Manual K 2004: El capítulo que no fue

Modelo T 2004 Es necesario preguntarse si los cambios drásticos que siguieron al derrumbe del régimen de la convertibilidad serán suficientes para conformar un nuevo esquema de funcionamiento de la economía. La duda al respecto provoca el debate que tanto exaspera al Presidente, acerca de cuál es ‘el modelo’. El Presidente debería comprender a los agentes económicos. Lo que ellos encubren, detrás de su interrogante, es el deseo de conocer si el posible nuevo esquema puede ser capaz de impulsar y sostener un proceso de recuperación y crecimiento del nivel de actividad, garantizar la estabilidad macroeconómica, mantener una constante renovación tecnológica, reforzar las ventajas competitivas en el marco de un apropiado grado de apertura de la economía a las corrientes comerciales y dar el empleo suficiente como para que baje el ‘piqueterismo’ y otras formas de protesta social. Los interrogantes de los agentes económicos, entonces, no son triviales, y deberían provocar un consistente y paciente respuesta presidencial. De lo contrario, debería saber el Presidente, esas preguntas sin respuesta se llaman incertidumbres, que se traduce en riesgo. Por ejemplo, hay coincidencia en que el desempeño de las exportaciones y de la sustitución de importaciones en condiciones competitivas es, sin duda, esencial. El escaso dinamismo exportador que se produjo luego del derrumbe del régimen de convertibilidad fue por v problemas de financiamiento, v rigideces en el sistema productivo y administrativo, y v restricciones al acceso a los mercados internacionales y regionales. El aporte intelectual más cercano al Gobierno fue un proyecto coordinado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que depende de la Organización de Naciones Unidas, a solicitud de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El director general del proyecto fue Bernardo Kosacoff, investigador del Grupo Techint, y fue publicado en forma de separata en el Boletín Informativo Techint Nº 312, bajo el título Componentes macroeconómicos, sectoriales y microeconómicos para una estrategia nacional de desarrollo. En la coordinación del proyecto participaron algunos de los compañeros del ministro Roberto Lavagna durante la gestión de Juan Vital Sourrouille, como Carlos Bonvecchi y Daniel Heymann. En el equipo de trabajo ocurrió lo mismo: Luis Beccaria, Jorge Todesca y Daniel Chudnovsky, entre otros, además de los investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Eduardo Basualdo y Daniel Aspiazu. El trabajo permitió obtener 3 precisiones: I. Roberto Lavagna tiene un plan, un modelo y un equipo más allá de lo conocido, y que goza del reconocimiento del Grupo Techint. II. La designación de José Luis Machinea como secretario general de la Cepal fue un beneficio para Lavagna, más allá de los deseos de Néstor Kirchner, quien proponía a Carlos Álvarez, por un capricho pero no por una decisión ‘estratégica’ (ya se sabe... el Presidente odia ese concepto por neoliberal). III. Si Kirchner aceptara aplicar ese plan, debería contemplar la necesidad de una homogeneidad entre sus ministros de Economía, de Educación, de Trabajo y de Interior. Además, el Ministerio del Interior debería estar volcado a una redefinición de las economías regionales y de los atrasos sociales relativos de diversas regionales. En este escenario, al menos Carlos Tomada y Aníbal Fernández no serían compatibles con ese plan. Tomada por antiguo y Fernández porque su personalidad es más compatible con otras funciones en el gabinete nacional. q El pasado Es interesante, en el trabajo mencionado, la lectura que se hace los ’90, porque supone un intento de análisis racional en la búsqueda del origen de lo que le pasa hoy a la Argentina, algo que el Presidente ha esquivado en forma sistemática. "(...) El inicio de la década de los ‘90 se produjo en simultáneo con una etapa de cambios políticos y económicos significativos, tanto a nivel nacional como en el contexto regional e internacional. (...) La Argentina implementó una serie de profundas reformas económicas que tuvieron como ejes la estabilización de precios, la privatización o concesión de activos públicos, la apertura comercial para amplios sectores de la economía local, la liberalización de buena parte de la producción de bienes y la provisión de servicios y la renegociación de los pasivos externos. Estos cambios se dieron en el marco de la vigencia de una regla de política económica