La Justicia federal avanza en el expediente que investiga el origen y la promoción de la criptomoneda LIBRA, tras su lanzamiento en febrero pasado. En las últimas horas, el fiscal Eduardo Taiano pidió información clave.
Javier Milei junto al singapurense Julian Peh, uno de los nombres detrás de $LIBRA.
En concreto, la Justicia pidió información a la embajada de Singapur y al Departamento de Interpol sobre Julian Peh, CEO de Kip Protocol y uno de los impulsores del proyecto cripto que fue promocionado por el propio presidente Javier Milei.
El creador es de Singapur
Según confirmaron fuentes judiciales, Taiano solicitó a la sede diplomática en Buenos Aires y a Interpol los datos personales, migratorios y comerciales de Peh, quien habría mantenido un encuentro con Milei el año pasado, aunque no figura ingreso oficial del empresario al país en los registros de Migraciones.
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La falta de documentación sobre ese viaje encendió las alarmas de la fiscalía, que busca reconstruir quiénes estuvieron involucrados, en qué roles y bajo qué condiciones se produjo la difusión de LIBRA, una criptomoneda que fue promocionada desde cuentas oficiales y perfiles personales del mandatario.
¿Quiénes están bajo la lupa por LIBRA?
Además de Peh, la denuncia alcanza al presidente Milei, a su hermana Karina —secretaria general de la Presidencia—, al empresario estadounidense Hayden Mark Davis y a los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Todos están señalados como potenciales responsables de haber participado, de distintas maneras, en el lanzamiento del token LIBRA.
Para determinar los niveles de implicación, el fiscal pidió acceso a los registros del sitio web que promocionó la criptomoneda, así como documentación técnica, titularidad del dominio y actividad digital asociada.
También solicitó a empresas de telefonía información sobre las líneas utilizadas por los hermanos Milei, con el objetivo de cruzar comunicaciones previas al anuncio público del activo digital.
Paralelamente, la jueza María Servini —quien lleva la causa— solicitó semanas atrás al Banco Central, la Oficina Anticorrupción y la ANSES información detallada sobre el patrimonio, historial financiero y laboral del Presidente y su hermana.
El objetivo es analizar posibles movimientos inusuales, operaciones vinculadas a la criptomoneda o cualquier indicio que permita establecer si existió un beneficio económico directo o indirecto derivado del lanzamiento de LiBRA.
Desde el Banco Central, se espera que se envíe la información financiera vinculada al Régimen Informativo Contable Mensual, donde figuran todas las entidades con las que operaron los investigados. La OA, en tanto, deberá aportar las declaraciones juradas patrimoniales, y la ANSES, el detalle del historial laboral desde el año 2023 en adelante.
El caso, que en un principio se había planteado como una cuestión vinculada a la publicidad engañosa, fue escalando en intensidad y ya implica a funcionarios de alto rango y empresarios internacionales. La posible omisión de ingresos al país, el uso de recursos institucionales para promover un activo privado y las dudas sobre los intereses detrás del proyecto abren un abanico de hipótesis que ahora están bajo análisis judicial.
Mientras tanto, el Gobierno eligió no hablar más sobre el tema. La fiscalía, por su parte, continúa recopilando pruebas para avanzar en una posible imputación formal.
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