Argentina pidió "reconsiderar" la entrega de mensajes ligados con YPF

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La magistrada aceptó el pedido de los demandantes por la expropiación de YPF, que consistía en entregar los mails en poder de los ministros en cada administración.

El argumento oficial es que "el Estado no tiene en su poder los dispositivos solicitados, porque, no les pertenecen".

La Procuración del Tesoro señaló la semana pasada que

Evaluaba las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes Evaluaba las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes

Escrito de la Argentina

En este caso, el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República En este caso, el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República

Y sostiene que

Los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios Los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios

Por el contrario, aclara que

La legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador, La legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador,

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