Apuntes para una reforma de la Coparticipación Federal de Impuestos

CIUDAD DE BUENOS AIRES ( Exante). En un artículo publicado en un matutino económico resaltaban que, a pesar de la baja densidad de población de la Argentina (14 habitantes por Km. cuadrado), solamente dos argentinos de cada diez no vivían en ciudades de más de 10.000 habitantes. Es más, el 65% de la población vivía en cerca de 7.000 kms. cuadrados o sea un área de algo menos del doble del tamaño del Gran Buenos Aires.
Lo primero que hay que aclarar es que esto es normal en el mundo. En la medida que la tecnología de producción en el campo avanza, se ahorra mano de obra que va en busca de trabajo a la ciudad. Sin embargo, en la Argentina hay un factor potenciador negativo de este proceso que tiene que ver con la tendencia al subdesarrollo que ha tomado nuestra
economía.
Cuanto más dispersa la población de un país, más caro es proveerla de los servicios esenciales: educación, salud, transporte, justicia, seguridad, luz, gas, agua potable, cloacas, etc. Por ende, en los países pobres con sectores públicos ineficientes como el nuestro, la gente se desplaza a las grandes ciudades para poder tener acceso a mejores servicios. Hay que tener en cuenta que éstos hacen a la gran diferencia en la calidad de vida y el bienestar de las personas.
Por ello, incluso se justifica vivir hacinados para poder disponer de ellos.
Así es como en Argentina, la gran mayoría de la población se apiña en cuatro o cinco grandes ciudades. En tanto, en otros países, aún con menor proporción de población rural, se desperdigan en pequeñas poblaciones de decenas o centenas de miles de habitantes.
Charlando con un grupo de turistas europeos, me comentaban que no debía sorprenderme que los extranjeros se asombraran con Buenos Aires; ya que muchos europeos o americanos nunca habían estado en una ciudad tan grande.
Lo ideal sería poder fomentar el desarrollo regional para que la población se disperse a lo largo y lo ancho de la Argentina en urbes pequeñas y medianas. Frente a ello, hay muchas discusiones alternativas. Algunos ven el problema en el sistema de transportes. Argumentan que en nuestro país el sistema ferroviario fue construido por los "ingleses" convergiendo al puerto de Buenos Aires para, de esa forma, sacar la producción de materias primas que ellos necesitaban.
Por ende, no tuvieron como objetivo integrar los distintos puntos del país.
El primer mito que debemos quebrar es que todos los ferrocarriles eran de los "piratas" ingleses. En realidad, sus dueños fueron ingleses, franceses e incluso argentinos. No eran los mismos que necesitaban llevarse "las riquezas argentinas".
Simplemente, invirtieron en un transporte que fuera rentable, porque unía puntos de tráfico fluido de mercancías y personas. De lo contrario hubieran tirado la plata y ese no era su objetivo.
Por otro lado, recién con la nacionalización, se unieron las redes para que todos llegaran a Buenos Aires. Antes, las vías del norte iban al puerto de Rosario, las del centro al puerto de Bs. As. y las del sur a Bahía Blanca y otros puertos patagónicos.
Hoy se escuchan propuestas absurdas de trenes de alta velocidad que unirían Buenos Aires- Rosario-Córdoba, en las que parece no haberse evaluado seriamente los costos en que se incurrirá en comparación con otras alternativas. Por cierto estos trenes resultarán varias veces más caros que el transporte de pasajeros terrestre actual ¿Quién subsidiará la diferencia? ¿No hubiera sido más prudente mejorar el transporte ferroviario actual (con una inversión razonable), terminar y ampliar la autopista que recorre la ruta 9?
Por otro lado, el escaso transporte aéreo de cabotaje es una de las grandes restricciones al desarrollo turístico del interior ¿Por qué no abrir los cielos y dejar que la competencia provea los vuelos necesarios? Principalmente porque sería más dificultoso controlar este sector desde el gobierno central si hubiera muchas empresas; lo que complota contra el ejercicio hegemónico y absoluto del poder.
Antes de pedir subsidios para integrar el país con el sistema ferroviario, habría que evaluar las posibilidades de tráfico entre las ciudades y provincias que unirán. Si hoy no existe, el siguiente paso sería pensar qué nuevas posibilidades de desarrollo tendrían.
Luego, que las mismas pudieran utilizar y justificar dicha inversión ferroviaria. Si sucediera que existen dichas posibilidades productivas, habría que evaluar cuáles son las acciones ha desarrollar para que estas se vuelvan realidad. Luego, analizar seriamente si se está dispuesto a avanzar en ese camino. No vaya a ser que después no se hagan las reformas necesarias para promover esas actividades y no haya nada para transportar en los trenes.
