Antony Blinken fue a Jamaica a proponer una fuerza de paz en Haití pero ya han fracasado varias misiones al respecto. En cambio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha renovado su oferta a resolverlo él, si la ONU lo respalda y paga los costos de la fuerza de intervención.
UN MODELO DE EXPORTACIÓN
Debaten en Jamaica la oferta de Nayib Bukele para ordenar Haití
Por 2da. vez Nayib Bukele se ofreció a normalizar Haití y, hasta ahora, es el único que lo hizo, obligando a debatirlo en la reunión en Jamaica.
11 de marzo de 2024 - 13:50
Nayib Bukele con un modelo de exportación.
La violencia en Puerto Príncipe ha aumentado significativamente desde que el 28/02 se conociera que Ariel Henry se había comprometido a celebrar elecciones en Haití antes de septiembre 2025, una fecha muy lejana si se tiene en cuenta que él debió concluir su mandato el 07/02/2023, según un acuerdo de 2022.
Bukele lo lanzó desde su cuenta en X el domingo 10/03:
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"Vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años. Pandillas bañándose con los cráneos de sus víctimas. Todos los “expertos” dijeron que no podían ser derrotados, porque eran una “parte intrínseca de nuestra sociedad”. Ellos estaban equivocados. Los aniquilamos. Lo mismo debe hacerse en Haití."
"Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir."
Nayib Bukele
Sin embargo, no fue la 1ra. vez que Bukele se ofrece a disciplinar a las bandas criminales de Haití.
En enero de 2023, El Salvador ya se había comprometido a abrir una oficina de cooperación en Haití para "reducir los altos índices de criminalidad", según informó entonces la Vicepresidencia del país que eliminó a las maras.
Meses después, en marzo, el vicepresidente, Félix Ulloa, afirmó en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que su país estaba listo para enviar una misión de asistencia a Haití tras un intercambio de notas entre sus jefes de Estado.
Ulloa indicó que "en un intercambio de notas entre el presidente Nayib Bukele y el primer ministro Ariel Henry se ha logrado el acuerdo para establecer una oficina de El Salvador en la República de Haití".
"Es hora de pasar a la acción, han habido muchos discursos, muchos acuerdos, muchas resoluciones sobre el caso haitiano, pero hay que ir sobre el terreno y El Salvador está listo para enviar una misión inmediatamente se terminen los acuerdos diplomáticos", agregó el vicemandatario salvadoreño.
Modelo exportable
Es evidente que El Salvador ha desarrollado un modelo exportable. La inseguridad en el país centroamericano era probada así como el orden existente hoy día también lo es.
Bukele y sus funcionarios afirman que El Salvador se ha convertido en el país más seguro del Hemisferio Occidental gracias a la implementación de un régimen de excepción enfocado en la "guerra contra las pandillas".
La medida extraordinaria entró en vigencia en El Salvador tras una escalada de asesinatos en marzo de 2022, atribuida a las pandillas y que investigaciones de medios locales indican se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las maras.
Aquí 2 casos de adhesión al 'modelo Bukele':
"Argentina ha iniciado una dura represión contra las pandillas bajo la dirección del presidente Milei. La represión sigue el modelo del presidente Bukele, quien supervisó una reducción del 92% de los homicidios en El Salvador."
"La dura ofensiva de Ecuador contra el crimen parece estar funcionando. Su presidente de 36 años parece estar imitando la mano dura contra el crimen que convirtió al salvadoreño Nayib Bukele en un héroe regional."
Claves de un éxito
'El (perpetuo) estado de excepción de El Salvador: Cómo el gobierno de Bukele dominó a las pandillas' se titula un trabajo de 6 capítulos de InSight Crime, que pasó 9 meses en El Salvador analizando la guerra contra la Mara Salvatrucha. la MS13 y 2 facciones del Barrio 18.
En marzo de 2022, el gobierno de Bukele lanzó una ofensiva histórica, decretando un régimen de excepción que, durante los siguientes 20 meses, ha logrado
- detener a una parte considerable de los miembros y colaboradores de las pandillas,
- interrumpido sus comunicaciones,
- dificultado su capacidad para gestionar negocios de extorsión o tráfico de drogas, y
- sus principales fuentes de ingresos.
