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No es nada fácil para el gobierno que se instala en menos de 2 semanas definir qué hacer con el zafarrancho que quedó de las tarifas de los servicios públicos, que primero subieron arriba del 3.000% en 4 años ahogando a particulares, Pymes y entidades civiles, sobre todo, y de golpe la Administración Macri le clavó el freno por conveniencias electorales. Después de todo el sacrificio, están de nuevo atrasadas, requieren subir subsidios con el país afuera del mercado voluntario de crédito, el stand by del FMI interrumpido y las empresas energéticas con las acciones de capa caída y pocos incentivos para invertir. La única pista que deslizó Alberto Fernández es que la tarifa será desdolarizada y sugirió que iría acompañando la inflación (40% el año que viene, según el designado titular de INDEC, Marcos Lavagna). Pero llega enero y se presenta el problema del retroactivo. El gas debería subir 34% en los hogares, pero mucho más en la cadena de valor desde la boca del pozo por la acumulación de los valores en suspenso del transporte y distribución. Aún así, no menos del 37% del atraso que traían hasta abril en relación a los costos (que se duplicó hacia fin de año) deberá ser cubierto por el Tesoro. Si hubiera que deducir alternativas, es probable que se apliquen escalas tarifarias más vinculadas a la capacidad contributiva del usuario que a lo que digan los medidores.
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Giro estratégico de Telefónica: se concentrará en 4 mercados (España, Alemania, Brasil y Reino Unido). Pero todas sus filiales en Latinoamérica, excepto Brasil, están a la venta. Estos países sólo resultan el 20% de su facturación, demasiada inestabilidad, falta de transparencia en las legislaciones locales, etc. Telefónica prefiere vender, utilizar el dinero para bajar deuda y mejorar su perfil en Bolsa. Por supuesto que es un cambio estratégico que va más allá del pasivo. Al desprenderse de los lastres, la operadora centrará sus esfuerzos y su inversión en los mercados donde tiene mayores posibilidades de crecimiento, lo que impulsará sus ingresos y su rentabilidad.
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Para 2020, reacomodamiento de precios mediante, los analistas pronostican que probablemente se irán concretando ventas de bienes durables (autos, electrónica, inmuebles, indumentaria) que quedaron reprimidas este año por el errático rumbo del dólar. El oficialismo saliente, avenido a oposición, seguramente se abstendrá de entusiasmarse y avistarlo como brotes verdes. Lo cierto es que el movimiento comercial se ha estado sosteniendo con el celular o la PC, mediante un ejercicio cada vez más extendido de seleccionar online lo que atrae o conviene comprar, con la sola condición de tener disponibilidad en la tarjeta, navegando las páginas con ofertas, financiaciones en 3, 6, 12 o 18 meses y promociones. Y hasta permitió chequear precios tomados en recorridas por shoppings antes de concretar operaciones en las tiendas y salir con el paquete. Es que el consumo masivo, en general retraído, se ha ido segmentando en bienes y servicios agrupados que salen a la venta en ferias digitales de descuentos y planes de pago en cuotas sin interés. Cyber Monday, Hot Sale, Black Friday, Travel Sale, etc alternan con días y noches consagrados a algún renglón, sean helados, pizzas, cerveza, o celebraciones parentales y de toda clase de relaciones humanas. El resultado es sorprendente: en un semestre las operaciones por internet crecen un 57% y simultáneamente las presenciales de caja bajan un 10%. Los más jóvenes prefieren hacer click el ciberespacio a decir sí en las grandes superficies comerciales e imprimen un nuevo estilo de consumo, que constituye un desafío para las marcas y las plataformas.
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El Ministerio de Producción y Trabajo había detectado que, de 6.385.000 jóvenes contabilizados en el país, 1.662.000 son ni-ni: o sea, ni estudian ni trabajan. Un 20% del potencial de la nueva generación desperdiciado y condenado a los peores riesgos y sin futuro, para el cual la respuesta de la sociedad se limitaba a ponerles al alcance becas estudiantiles y planes de inserción para los que no tienen trabajo. La Administración Macri se va sin dejar en pie ni siquiera esas oportunidades de entrenamiento que eviten el anquilosamiento: en plena crisis económica, a las pocas becas del plan Progresar que sobrevivieron a la licuación ya les había cambiado el sentido de puente social complementario con otros programas, como el de Becas del Bicentenario (BB), el de Becas Universitarias (BU) y los específicos de las Universidades Nacionales, por un extemporáneo espaldarazo selectivo al mérito. Y, por su parte, la cartera laboral cortó la transferencia a las agencias territoriales de los $18 millones mensuales presupuestados para capacitar y entrenar a unos 3.500 jóvenes desocupados.
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En la lista de leyes que tratará el Congreso figura primera la de alquileres, ya en pleno relevo presidencial. Detrás aparece otra prioridad vinculada a la vivienda: el ajuste en función de los ingresos de los deudores de las cuotas de hipotecas con cláusula UVA. Podría justificarse esta prioridad en que la inflación y la devaluación tornaron inaccesible tanto comprar una vivienda financiada a largo plazo o alquilarla, debido a que los contratos se encarecieron por encima de la capacidad adquisitiva de los salarios. El precio del metro cuadrado, al seguir rigiéndose por el dólar, se ha vuelto resistente a la depreciación de la moneda, lo que hace que las cuotas de las hipotecas con cláusula UVA sean vez más onerosas pero aún así el saldo de la deuda crezca. Además, los potenciales compradores, plata en mano, se niegan a convalidar los actuales niveles de cotización, por considerarlos inflados, y los tiran abajo con ofertas de quita del 25% para concretar la transacción. Ergo, el mercado está parado, mientras algunos propietarios, en consecuencia, optaron por reemplazar transitoriamente el cartel de venta por el de alquiler. Aspiran, eso sí, a percibir una renta que deje un plus después de enjugar los costos tributarios. Así se llega al otro nudo: valor inicial elevado, indexación por IPC anticipada, 2 años de contrato y endurecimiento de requisitos, marchan a contramano de la realidad del inquilino, cuyo salario viene más que golpeado, el empleo tambalea y sabe que sus ingresos futuros irán por detrás del índice de precios. El cráter que se abrió entre la valuación de las propiedades dolarizada y el poder adquisitivo pesificado de los eventuales deudores o inquilinos no parece tener otro puente para cubrirla que el de una baja en la tasación inicial inmobiliaria.
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