Bossio contra De la Sota por la ANSeS
En el programa 678, por Canal 7, el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Diego Bossio, criticó al Gobierno de la Córdoba que le reclama el pago de obligaciones a la ANSeS: "La discusión es si apostamos a la inclusión o a los privilegios, si apostamos a un gobierno responsable y tomamos decisiones que se puedan sostener en el tiempo o que, permanentemente frente a presiones, debamos ceder y financiar la diferencia entre 6 millones y 92 mil jubilados cordobeses", consideró Bossio.
22 de agosto de 2012 - 02:19
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El asunto tiene diferentes miradas. Y lo reconocen los propios cordobeses.
Por ejemplo, en el diario La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, Olga Rista escribió:
"José Manuel de la Sota ganó las elecciones a gobernador de la provincia de Córdoba en el año 2011 con promesas de reducción de impuestos y festival para la Caja de Jubilaciones.
Él sabía que tales promesas no eran viables en una provincia que pretendiera ser bien administrada y en la cual había que manejarse con recursos propios y de la manera más autosuficiente e independiente posible, en el contexto de un país que padece problemas serios de centralismo y muestra escaso respeto al sistema federal.
Consciente de que el presidencialismo discrecional es la forma en que se maneja la Nación en su relación con las provincias, lo esperable hubiera sido una conducta tendiente a proteger los recursos propios y manejarlos con prudencia.
Sin embargo, se prefirió la fiesta y el manejo político propagandístico de los recursos provinciales.
Es imposible entender y resolver los problemas del déficit y la administración que afectan a la Caja sin un estudio profundo y serio al respecto, seguido de un acuerdo entre activos y pasivos, entre Estado y partidos políticos, representantes del sector público e integrantes del Poder Judicial, técnicos interdisciplinarios, etcétera.
De la Sota y Juan Schiaretti –este durante el gobierno anterior– aniquilaron la Caja. Debieron haber aprovechado las circunstancias que les había dejado el ajuste realizado por la gestión radical en la década de 1990 y conseguir que el sistema fuera posible, viable y sustentable.
De la Sota, en cambio, se dio el lujo de conceder jubilaciones anticipadas y bajar la edad mínima de jubilación. En vez de buscar un equilibrio, se dedicó a crear pasividad anticipada, haciéndola crecer y crecer, sin pensar nunca en la consolidación de un sistema de previsión que fuera contributivo y seguro.
Lo que hizo fue sostener todo en una cobertura solventada por un régimen que se volvió deficitario. (...)".
A su vez, el director ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio, aseguró que el Ejecutivo nacional desde 2003 "hizo una apuesta: la inclusión y no los privilegios" y se manifestó a favor de que Argentina tenga un sistema previsional "sólido con derechos para todos sus ciudadanos".
El funcionario se refirió al pedido que hizo el gobernador De la Sota para que la ANSeS pague una deuda.
"La discusión es si apostamos a la inclusión o a los privilegios, si apostamos a un gobierno responsable y tomamos decisiones que se puedan sostener en el tiempo o que, permanentemente frente a presiones, debamos ceder y financiar la diferencia entre 6 millones y 92 mil jubilados cordobeses", consideró Bossio.
Al respecto, añadió que "el 15% que reclaman las provincias está en los argentinos porque, de cada $ 100 que recibe la ANSeS, 1,7 lo destina a pagar sueldos y servicios y el resto son transferencias a los ciudadanos, no hay nada menos discrecional".
"Córdoba hizo modificaciones en su sistema jubilatorio que después no pudo cumplir pensando que de todas formas la Nación financiaría el resto, pero no, la Nación debe igualar derechos", apuntó, y sostuvo que es necesario "tener responsabilidad a la hora de plantear a la sociedad cambios que luego no se pueden sostener en el tiempo", expresó Bossio en el programa 6-7-8 que emite la TV Pública.
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En tanto, el titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), Juan Monserrat, expresó que los gremios estatales, quieren hablar con la Casa Rosada para que les expliquen el contenido de la nota que envió a la Provincia el subdirector Ejecutivo de la ANSeS, Germán Cervantes, quien se refirió a jubilaciones más altas en Córdoba que las del resto del sistema nacional y exigió topes máximos en los haberes.
A la vez, los 23 gremios estatales cordobeses presentarán una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley provincial N°10.078 a través de la cual se difiere el aumento a los pasivos por 180 días y deja sentada las bases para un recálculo del haber provisional.
Por su lado, José Manuel De la Sota le ha reclamado a los alcaldes de su provincia la adhesión a un texto que será publicado en forma de solicitada, probablemente, y que plantea que “los firmantes respaldan plenamente al gobierno provincial y a nuestro gobernador en todas las medidas y acciones que viene llevando adelante en legítima defensa de los derechos de Córdoba y de los cordobeses”.
También se reclama que la Nación “no discrimine a nuestra Provincia ni a nuestra gente”, y se señala: “También reclamamos al Gobierno nacional que nos otorgue el aval para todos los créditos del Banco Mundial que están pendientes, y así podamos construir el acueducto Los Molinos/Córdoba que tan necesario es para la salud...; y para que podamos continuar llevando adelante nuestra política vial con el procedente financiamiento de los organismos intenacionales”.