disciplinadora del accionar de los agentes económicos dada por el régimen de convertibilidad de la moneda y la fijación de la paridad cambiaria nominal por ley". Hay un intento de explicar el final de Carlos Menem y el período de Fernando De la Rúa: "A fines de la década, el inicio de un largo período dominado por la recesión y la deflación de precios generó tensiones crecientes y modificó las expectativas respecto al potencial de crecimiento de la economía y la solvencia del sector público. Entonces, emergieron con fuerza creciente, un amplio conjunto de problemas: la vulnerabilidad de la economía a los shocks externos; una agudización de la fragilidad del sistema financiero; un sesgo anticompetitivo de la estructura de precios; los problemas de consistencia entre el destino del gasto y de la inversión y sus formas de financiamiento; la sustentabilidad fiscal y su relación con el sostenimiento de un tipo de cambio fijo nominal (...). La existencia de una profunda crisis política, la agudización de la conflictividad social y la casi nula credibilidad en las sucesivas políticas económicas que se ensayaron en vísperas del derrumbe final del régimen agravaron el panorama. En esas condiciones se produjo un brusco y acelerado descenso de los depósitos bancarios –acompañado de un proceso paralelo de fuga de capitales– que llevó a imponer restricciones a la salida de fondos del sistema financiero y controles de pagos al exterior". Y existe una descripción de lo que fue la sucesión Adolfo Rodríguez Saá – Eduardo Duhalde. Es interesante que al presentar como un bloque de decisiones las de Rodríguez Saá – Duhalde, plantea por 1ra. vez algo muy curioso: que Duhalde también hubiese declarado el default. O que, probablemente, la presencia de Rodríguez Saá en la Presidencia era necesaria para esa medida puntual, y una vez declarado el incumplimiento, cesó su utilidad. El texto es el siguiente: "(...) Una vez producida la renuncia del gobierno electo a fines de 1999, las autoridades que lo sucedieron adoptaron un conjunto de decisiones centradas en dos ejes principales. Por un lado, se declaró el cese de pagos de la deuda pública interna y externa, posteriormente limitado a los pasivos estatales emitidos bajo legislación extranjera y en manos de no residentes. Por el otro, se abandonó el régimen de convertibilidad de la moneda y la paridad cambiaria vigente desde abril de 1991. Las consecuencias inmediatas fueron un fuerte aumento de precios y la ruptura del sistema de contratos, por una parte, y la recuperación de las funciones de prestamista de última instancia por parte del Banco Central y el retorno de la posibilidad de financiar los déficit fiscales a través de la emisión monetaria, por la otra. "(...) La caída del nivel de actividad y el salto del tipo de cambio real implicaron fuertes modificaciones en las rentabilidades sectoriales, en la configuración de la demanda y en la distribución de los ingresos. En esta etapa, la crisis también se asoció con difundidos quiebres de solvencia que alcanzaron al sector público, al sistema financiero y a grandes conjuntos de agentes del sector privado". La nueva estructura de precios relativos de la economía se redefinió a favor de los bienes comercializables, los procesos intensivos en trabajo y las ventajas naturales, y sesgó a los abastecimientos importados. En el marco de una demanda interna deprimida, los sectores que lideraron una ligera tendencia de reactivación de la producción en el 2do. semestre fueron los que incrementaron sus exportaciones o los que comenzaron a sustituir importaciones. Pero la recuperación no fue la deseada, el boom no se produjo, y el trabajo lo explica de la siguiente manera: "(...) estas tendencias no se generalizaron al resto de los sectores industriales, probablemente, por varias razones: i) más allá de ganancias inmediatas de competitividad-precio, la expansión de las exportaciones depende de la demanda externa y de atributos sistémicos que maduran en un plazo más largo; ii) la sustitución de importaciones requiere de la existencia de disponibilidad de capacidad productiva y, especialmente, tecnológica y, además, de una trama productiva consolidada; iii) la elevada y generalizada incertidumbre, la pérdida relativa y la segmentación de ingresos, sumadas a la ausencia de crédito, castigan al consumo y a la inversión dirigida a varios y diversos sectores". q El presente ¿Qué es lo que más procupa de la coyuntura a los autores del