Con superpoderes para Maduro, Venezuela se va a complicar más

La normativa venezolana incluye la figura de una Ley Habilitante que, aprobada por el parlamento, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante un tiempo determinado sobre temas previamente establecidos. Si bien se trata de un recurso de excepción, para los mandatarios venezolanos se ha convertido “casi en un símbolo de estatus y de poder”, como escribió en una nota editorial Teodoro Petkoff, veterano líder político y director del matutino caraqueño TalCual. El mismo Hugo Chávez gozó de cuatro leyes habilitantes en 14 años de Gobierno, bajo cuyo amparo promulgó más de 200 leyes. La última ocasión en que pidió poderes especiales fue en diciembre de 2010, con el pretexto de la situación de emergencia impuesta ese mes por las intensas lluvias que dejaron sin hogar a miles de personas.

En esta ocasión, los casos de corrupción que trascienden hasta las páginas de la prensa amenazan con enajenar el apoyo de las bases a un Gobierno tambaleante tras casi seis meses de vigencia. También es cierto que la economía se va a pique con un desabastecimiento pertinaz de bienes de consumo, la mayor tasa de inflación del hemisferio occidental –y la tercera del mundo-, y unas reservas internacionales en mengua. La situación es tan aguda que este mismo martes se cobró la cabeza de Nelson Merentes, todavía a cargo del Ministerio de Finanzas, pero destituido de la Vicepresidencia del Área Económica del Consejo de Ministros Revolucionarios, puesto en el que pasa a sustituirlo el todopoderoso ministro de Energía y Petróleo y presidente de la petrolera estatal Pdvsa, Rafael Ramírez.

Pero los sectores de oposición temen que la petición de poderes especiales sea en realidad un artilugio para ofrecer a Maduro márgenes aún mayores para ejercer la represión, en momentos en los que el mandatario venezolano anuncia el inicio de una “nueva etapa” de la revolución para un “octubre de victoria temprana” en su enfrentamiento contra la guerra –económica, psicológica, mediática o de “cuarta generación”, según la caracterización que de ella hace el chavismo- que se le estaría haciendo desde los cuarteles de “la derecha”.

Las suspicacias opositoras cobran fuerza cuando se pasa revista al control que el Gobierno chavista detenta sobre los demás poderes, con una mayoría simple en el parlamento, y jueces y funcionarios obedientes en los tribunales, contraloría y fiscalía.

El editorial de Tal Cual:

"El presidente Maduro prepara las cosas para solicitar una Ley Habilitante. Como todo Presidente venezolano que se respete, el también quiere su Habilitante. Desde que CAP (N. de la R.: Carlos Andrés Pérez) solicitó la primera de ellas en 1973, cada primer mandatario, apenas ha entrado en Miraflores, ha pedido la suya. Es ya casi un símbolo de estatus y de poder.
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Maduro, por supuesto, no iba ser el de menos y ya todo está casi listo para satisfacer su capricho. Pero esta vez, contradictoria pero comprensible, dada la naturaleza de este gobierno, a fin de alcanzar la suma de votos necesaria para obtener esa gracia del Parlamento, se ha recurrido a maniobras non sanctas.
 
El gobierno necesita 99 votos para lograr las 3/5 partes de los legisladores a fin de que la Ley Habilitante sea aprobada. Tiene 98 propios. Lograr ese voto 99 ha provocado un torneo de esgrima intrapesuvista de lo más elocuente en cuanto a el modo tracalero de ejercer la política por parte de los próceres del "socialismo" del tercer milenio.

Con argumentos especiosos, con el puro ejercicio de la fuerza bruta parlamentaria, piden inhabilitar a una diputada del PSUV, que llegó en las planchas del Gato Briceño y que se ha mantenido fiel a las convicciones que la unen al exgobernador hoy perseguido y exiliado.

Lo llamativo es que esta diputada había sido acusada de hechos de corrupción cinco años atrás, lo cual no obstó para que fuera postulada en las planchas del PSUV.

En su momento, pues, esa acusación fue desestimada, porque la señora obedecía "la línea" pero, ahora, cinco años después, se desentierran aquellos viejos alegatos, para deshacerse de esta incomoda presencia, confiando en que las "ayudas" que se han dado al parlamentario suplente de la diputada que se pretende execrar, sirvan de grúa para que su brazo se levante a favor del gobierno y puedan aprobar su fementida Habilitante.

Si en general las leyes habilitantes tienen poca justificación, porque anulan la división y separación de poderes, dando al Ejecutivo la facultad de legislar, y potenciando el ya de por sí desbordante presidencialismo característico del régimen venezolano, minusvalidando al Parlamento, esta que solicita Maduro es de las menos justificables. La pide sin necesitarla.

El gobierno tiene una cómoda mayoría en la Asamblea y, de hecho, ya han sido aprobadas distintas leyes que apuntan a la lucha contra la corrupción, que es el principal argumento de Maduro para solicitar poderes especiales.

Si fuera por esto, ya hay con qué actuar, si hubiere voluntad para ello. Pero no la hay. La solicitud de Habilitante es para disfrazar la inactividad e inoperancia de todos estos años en esa materia.

Como decía Cabrujas, nuestros gobiernos de su época fueron los reyes del disimulo, del cual hicieron una de las bellas artes.

Este gobierno no es la excepción y ha llevado ese arte a niveles siderales. Ahora se disimula la espantosa, y probablemente récord de corrupción en toda la historia, con estos aguajes de una Habilitante para dizque luchar contra ella.

Sin embargo, es poco creíble que Maduro actúe de verdad contra la corrupción. Si hablase en serio, tendría que enfrentar y derrotar al poderoso establishment chavista-empresarial construido con base en prácticas corruptas. ¿Lo hará?"