con presencia en el sistema de la seguridad social del país suramericano desde 1994.

 

La estatización del sistema privado de capitalización, vigente desde hace 14 años, le permitió al gobierno recaudar los aportes de los cerca de 3,6 millones de trabajadores afiliados a las AFJP por unos 15.000 millones de pesos (unos 4.630 millones de dólares) anuales.

 

El Estado maneja así desde entonces los fondos acumulados estos años por los afiliados en sus cuentas y que fueron invertidos por las AFJP, una capitalización estimada en cerca de 97.000 millones de pesos (casi 30.000 millones de dólares).

 

La presidenta Cristina Kirchner anunció con un discurso de corte estatista y muy duro con las empresas privadas el final de “Consolidar” -la compañía de retiros del BBVA- así como de todas las otras AFJP:  ”estamos ante un final de época a nivel mundial y esto que estamos haciendo hoy aquí es una decisión estratégica…Allí están los Estados para hacerse cargo de políticas que pueden ser calificadas de erróneas pero que yo me atrevo a calificarlas de políticas de saqueo”.

 

“Nadie invierte en Argentina”

 

¿Qué consecuencias han tenido todos estos casos para las inversiones extranjeras en Argentina?

 

Ramón Casilda, del  Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, habló con Infolatam y fue categórico al considerar que “las señales que el gobierno argentino envía a los inversores no son las más adecuadas y tiene unas consecuencias evidentes: las grandes inversiones ya no se dirigen hacia Argentina. Ni van, ni se les espera”.

De hecho, Alfredo Arauhetes Profesor propio agregado de Economía Internacional y, en la actualidad, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas, apunta que las inversiones españolas en Argentina pasaron de representar más del 32% en los 90 (segundo destino tras Brasil con el 37%) a tan solo el 14% desde 2001 (tercer destino tras México y Brasil).

 

Para Casilda “nadie invierte nada en Argentina porque allí no se respeta la seguridad jurídica. En Brasil no se juega con la seguridad jurídica . Hay otros riesgos, como la inflación, pero la seguridad jurídica no se toca y por eso a Brasil sí van las inversiones”.

 

Ramón Casilda cree que el gobierno kirchnerista ha apostado por financiar sus generosas subvenciones apretando las tuercas a las empresas extranjeras. Fue lo que ocurrió con las pensiones y ahora con Repsol. En ese contexto “las IED que deciden jugarse el tipo a largo plazo por un país claramente se retraen de hacerlo en Argentina”.

 

De todas formas, y más allá de estos casos, el problema en Argentina excede el de las nacionalizaciones pues como apunta Krauze “la inseguridad jurídica está presente en muchos otros: las normas cambiarias y la manipulación del tipo de cambio, los impuestos, los blanqueos o moratorias, el tratamiento de los ahorros previsionales, la regulación de los servicios públicos, etc”.