La empresa AES Corporation, una estadounidense controlante en la Argentina de la represa hidroeléctrica Alicurá, presentó una demanda en una corte de Washington para obtener el reconocimiento de un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que condenó al país a pagar US$732 millones.
AES CORPORATION
El CIADI, otro millonario reclamo a la Argentina y posible embargo (¿y Alicurá en parte de pago?)
La sociedad controlante de la represa Alicurá es del grupo AES, el mismo que presentó una demanda en una corte de USA para que se le reconozca un fallo del CIADI, y Argentina pague una sentencia por US$732 millones.
05 de agosto de 2025 - 11:00
No descartan que Javier Milei entregue en parte de pago la represa Alicurá, que busca privatizar.
Además, la firma solicitó también autorización para ejecutar la sentencia en USA.
El motivo del juicio, perdido por la Argentina, se origina en un reclamo iniciado en diciembre de 2002, tras la pesificación de los contratos de concesión de Alicurá, la represa ubicada sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro.
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AES alegó que la modificación unilateral de las condiciones contractuales, que establecían ingresos en dólares, generó pérdidas significativas para los concesionarios.
Inicialmente, la compañía reclamaba US$1.814 millones, suma que con intereses podía alcanzar los US$2.500 millones. El caso fue presentado ante el CIADI conforme a lo previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y Estados Unidos, firmado en 1991.
Cómo será el proceso
Según explicó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, una vez que la corte de Washington reconozca el fallo, Argentina podría apelar utilizando argumentos legales aún no definidos.
Según la versión que circula, la Procuración del Tesoro analiza presentar antes de septiembre un recurso de anulación que, de prosperar, suspendería su ejecución.
Sin embargo, la reciente presentación judicial en USA por parte de AES busca acelerar el cobro. Pero el proceso de ejecución podría extenderse en el tiempo, ya que es necesario identificar activos para embargar, obtener autorización judicial y formalizar las solicitudes de embargo.
Maril indicó que este tipo de procedimientos se orientan a abrir una instancia de negociación entre las partes. En ese contexto, planteó que el Gobierno podría ofrecer activos vinculados a empresas energéticas o a la represa Alicurá como parte de pago:
No descarto que el presidente Milei, cuando busque privatizar esas energéticas o las reservas de Alicurá, las dé como parte de pago o como pago
Otros 6 juicios en el CIADI (más allá de YPF)
El caso de AES forma parte de un conjunto de demandas internacionales contra la Argentina en el CIADI, que en total suman aproximadamente US$1.500 millones, sin contar el juicio de YPF, donde Burford Capital reclama US$16.100 millones.
Los casos en curso son 6: el de BA Desarrollos LLC, que reclama US$58,3 millones por la escrituración de terrenos del proyecto Catalinas Norte II. El proceso se encuentra en la etapa de intercambio de escritos; Abertis Infraestructuras, que demanda por US$295,7 millones por la supuesta ruptura del régimen tarifario de AUSOL y GCO. El caso sigue sin laudo.
También IJM Corporation Berhad exige US$51,1 millones por cambios contractuales en GCO. El expediente está abierto, sin decisión final; Webuild (ex Salini Impregilo) obtuvo un laudo en abril de 2025 por US$152,6 millones, en el marco de un conflicto por su participación en Puentes del Litoral S.A.
Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. reclama SU$157 millones por la eliminación del sistema de capitalización de las AFJP, y el caso está pendiente de resolución.
Casinos Austria GmbH y Casinos Austria AG recibieron un laudo por US$21,6 millones tras la revocación de la licencia de ENJASA en Salta. En este caso, se analiza actualmente un pedido de anulación.
De todas maneras, remarcó Sebastián Maril, que ninguno de los casos restantes está lo suficientemente avanzado como para prever una sentencia firme a corto plazo. Además, los procesos en el CIADI suelen extenderse durante años, con tiempos de resolución lentos y etapas prolongadas de deliberación.
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