A horas del arribo de Mauricio Macri a Córdoba, evento político que le dará un enfoque político opositor al debate, Adrián Simioni intentó concretar una lectura objetiva de la situación:
"Verdad 1. Los haberes que paga la Caja de Jubilaciones de Córdoba son “casi de privilegio”. Efectivamente, en Córdoba discutimos desde hace décadas –no de ahora– la viabilidad de un sistema que, por su formulación original –la ley se sancionó durante el segundo mandato de Eduardo Angeloz– llevó a la Provincia a la quiebra cada vez que se quiso cumplir la ley. En marzo de 2012, el salario de un trabajador del sector privado cordobés, en blanco, fue de 4.432 pesos. En el mismo mes, el haber medio que paga la Caja de Jubilaciones a sus beneficiarios fue de 6.380 pesos. Esta relación es prácticamente imposible de encontrar en cualquier economía.
Mentira 1. La medida de ese “privilegio” es que los jueces en Córdoba cobran un haber promedio de “22.000 pesos”, dice Bossio, “cuatro veces más” que el haber medio que paga la Anses. Bossio: compará jueces contra jueces; no jueces contra señores y mayormente señoras que nunca aportaron –y que en muchos casos nunca trabajaron ni siquiera en negro en una relación laboral que pueda dar lugar a una jubilación–.
Media verdad 1. Córdoba no cumplió el convenio de armonización. Córdoba sí cumplió con tres de los cinco puntos del convenio: elevó la edad igual que la Nación; igualó condiciones de invalidez a las nacionles; igualó el derecho a pensión a las condiciones nacionales. Quedaron parcialmente afuera dos puntos: la movilidad (cuándo se aumentan las jubilaciones, Córdoba tiene un criterio distinto que en los últimos años fue menos beneficioso para los jubilados que el criterio de la Nación); y la determinación del haber inicial (en la Nación es el sueldo promedio de los últimos 10 años y en Córdoba el de los últimos cuatro).
Media verdad 2. Por ese incumplimiento que alega Bossio, se justifica no haber mandado ni un peso a la Caja en todo 2011. El convenio de 2009 dice que, en caso de que la Provincia no pudiera cumplir algunos de los puntos del convenio porque violaría la Constitución o las leyes provinciales, al déficit generado por esas excepciones los cubriría la Provincia. Justamente por eso, en 2011 el déficit de la Caja fue de 1.350 millones de pesos, aunque Córdoba sólo reclama que le paguen 1.040. No pide que Anses le pague el “exceso” de déficit. En todo caso, un recálculo del exceso de déficit puede alterar las cifras, pero difícilmente pueda arrojar que la Anses no le tiene que mandar ni un solo peso a la Caja.
Mentira 2. Con las demás provincias se ha actuado igual. En 2011, Anses recontrafinanció las cajas de provincias que no dieron ni uno solo de los pasos que sí dio Córdoba en la armonización. El caso de Santa Cruz es emblemático. En el mismo año 2011, Anses le envió 360 millones de pesos (para 14 mil jubilados, que es mucho más que 1040 millones que pide Córdoba para 92 mil jubilados). Sin embargo, Santa Cruz sí que no cumple con nada de la armonización. Las mujeres se jubilan a los 50 y los hombres a los 54 (la edad más baja del país); a las pensiones no sólo las pueden recibir los viudos o los hijos menores de edad, sino también hijos que estudien sin importar la edad (basta anotarse en una carrera universitaria), los padres, los nietos y hasta los hermanos del jubilado fallecido. El haber inicial es el mejor sueldo de todos que haya cobrado el jubilado. Las jubilaciones aumentan cada vez que aumentan los sueldos de los activos. Hay otras provincias en igualdad de condiciones.
Mentira 3. Por no cumplir, a Córdoba no le corresponde nada. Hoy, las jubilaciones de los sectores públicos de los 11 distritos (10 provincias y Ciudad de Buenos Aires) que transfirieron sus cajas en la década de 1990 las paga Anses. Esas jubilaciones se pagan con los aportes y contribuciones que hoy hacen esos 11 distritos a la Anses pero también con los ingresos generales de la Anses, entre los cuales está el 15 por ciento de coparticipación que todas las provincias ceden. O sea: aún sin el convenio, a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas les corresponde algún tipo de proporcional. Si no, hay provincias que ceden el 15 y con eso se paga parte de sus jubilaciones y hay otras que ceden el 15 y no pueden utilizar ni un peso de ese monto para pagar sus jubilaciones.
Mentira 4. La cesión del 15 por ciento de la coparticipación de las provincias a la Anses fue anterior al sistema de AFJP y se debió a que la Nación no podía pagar sus jubilaciones. No a que, como consecuencia de las AFJP, la Anses iba a dejar de percibir las contribuciones personales (siguió recibiendo las patronales). El punto A de la cláusula 7 del Pacto Fiscal de 1992 compromete a las provincias a solicitar al Congreso Nacional el tratamiento del proyecto de ley de Reforma del Régimen Nacional de Previsión Social, que fue el que dio origen a las AFJP.
Mentira en el punto penal. Si fuera cierta la mentira número cuatro y las provincias hubieran cedido el 15 sólo porque la Nación no podía en ese momento pagar las jubilaciones nacionales, entonces en ese caso igualmente hubiera desaparecido la causa que originó la cesión, dado que, según la propaganda del propio Bossio, hoy la Anses es superavitario."
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