CIUDAD DE BUENOS AIRES (Uegente24). Según informa el CIJ, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública que se realizará el próximo 16 de marzo, a las 10, en el marco de la ejecución de la sentencia del Máximo Tribunal en la causa “Mendoza”, donde ordenara en el año 2008 la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.
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La Corte convocó a audiencia pública para sanear el Riachuelo
El Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad fueron citados para el 16 de marzo próximo. Es para que el Máximo Tribunal tome conocimiento integral del estado de avance de las obligaciones establecidas en el fallo “Mendoza”
22 de febrero de 2011 - 07:39
Fueron citados el Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
De acuerdo a la resolución de la Corte, la audiencia tiene como objetivo que “el Tribunal tome conocimiento inmediato e integral de todas las circunstancias concernientes al genuino estado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el fallo, sobre la base de los informes orales que deberán efectuar personalmente ante este estrado los más altos funcionarios responsables de cada una de las jurisdicciones alcanzadas”.
El “Fallo Mendoza" del 8 de julio de 2008, ordenó "la recomposición y prevención del daño al medio ambiente existente en el ámbito de la cuenca" y "un programa de objetivos y resultados cuyos contenidos y plazos fueron establecidos con precisión respecto a cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria".
La Corte reconoció que "las medidas informativas y el pronunciamiento ordenatorio adoptados con aquel objetivo por esta Corte durante el año 2010 han representado un incentivo para profundizar la ingente función que viene desempeñando el titular del Juzgado Federal de Quilmes", Luis Armella, en quien fue delegado el seguimiento del cumplimiento del fallo.
La Corte reconoció que "las medidas informativas y el pronunciamiento ordenatorio adoptados con aquel objetivo por esta Corte durante el año 2010 han representado un incentivo para profundizar la ingente función que viene desempeñando el titular del Juzgado Federal de Quilmes", Luis Armella, en quien fue delegado el seguimiento del cumplimiento del fallo.
Fue Armella quien la semana pasada dictó embargo contra la empresa Centro Internacional de Contenedores (CICSA), ubicada en el barrio porteño de Barracas por $ 120.000 por no liberar el llamado “camino de sirga”, pese a haber sido intimada en varias oportunidades. El monto obedece a los gastos necesarios para cubrir los gastos de remoción de los objetos que se encuentren en el lugar.
Pero aún así y ante la situación que atraviesa el plan de saneamiento, "la realización de una audiencia pública con todas las partes que tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones impuestas constituye un provechoso instrumento para que el Tribunal tome conocimiento inmediato e integral de todas las circunstancias concernientes al genuino estado del cumplimiento".
En la nueva audiencia pública también "tomará intervención el Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de expresar las observaciones que tenga respecto del grado de cumplimiento del plan de saneamiento hasta la fecha, y la Auditoria General de la Nación, con el objeto de informar las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado en el fallo y las observaciones que ha realizado hasta el momento".
En el fallo, los integrantes de la Corte encomendaron a su presidente, Ricardo Lorenzetti, a “que dicte todas las medidas complementarias para el mejor cumplimiento del acto al que se convoca”.
La convocatoria fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
En la nueva audiencia pública también "tomará intervención el Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de expresar las observaciones que tenga respecto del grado de cumplimiento del plan de saneamiento hasta la fecha, y la Auditoria General de la Nación, con el objeto de informar las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado en el fallo y las observaciones que ha realizado hasta el momento".
En el fallo, los integrantes de la Corte encomendaron a su presidente, Ricardo Lorenzetti, a “que dicte todas las medidas complementarias para el mejor cumplimiento del acto al que se convoca”.
La convocatoria fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
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