Siempre hay que tener en cuenta que, en la Argentina, plata no es lo que sobra. Baste ir a los hospitales, a las escuelas públicas, visitar las cárceles, evaluar los sueldos, el entrenamiento y el equipo con que cuentan las fuerzas de seguridad, ver las demoras y las pilas de expedientes que hay en la Justicia para darse cuenta que no se puede despilfarrar recursos en obras faraónicas.
Otras propuestas apuntan a aumentar la asistencia que reciban del gobierno nacional (Coparticipación de Impuestos o transferencias directas) las provincias más pobres. La historia argentina ha dejado claro que esta no es la solución. El sistema de Coparticipación Federal y el de ATNs ha resultado perverso para el desarrollo regional.
Mientras el costo político de fijar y recaudar los impuestos lo paga el Estado Nacional, el beneficio político del gasto lo recibe el gobierno provincial. ¿Qué incentivo puede tener el gobernador de una provincia chica a desarrollar el aparato productivo de su provincia cuando por cada peso de impuestos que cobre solamente unos cuantos centavos irán a sus arcas?
Así, lo mejor es que otro haga el esfuerzo y que el gobernador reciba lo que se le transfieren para luego gastarlo en más y mejores empleos estatales. Estos en definitiva siempre tendrán incentivos a votar ese tipo de gobiernos. En tanto, los trabajadores privados suelen ser menos permeables al "clientelismo" provincial. No es casualidad que exista una relación directa entre el tamaño de la provincia y el porcentaje de sus gastos que cubre con ingresos propios.
El sistema de coparticipación federal e impositivo actual va abiertamente a contramano del federalismo. La participación de los recursos del gobierno nacional en el total que se recaudan a ese nivel ha aumentado fuertemente.
Por ende, eso deja cada vez más fondos para distribuir arbitrariamente por el gobierno central y, de esa forma, influir políticamente sobre los gobernadores provinciales o en sus comicios.
Por eso, no debería llamar la atención la tendencia creciente de las últimas décadas a que los mandatarios provinciales opositores se acerquen al Presidente de la Nación.
Si la solución a la falta de desarrollo armónico del país es avanzar hacia el federalismo, deberíamos dejar de discutir nuevos parches para hacer más bonito al "Frankenstein" de Coparticipación que tenemos. Hay que pensar que son las provincias las que dieron origen a la Nación y así consta en nuestra Constitución Nacional.
Por ende, si las provincias le delegaron ciertas funciones, deben asegurarle los recursos para que cumplan con ellas. Es lo mismo que un edificio de viviendas. El cuidado de los espacios comunes se delega a un administrador y luego se reparte el costo de su labor entre los copropietarios. Siguiendo este ejemplo, a nivel nacional, el Congreso debería determinar el gasto y cuánto aportará cada provincia para financiarlo. Las provincias deberían determinar y cobrar los impuestos en su territorio.
En el mismo Presupuesto, debería preverse que algunas provincias recibirán subsidios para sostener su viabilidad. Incluso esas transferencias podrían ser superiores a los aportes realizados. De esta forma, habría un incentivo a ser eficiente en el uso de los recursos provinciales y a fomentar el desarrollo productivo local.
Por otro lado, los gobernadores ejercerían el control del gasto nacional que, luego, deberían pagar. Además, siempre quedaría claro qué se transfiere a quién y se decidiría su monto año a año. Existen proyectos
de ley ya elaborados que determinan los mecanismos de implementación y de transición para llegar a este objetivo.
Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a todos los argentinos si prefieren un país centralista o uno federal, sería abrumadoramente mayoritaria la opción por esta última. Sin embargo, es sólo parte de las contradicciones propias que nos caracteriza. También, elegimos (de la boca para afuera) un sistema democrático republicano.
Sin embargo, nuestras tendencias al caudillismo nos llevan a votar presidentes "iluminados y salvadores" que busquen asumir la suma del poder público y luego lo ejerzan. Si por algún motivo no lo hacen, se los destituye. Por ende, en los hechos preferimos una democracia autocrática en la que elegimos al que nos mandará por los próximos cuatro años, sometiendo al Congreso y a la Justicia.
Visto así, es lógico que luego de décadas de gobiernos militares, por esencia centralistas, y populistas (caudillistas) seamos unitarios. La concentración del poder presidencial es contradictoria con el federalismo. Por lo tanto, antes de seguir discutiendo cómo implementar alguna solución mágica para la integración nacional, increíblemente deberíamos volver a la discusión de nuestros orígenes como nación: ¿Federalismo o
Unitarismo?