POLÍTICA

El kirchnerismo va por el Código Civil Unificado y el Banco Ciudad

Luego del receso de invierno, la Cámara de Diputados y de Senadores, se abocará a la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que tiene un plazo de 3 meses a partir de la conformación de la bicameral que analizará el tema. El proyecto de Diana Conti para transferir los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación también está en los planes del oficialismo.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La agenda parlamentaria para la segunda parte del año incluye  como tema excluyente la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que se pondrá en marcha ni bien se conforme la comisión bicameral destinada a su análisis y al  proyecto de la diputada Diana Conti (Frente para la Victoria-Buenos Aires) para transferir los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación también está en los planes del oficialismo.. 

Si bien ya se escucharon varias voces de especialistas en familia y bioética, ahora será el turno de los legisladores, que tendrán en sus manos ni más ni menos que la modificación de un cuerpo de leyes que hace más de un siglo no es actualizado de manera integral. 
 
El proceso de esta trascendental reforma ya pasó por tres etapas: en una primera instancia, un cuerpo colegiado encabezado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, elaboró un texto que fue elevado luego al Poder Ejecutivo.
 
Fue en ese ámbito donde se le hicieron algunas modificaciones al anteproyecto original: cuestiones relativas a los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva; a las sanciones conminatorias y a la responsabilidad objetiva y patrimonio, según indicaron a parlamentario.com desde la Fundación Directorio Legislativo. Finalmente, la presidente Cristina Fernández envió el proyecto definitivo al Congreso.
 
El nuevo Código Civil y Comercial tiene 2.671 artículos que reemplazarán a los más de 4.000 del Civil vigente y los 506 del Comercial, fue elaborado por una comisión que reunió a cien juristas y debatió las reformas durante más de un año, aunque varios puntos fueron modificado cuando el proyecto fue analizado en el Poder Ejecutivo. 
 
En 2011, la Presidenta le pidió a una comisión de notables que trabajen en la unificación de ambos códigos y el anteproyecto fue presentado hace dos meses en la Casa Rosada. Este texto, que lleva la firma de los jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y la jurista mendocina Aída Kemelmajer, contenía más de 2.600 artículos. 
 
Pero el Ejecutivo se tomó varias semanas para corregirlo y modificó 16 artículos. Entre estos está el artículo 765, por el cual se vuelve al sistema anterior a la ley de Convertibilidad. 
 
Concretamente, se permite que si una persona tomó una obligación dineraria en moneda extranjera pueda cancelarla en moneda de curso legal (pesos). El texto dice lo siguiente: "Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, de conformidad con la cotización oficial".
 
El punto clave de este artículo corregido por la Presidencia es que las obligaciones tomadas en moneda extranjera son consideradas como una obligación de "dar cantidad de cosas" y no como decía el anteproyecto redactado por Lorenzetti y Kemelmajer, que hablaba de una obligación de dar "sumas de dinero". 
 
Otras reformas
  
Los principales puntos de la propuesta abarcan cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la reproducción humana asistida, la adopción, la propiedad comunitaria indígena, la gestación por sustitución, las sociedades de un solo socio, los derechos personalísimos y las formas modernas de contratación. 
 
El nuevo Código Civil y Comercial no realiza distinciones entre hombre y mujer a la hora de contraer matrimonio; posibilita optar entre el régimen de comunidad de ganancias y de separación de bienes; aunque establece que el inmueble asiento del hogar conyugal queda protegido y se requiere del asentimiento de la pareja para cualquier disposición. 
 
Matrimonio. Se actualiza el régimen a raíz de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Por eso, no se realizarán distinciones entre varón y mujer para definir quienes pueden unirse en matrimonio. Además, se incorpora la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias (único existente en la actualidad) y el régimen de separación de bienes, a través de acuerdos prenupciales. 
 
Divorcio. Se simplifican los trámites para solicitarlo. Por eso, se establece que el divorcio puede ser válido también con el único deseo de uno de los cónyuges. Además, la pareja puede hacer propuestas y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución.
 
Técnicas de reproducción humana asistida. Se actualiza la legislación mediante la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida (como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, entre otras), regulando el consentimiento informado, los requisitos del procedimiento a emplear, la prevalencia de la voluntad procreacional, y la equiparación de la filiación por dicho medio de reproducción humana con la natural y la adoptiva plena.
 
Adopción. Además de simplificar también este régimen, se prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos comprometidos. Se mantiene la adopción plena y simple, y se le incorpora el régimen de la adopción por integración, referida al hijo del cónyuge o del conviviente. Se admiten tanto la adopción conjunta como la unilateral. En cuanto a los derechos del niño, niña o adolescente, se incorpora el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, a la identidad, a conocer sus orígenes, a la preservación de los vínculos fraternos.
 
Propiedad comunitaria indígena. Se establece que la Propiedad Comunitaria de Tierras Indígenas será: exclusiva, perpetua, indivisible, imprescriptible, insusceptible de gravámenes, inembargable e inejecutable, para la preservación de la identidad cultural y el hábitat de los pueblos originarios. También tienen derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva.
 
Gestación por sustitución. El proyecto admite lo que comúnmente se denomina “alquiler de vientre”. En este caso, el elemento central es la voluntad procreacional, expresado el consentimiento previo, informado y libre de las personas que intervienen. El consentimiento previo debe ser homologado judicialmente. Asimismo, el juez interviniente en la homologación, constatará que la gestante no haya recibido retribución alguna y que alguno al menos uno de los comitentes ha aportado material genético.
 
Sociedades de un solo socio. Se crea la figura de la sociedad unipersonal, que facilita la asignación de una porción del patrimonio a un proyecto productivo, incentivando así las inversiones.
 
Derechos Personalísimos. Se incorpora un capítulo, inexistente hasta ahora, dedicado a los derechos personalísimos, que abundan en los tratados internacionales de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad federal. Allí se reconocen expresamente los derechos a la dignidad, intimidad, honor e imagen, entre otros.
 
Formas modernas de contratación. Con esto, el proyecto se refiere a la incorporación de los contratos de arbitraje, agencia comercial, concesión comercial, franquicia, suministro y leasing, y se incorporan y armonizan los derechos del consumidor. El objetivo es brindar mayor seguridad jurídica y garantizar de mejor manera la defensa de los ciudadanos en tanto consumidores.
 
La comisión bicameral que analizará la reforma a lo largo de 90 días ya fue creada: tanto Diputados como el Senado ya aprobaron, el 04 /07, el proyecto del Poder Ejecutivo, aclarando además que el cuerpo será presidido 45 días por cada cámara. Ahora, sólo resta designar a sus miembros y poner en marcha el debate. Posiblemente antes de que éste termine, el Congreso ya estará pensando en sancionar el Presupuesto, que tiene plazo para presentarse hasta el 15/09, aunque algunos números ya empiezan a soltarse unos días antes. 
 
El Banco Ciudad, en la mira
 
La llamada “ley Conti” para transferir los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación tiene moción de preferencia para tratarse en la próxima sesión de la Cámara baja. El proyecto ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Justicia y Finanzas, a pesar de los cuestionamientos de la oposición y de los trabajadores de la entidad porteña. Desde el PRO argumentan que la iniciativa “sólo busca hacer daño”, ya que significará una pérdida para el Banco –no así para la Ciudad- por la cual los porteños se verían dificultados para tomar créditos hipotecarios. Se espera un intenso debate. 
 

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