trabajo? Que la posición fiscal sigue siendo precaria, más de lo que opinan muchos economistas y más de lo que reconoce el Gobierno hacia la opinión pública. El sistema impositivo operó con una configuración de emergencia que, junto con la caída del valor real del gasto, permitió una recomposición del superávit primario. Pero permanecen circunstancias y efectos no resueltos o inciertos: ..... ......... v el default de la deuda, v la ruptura de contratos, v los cambios patrimoniales y las compensaciones a las partes involucradas. Además, advierte el trabajo, "una posición fiscal equilibrada será decisiva para resolver o administrar, con alguna probabilidad de éxito, las inevitables tensiones entre las demandas reparadoras de naturaleza social y los reclamos de los acreedores de la deuda pública que deberán afrontarse". En condiciones de relativa calma macroeconómica, habría una cierta demanda por depósitos en moneda nacional, propia de un sistema financiero que administra transacciones y puede ir recuperando un papel en la intermediación del crédito. Sin embargo, el nivel de confianza en los bancos es muy limitado y aún persisten cuestiones no resueltas respecto de la situación patrimonial de deudores y acreedores, de las entidades financieras y de la organización industrial del sector bancario. Algunas decisiones se han tomado, otras se encuentra en curso, pero con cierta pereza. En cualquier caso, el sistema bancario ‘deseable’ por las autoridades no parece muy diferente del que existía antes de la crisis, se ignora si por convicción o por falta de creatividad. Si bien hay consenso en no introducir cambios en la arquitectura institucional del sistema con propuestas tales como dividir la banca entre ‘transaccional’ y de inversión o la creación de una banca off-shore, y hay coincidencia en mantener la banca pública, es preciso definir una estrategia de reestructuración viable y realista que, además, tenga el menor costo fiscal posible. El sistema financiero argentino tiene orientación hacia el sistema bancario. Ello limita en alto grado las posibilidades de diseñar instrumentos de financiamiento diferentes de aquellos provistos por los bancos, al menos en el corto plazo. Sin embargo, es importante estimular el desarrollo de nuevos instrumentos financieros propios del mercado de capitales. En tanto, resulta esencial que se mantengan condiciones de baja inflación, sin excesiva volatilidad cambiaria. Ello es así porque, entre las dificultades que permanecen, se destacan la deprimida situación del mercado interno, el costo de los insumos importados, la necesidad de mayor capital de trabajo y las dificultades de abastecimiento. q El futuro Un elemento muy importante de política económica pendiente es la deuda pública externa. Es de tal importancia que la demora en avanzar en una negociación sólo podría explicarse por la certeza de Lavagna en que así se logrará una gran adhesión a la propuesta de canje con quita, reduciendo los montos en litigio a una proporción muy baja. Lavagna se encuentra convencido de que la Argentina sin deuda pública externa puede crecer aún prescindiendo de gran financiación externa, asumiendo que una solución inmediata aún en los términos exigidos por los acreedores no abriría los grifos de la financiación externa porque la Argentina seguiría sufriendo un enorme riesgo de incobrabilidad. Pero el incumplimiento de los compromisos de la deuda pública es uno de los elementos que colocan a la economía en una situación de anormalidad. La contradicción marcará todo el año 2004. Tanto para Kirchner como para Lavagna, la quita del 75% es clave para afirmarse en la política doméstica y porque la credibilidad del cumplimiento, luego de la reprogramación, es esencial para el desempeño macroeconómico, porque la perspectiva de nuevos problemas puede restringir fuertemente la producción y la inversión e, inversamente, la recuperación podría acelerarse si se va disipando la incertidumbre. Hay una especie, al respecto, que especula con un acuerdo con los acreedores durante 2004 para incurrir velozmente en un nuevo incumplimiento, aniquilando así el entusiasmo de muchos acreedores. De paso, se podría ganar todo el ejercicio. Otra cuestión muy importante para el año 2004, asumen Lavagna y el trabajo mencionado, es el capítulo de reformas en las finanzas públicas. En materia de tributación, deberán abandonarse las diversas modalidades de cobro de impuestos típicos de situaciones de emergencia. Esto