- Ha desactivado su estructura de mando y
- ha trastocado sus jerarquías.
- Ha inhibido temporalmente su capacidad de organizar una respuesta colectiva.
Esto ha dejado a muchos analistas preguntándose por qué las políticas de seguridad de mano dura han funcionado de repente tras años de fracasos.
La clave del relativo éxito de Bukele descansa en 3 pilares fundamentales:
- el uso de medidas legales extremas;
- una interpretación más laxa de lo que significa pertenecer a una pandilla; y
- la concentración del poder político en torno a su administración.
La ofensiva comenzó con la promulgación del régimen de excepción, una medida legal diseñada para su uso temporal en respuesta a acontecimientos catastróficos, como terremotos y pandemias.
Ningún gobierno salvadoreño había recurrido nunca a esta vía para hacer frente a las pandillas. Pero tras una serie de brutales masacres perpetradas por las pandillas a finales de marzo de 2022, que causaron 87 muertes, los legisladores afines a Bukele aprobaron la petición del presidente de decretar el estado de excepción durante un mes.
Hacia diciembre de 2023 la medida se había prorrogado durante 21 meses consecutivos.
El régimen de excepción priva a los salvadoreños de derechos constitucionales básicos, como el derecho a la defensa legal y la libertad de movimiento, al tiempo que flexibilizan las normas sobre detenciones y permiten al Estado interceptar las comunicaciones de los civiles.
Estos poderes de emergencia han permitido a las fuerzas de seguridad llevar a cabo una guerra relámpago contra las pandillas, deteniendo a miembros y presuntos colaboradores sin orden de captura o basados en denuncias anónimas y, por extensión, a un ritmo mucho más rápido y con mucha menos discreción que en anteriores operaciones.
En total, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 33.000 personas en los 2 primeros meses del régimen de excepción, según datos de inteligencia policial a los que InSight Crime tuvo acceso.
“Eran demasiados soldados en todos lados al mismo tiempo”, dijo un miembro activo de una pandilla a InSight Crime.
Derechos Humanos
El gobierno no proporciona una definición clara de ninguno de estos roles, ni tampoco la metodología sobre cómo deduce quién es miembro, quién es aspirante a miembro y quién es colaborador. No obstante, esto sirve como pretexto para realizar las detenciones en el actual régimen de excepción.
Por ejemplo, en enero de 2023, Human Rights Watch y Cristosal, citando una base de datos gubernamental filtrada, afirmaron que 39.000 de las 61.000 personas que habían sido encarceladas bajo el estado de excepción en ese momento habían sido detenidas por asociación ilícita.
Los intentos anteriores de aplicar esta ley encontraron impedimentos legales en los tribunales, y a la policía le preocupaba la posibilidad de ser procesados si detenían arbitrariamente a sospechosos en masa. Un funcionario de la policía de San Miguel, por ejemplo, dijo que él y sus colegas hablaron con dos jueces para comprobar si podían sufrir futuras represalias legales por firmar órdenes de detención basadas en cargos ambiguos que pudieran violar los derechos humanos. Tras recibir garantías de los jueces, el funcionario afirmó que su unidad procedió a detener a cientos de sospechosos.
Gran parte de los esfuerzos de la administración dependen de un control casi total de diversas partes del gobierno. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, utilizó su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa para promulgar el régimen de excepción y ha seguido prolongándolo.
Los legisladores leales a Bukele también aprobaron las reformas legales relacionadas con la represión. Además, la Asamblea Legislativa depuró el poder judicial a finales de 2021, despidiendo a decenas de jueces y nombrando a más de 150 sustitutos, muchos de ellos vinculados al gobierno de Bukele, según una investigación de la Revista Factum.
Los tribunales han guardado silencio ante las denuncias generalizadas de abusos del Estado, especialmente en lo relativo al debido proceso. La Fiscalía General, que también está fuertemente alineada con el gobierno de Bukele, ha trabajado conjuntamente con las fuerzas de seguridad para facilitar detenciones masivas basadas en pruebas poco sólidas o inexistentes.
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