Cristina en Malvinas: ¿Soberanía o crisis económica?

por JAIME DAREMBLUN

 

 

WASHINGTON DC (The Weekly Standard). En 1982, la junta militar de derecha que gobernaba la Argentina lanzó una repentina invasión a las Islas Malvinas, el archipiélago del Atlántico Sur que ha sido una posesión británica desde 1833. La invasión fue motivada por un deseo de distraer la atención de graves problemas económicos del país, incluyendo la hiperinflación y la fuga masiva de capitales.

 

Todos sabemos lo que pasó después: Margaret Thatcher envió tropas para recuperar las islas por la fuerza, la victoria británica posterior impulsó su popularidad en el Reino Unido, mientras que debilitó aún más a la junta militar de la Argentina, y para finales de 1983, la democracia constitucional había sido restaurada en Buenos Aires.

 

Desde entonces, sin embargo, los gobiernos elegidos democráticamente en la Argentina periódicamente han jugado la carta de las Malvinas para conseguir apoyo interno y mejorar su posición diplomática en América Latina. Este año se cumple el 30º aniversario de la guerra, y, tal como era de esperar, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, una vez más está acosando a los isleños, con la ayuda de los países vecinos. 

 

En diciembre, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), inspiración de Hugo Chávez, votó unánimemente a favor de aprobar "los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas / Falkland".

 

Unas pocas semanas después de la cumbre de la CELAC, una cumbre del Mercosur, el grupo comercial del que participan la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acordó formalmente adoptar "todas las medidas que se pueden ejecutar para impedir el ingreso a sus puertos de buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas" (Falkland Islands).

 

Como si Buenos Aires necesitara más estímulo para blandir sables, la Administración del presidente Obama lo proporcionó el 20/01, cuando un funcionario del Departamento de Estado fue consultado sobre el conflicto de Malvinas. "Éste es un tema bilateral que debe ser resuelto directamente entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido", dijo el funcionario. "Exhortamos a ambas partes a resolver sus diferencias mediante el diálogo en los canales diplomáticos normales. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no tomamos posición alguna respecto a la soberanía."

 

Desde la perspectiva británica, estos comentarios fueron muy decepcionantes, pero no del todo sorprendentes, dada la historia de Obama sobre el tema. Desde una perspectiva argentina, los comentarios representaron un gran triunfo diplomático.

 

"El hecho de que el gobierno de Estados Unidos no reconoce la reivindicación de la soberanía británica sobre las islas demuestra que es necesario que el Reino Unido se siente a la mesa de negociación con nuestro país, para abrir un diálogo bilateral", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman. "Estamos seguros de que todos los de América Latina ven con satisfacción la posición adoptada por los Estados Unidos en Malvinas".

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(Timerman, por cierto, es el mismo hombre que acusó a Estados Unidos de operar escuelas de tortura, algo que ayudó a provocar una crisis en las relaciones entre la Argentina y USA a causa de la rutina de ejercicios de entrenamiento militar; y que, al parecer, se ofreció a suspender las investigaciones de 2 iraníes sospechosos de participar en Ciudad de Buenos Aires de atentados terroristas, a cambio de concesiones económicas de Teherán.)

 

Londres se encuentra claramente alarmado por la reciente escalada retórica de la Argentina, y también por el éxito de la ofensiva diplomática de Timerman en todo el Hemisferio Occidental. (El canciller argentino viajó recientemente a Centroamérica, y posteriormente se informó que "el apoyo de los países de América Central [en las Malvinas] fue excelente.")

 

El gobierno británico ha reforzado su presencia militar en las Malvinas, y el primer ministro, David Cameron, ha reprendido a Buenos Aires por sus provocaciones al mismo tiempo rechazando las acusaciones de que la política británica es colonialista. "Lo que los argentinos han estado diciendo recientemente, en mi opinión, se asemeja más al colonialismo, porque estas personas" -los habitantes de las islas- "quieren seguir siendo británicos y los argentinos quieren que hagan algo más".

 

No nos equivoquemos: tal como ocurrió con el régimen de Galtieri en 1982, el gobierno de Kirchner apunta, deliberadamente, a avivar un conflicto con Gran Bretaña con el fin de desviar la atención pública de los problemas internos. La tasa de inflación de la Argentina no es tan alta hoy como lo era hace 30 años, pero sigue siendo de las más altas del mundo. Buenos Aires ha 'dibujado' sus estadísticas de inflación y otros indicadores económicos, con la esperanza de ocultar la magnitud del problema, pero los inversionistas extranjeros no han sido engañados.

 

Ya en septiembre (2011), el gobierno dio un paso más allá en el maquillaje de los números: el juez Alejandro Catania citó a varios diarios argentinos, exigiendo que les entregaran la información de contacto de los periodistas que habían escrito o editado artículos sobre la evolución de la inflación. El juez Catania también fue, después, detrás de  consultores privados que habían suministrado datos económicos legítimos a instituciones como el FMI. Sus acciones llevaron al erudito Walter Russell Mead, del Consejo de Relaciones Exteriores, a escribir que "los accionistas deben ser capaces de demandar a la gestión de cualquier empresa que pone dinero en la Argentina. Es difícil pensar en medidas que resulten una advertencia más inconfundible de la deshonestidad y la crisis que se avecina. Nada ni nadie puede estar seguro en un país donde se hacen semejantes cosas."

 

La persecución de Kirchner a periodistas económicos hostiles ha sido parte de una gran campaña para intimidar a los periodistas argentinos acerca de la crítica a su gobierno. Una recién promulgada Ley de Medios ampliará su control sobre la prensa, y una recién promulgada Ley Antiterrorista podría permitir al Estado encarcelar a personas por hasta 15 años "a causa de actividades tan diversas como participar de marchas de protesta o retirar dinero de los bancos", de acuerdo a Reuters. 

 

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, ha advertido de que con el tiempo puede ser utilizada "en contra de la protesta social y contra los sindicatos", y agregó que "el país no necesita esta ley anti-terrorista".

 

En vez de enfrentar los temores bien fundados acerca de los medios de comunicación y de las leyes contra el terrorismo, el gobierno de Kirchner ha optado por crear una histeria nacionalista sobre las Islas Malvinas. Debemos tener en cuenta uno de los motivos importantes para su comportamiento: Los británicos han aumentado sus actividades de exploración petrolera en todo el archipiélago, y "fuentes de la industrtia del petróleo en Malvinas/Falkland", dijeron recientemente a MercoPress que la exploración inicial fue un enorme éxito". Es innecesario decir que los grandes descubrimientos de petróleo podrían aumentar las apuestas en el conflicto de Malvinas.

 

Como el conflicto continúa, Gran Bretaña debería reconocer los motivos del ruido de sables desde la Argentina: una estratagema política transparente de un gobierno cada vez más autocrático, cuyas políticas internas reducen la libertad, desatan una inflación alta, provocan la fuga de capitales enorme, y crean las condiciones para una crisis económica .