incluye el llamado ‘impuesto a los débitos bancarios’. También deben producirse avances en la lucha contra la evasión tributaria y modificaciones en el sistema previsional (es impostergable asegurar la cobertura futura de la población de mayor edad). Entonces cabe abordar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, que asegure la transparencia de la información fiscal federal y la coordinación del endeudamiento público. Algo similar ocurre con la necesidad de una unidad de denominación de los contratos: aún falta un denominador de contratos operable. La provisión de una unidad de cuenta para contratos es una de las funciones tradicionales de la política monetaria. Una política monetaria con grados de flexibilidad es difícilmente implementable si el público se inclina hacia unidades de cuenta externas. La economía argentina ha experimentado con grandes costos la fragilidad de los contratos nominales cuando los precios son muy volátiles; en condiciones de extrema inestabilidad, tampoco la utilización de cláusulas de indexación (que necesariamente aplican precios rezagados respecto de los contemporáneos) estabilizó el valor real de los compromisos. El trabajo aconseja la aplicación de esquemas de administración monetaria del tipo de metas inflacionarias. "La implementación de metas inflacionarias más o menos exactas requiere instrumentos bastante afinados de gestión, y formas de anticipar el efecto de esos instrumentos sobre la tasa de inflación", advierte. Esas condiciones no parecen verificarse en la Argentina en lo inmediato; ésto implicaría que, a corto plazo, sería problemático aplicar compromisos de mantener a la inflación en un entorno muy preciso, aunque el reconocimiento de esa dificultad no es incompatible con asignar prioridad a que los precios se muevan moderadamente. q La agenda ¿Cuánto tiempo precisa la recuperación? ¿El horizonte es de 5 años? Nadie ha sentido la necesidad de explicitarlo a los agentes económicos. ¿Es que nadie desea tomar compromisos o es que descuenta que no le creerán? Sí se sabe que la recuperación será moderada por: v los efectos de la incertidumbre que seguiría generando la posibilidad de un escenario negativo, y v la permanencia de problemas de arrastre sin resolver. El trabajo elaboró una advertencia: "Sin desconocer el impacto de la mejora en la competitividad-precio, un crecimiento importante de las exportaciones no basadas en ventajas naturales depende de la concurrencia de atributos sistémicos que maduran en un plazo más largo. Por otra parte, el avance sostenido de un proceso de sustitución de importaciones requiere oferta disponible y, especialmente, una capacidad tecnológica generalizada y una trama productiva consolidada. En general, estos factores fueron particularmente debilitados en el modelo de reconversión productiva y social que prevaleció durante la década anterior, más agredidos aún durante la prolongada recesión de los últimos años y, finalmente, conmovidos también por los acontecimientos que marcaron la ruptura y salida de la convertibilidad. En consecuencia, no sorprende que los indicios de reactivación sean todavía débiles, en un marco de desempeños sectoriales muy heterogéneos y con pobres efectos de arrastre y derrame". Una cuestión que ‘ el modelo’ debe resolver es que el proceso sustitutivo se concentra en los bienes finales de consumo no durable y semi durable y algunos bienes intermedios y equipos de baja o media complejidad tecnológica. Aún no hay sustitución en los bienes intermedios y de capital y, por lo tanto, cabe preguntarse acerca de la relación elasticidad / producto de las compras externas en un escenario de reactivación o cuando se agote el consumo de los stocks acumulados. La siguiente definición es muy acertada: "Excepción hecha de los segmentos con elevada capacidad ociosa y capacidades tecnológicas acordes, un desarrollo o recreación relativamente rápidos de la trama productiva necesita, entre otros factores importantes, de perspectivas de demanda ciertas, una escala de pedidos satisfactoria y mecanismos de financiamiento del ciclo de inversión del nuevo emprendimiento". Otra advertencia necesaria se refiere a las redes de conocimiento en el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas. La asimetría de las dinámicas de las empresas de distinto tamaño y el creciente abastecimiento de partes, materias primas y sub-ensambles importados por parte de las compañías de mayor tamaño se ha constituido en un factor