El violento episodio ocurrido el pasado 10 de junio en la sede del grupo Artear, que agrupa a los canales TN y eltrece, sigue sumando capítulos judiciales. Esta semana, tres funcionarios bonaerenses con vínculos con La Cámpora fueron imputados por su presunta participación directa en el ataque al edificio ubicado en Constitución, durante una movilización en apoyo a Cristina Kirchner.
SON FUNCIONARIOS
Cristina presa: Tres dirigentes de La Cámpora imputados por el escrache a TN
Tres funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y La Cámpora están imputados por los destrozos en TN. Son defensores de Cristina Kirchner.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Penal y Correccional N.º 13, derivó en la citación a declaración indagatoria de Pablo "Tato" Giles, José Lepere y Matías Federici, quienes ahora enfrentan restricciones judiciales y, en uno de los casos, una prohibición para salir del país.
Defensores de Cristina Kirchner: Quiénes son y qué cargos ocupan
Los tres investigados forman parte del entramado estatal bonaerense y nacional. Giles se desempeña como asesor parlamentario de la senadora Celeste Giménez Navarro. Lepere trabaja en la Cámara de Diputados bonaerense como director de Relaciones con el Poder Ejecutivo. Federici, por su parte, dirige el área de Estadísticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia de la provincia.
El expediente judicial sostiene que los tres habrían actuado de forma coordinada para forzar su ingreso al edificio de Artear, desoyendo las advertencias del personal de seguridad del canal.
Según la fiscalía, una vez dentro del predio se produjo una serie de destrozos: se dañaron vehículos, bicicletas, mobiliario y vidrieras, además de realizarse pintadas en las paredes del lugar.
Uso de recursos del Estado: una imputación agravada
Uno de los elementos más sensibles del expediente involucra al funcionario Matías Federici, quien —según la acusación— utilizó una camioneta oficial del Ministerio de Justicia bonaerense para desplazarse hasta las inmediaciones del lugar del ataque. Por este hecho, fue imputado por malversación de caudales públicos, un delito que agrava su situación procesal. A él se le dictó además la prohibición de salir del país.
En tanto, a los tres imputados se les impuso la obligación de presentarse cada 15 días ante la fiscalía y mantener una distancia mínima de 300 metros respecto al edificio de Artear, como parte de las medidas restrictivas dictadas.
El ataque al canal, ocurrido en medio de una movilización que buscaba respaldar a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, reavivó la polémica por los límites de la protesta y la responsabilidad de los funcionarios en actos violentos.
La investigación continúa y se espera que en los próximos días se definan posibles nuevas imputaciones o avances en la causa.
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