ARGENTINA

¿900 EFECTIVOS EN JUEGO?

En medio de un dilema, Capitanich recibió el apoyo de Justicia Legítima para separar a los policías involucrados

La decisión del gobierno chaqueño de no reintegrar al servicio a los policías involucrados en el violento procedimiento de Fontana, ocurrido semanas atrás, trajo duras consecuencias en el armado policial de la provincia: la renuncia puesta "en consideración", en solidaridad con sus compañeros apartados, del jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez y Mariela Noemí Aguirre, directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (C.E.A.C). La queja pasa por el hecho de que los efectivos en cuestión ya fueron puestos en libertad, más allá que siguen en la mira de la Justicia. Ahora bien, de acuerdo a lo esgrimido por Romero en declaraciones recientes, si el gobierno mantiene su postura se verían comprometidos otros 900 efectivos más: “Si aplicamos la norma con los policías de Fontana, deberíamos hacerlo con los 900 que tienen un proceso judicial en trámite, imagínese 900 apartados del servicio por una simple denuncia de un vecino o alguna denuncia insignificante”, señaló. Asimismo, la renuncia de la cúpula policial también quedará supeditada a la resolución definitiva del gobernador. En medio de este especie de dilema que sufre Capitanich, apareció el apoyo de Justicia Legítima.

Es posible deducir que cuando el gobierno chaqueño dispuso el no retorno a sus funciones de los efectivos policiales Cristian Foschiatti, Orlando Cabrera, Cristian Flores y Cristian Benítez, implicados en el violento procedimiento en una casa de Fontana semanas atrás, no imaginaba de ninguna manera las consecuencias que finalmente trajo el evento.

Cabe recordar que Foschiatti, Cabrera, Flores y Benítez habían sido separados por "detener y trasladar, sin orden de allanamiento y mediante golpes  a 4 personas -2 mujeres y 2 varones- y agredir a otra mujer que estaba en la vivienda", tal recordaron en declaraciones recientes fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. No obstante, y tras haber estado detenidos desde el 9/6, los efectivos en cuestión fueron puestos en libertad el pasado miércoles 08/07, tras un fallo de la jueza de Garantías Nº 3, Rosalía Zózzoli.

Pero lejos de ser reincorporados a sus puestos, el gobierno resolvió lo contrario: por lo que permanecen desplazados de sus cargos.

Esto generó malestar en la cúpula policial de la provincia: tal es así que Jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez y Mariela Noemí Aguirre, directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (C.E.A.C), presentaron sus respectivas renuncias "en consideración".

“Hace media hora acabo de firmar la renuncia al cargo del Jefe de la Policía, están llevando la nota a Casa de Gobierno a consideración de la señora ministra de Seguridad y del Señor Gobernador”, señaló ayer 13/7 Romero, que salió en defensa de los efectivos separados de la Policía.

El Jefe de la Policía del Chaco afirmó que la determinación “obedece a que no estamos de acuerdo en el no reintegro de los 4 efectivos de la Comisaría 3ra. de Fontana” ya que la norma interna de la fuerza marca que al no encontrarse en situación de detención o privado de la libertad, el funcionario policial debe reintegrarse al servicio, sujeto a la resulta de las causas”.

Ahora bien, y de acuerdo a lo esgrimido por Romero, si el gobierno mantiene su postura se verían comprometidos otros 900 efectivos más: "Ahora con este caso muy particular quieren aplicar la pasiva por delito, sentando un precedente para nosotros porque hoy tenemos aproximadamente 900 policías procesados en libertad que habría que pasarlos a pasiva por un proceso judicial en trámite”, remarcó.
 
Si aplicamos la norma con los policías de Fontana, deberíamos hacerlo con los 900 que tienen un proceso judicial en trámite, imagínese 900 apartados del servicio por una simple denuncia de un vecino o alguna denuncia insignificante”, observó.

Hasta que la decisión del gobierno de Jorge Capitanich no sea efectiva, Romero, Domínguez y Aguirre continuarán en sus cargos con todas las responsabilidades inherentes a sus puestos, pero de confirmar la separación de lo efectivos, el gobierno provincial debería responder por los otros 900 policías en servicio con distintas causas y además, soportar la dimisión de Romero y cía.

Por lo pronto, y en medio de una especie de dilema que sufre por estas horas, Jorge Capitanich sumó el apoyo de Justicia Legítima, la asociación civil que reúne a personas de distintos espacios comprometidas en trabajar de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la Argentina. 

Su filial del Nordeste respaldó públicamente en las últimas horas la decisión tomada desde el Ejecutivo provincial del Chaco de separar a los policías en cuestión.

“Esta decisión de garantizar el respeto a los derechos humanos más elementales en este caso de nuestros hermanos de la población indígena (el ataque policial fue a una familia Qom), guarda plena coincidencia con la Ley del Personal Policial de la provincia del Chaco, la Ley de Seguridad Pública y los compromisos Nacional e Internacionalmente asumidos a partir del caso ‘Greco’, y también por el compromiso público realizado de garantizar una política de seguridad democrática con perspectiva de derechos humanos e interculturalidad”, sostiene la entidad.

Considera luego que “es necesario incluso que el gobierno avance en la profundización de la aplicación de la Ley de Seguridad Democrática, nombrando a la Dirección de Control Policial que garantice la transparencia en las investigaciones internas  y despeje toda duda de impunidad ante el abuso policial”.

“El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar una fuerza policial al servicio de la comunidad y asimismo el Poder Judicial que debe actuar no sólo en la investigación del hecho ocurrido sino también en probables intentos por desestabilizar las políticas públicas que persiguen el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos”, agrega.

Por último, sostiene que "no se debe aceptar ningún tipo de presión de quienes tienen en sus manos la Seguridad Pública y convocamos desde ya a toda la sociedad y a las instituciones a ser coherentes con nuestro compromiso con nuestra democracia”.

Dejá tu comentario