que ha debilitado las cadenas productivas y el desarrollo de procesos de aprendizaje en red. Esto afectó a las firmas de menor tamaño y a las grandes que no forman parte de redes internacionales. En los ‘90 se profundizó la tendencia hacia la especialización de la estructura productiva en commodities y en bienes intensivos en recursos naturales, disminuyendo el peso de los bienes intensivos en conocimiento. Este proceso de relativa primarización, junto con el escaso desarrollo del sistema institucional, la desconexión de la política tecnológica respecto a la demanda de los agentes y las debilidades de los sistemas locales explica el limitado desarrollo de las redes de conocimiento en la Argentina. Las redes intensivas en conocimiento se caracterizan por una importante circulación de información y conocimiento entre los agentes que la integran, empresas e instituciones que no pertenecen a la red. Hay una gran complejidad para el desarrollo de estas redes, en parte por el carácter cada vez menos público del conocimiento y del proceso de aprendizaje que llevan a cabo los agentes. El debilitamiento o la ruptura de cadenas productivas constituye un elemento limitante para el desarrollo de procesos de aprendizaje, para la demanda de recursos humanos calificados y para la efectividad de la política tecnológica. A la carencia de estas redes se suman las limitaciones del sistema educativo. Si bien hay una posición de liderazgo en la matriculación combinada de la educación primaria, secundaria y terciaria (83%), en los parámetros de la llamada sociedad de la información y en la cantidad de científicos en relación a la población, una comparación más cuidadosa muestra que la Argentina avanza a menor velocidad que otras economías de la región. La cuestión no es comprendida por el presidente Kirchner. Si bien la provincia de Santa Cruz nunca tuvo dificultades para pagar en tiempo y forma a sus docentes, en las encuestas de calidad de la formación siempre estuvo entre los 5 peores del ranking. Pese al elevado ingreso por habitante que gozó durante 12 años, la provincia de Santa Cruz nunca se destacó en educación ni en conocimiento. En el caso de la Argentina, es notoria la desventaja en comparación con Chile en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la información, y con Brasil en cuanto al volumen y la sustentabilidad de la investigación científica y tecnológica o en la cantidad de los posgraduados. El rezago relativo es más evidente aún en comparación con otros países de desarrollo intermedio que presentaban una situación equiparable 2 décadas atrás, tales como Corea del Sur y España, especialmente en aquellos indicadores de escolarización en diferentes niveles. El trabajo publicado por Techint señala algo que comparte Daniel Filmus, ministro de Educación, aunque parece enfrentar grandes dificultades para avanzar: "(...) el proceso de descentralización operado en el sector aparece incompleto e inmaduro y requiere de una nueva concertación política sobre la reforma del Estado y la descentralización deseable. La falta de previsión y regularidad con la que se brinda el servicio (sucesivamente en diferentes provincias hay conflicto por falta de pago de los salarios a los docentes), la ausencia de compromiso sobre un flujo suficiente y permanente de recursos y la baja calidad del debate público son el trasfondo sobre el que aparece una escuela que debe atender una demanda cada vez más compleja y de mayor heterogeneidad sin responsabilidad sobre los recursos que maneja y, muchas veces, con deficiente disponibilidad de los mismos. Parece necesario promover modelos alternativos de gestión de las escuelas basados en la preservación del carácter ‘público’ del servicio, aunque éste no sea brindado directamente por el Estado en sentido tradicional, y concentrar en la autoridad educativa provincial y nacional –diferenciando metodologías y grados de intervención– la capacidad de financiar y generar políticas, promover innovaciones, brindar asistencia técnica, monitorear y controlar la calidad y equidad de la oferta. Junto con la responsabilidad institucional por los resultados, a nivel de las escuelas, debe aumentar la capacidad real para ejercer autoridad de parte del nivel provincial y nacional como así también garantizar la participación y el control social de la comunidad sobre las instituciones y sobre el servicio en general" Luego hay otra cuestión: la frustración o desencanto a la hora de ingresar al mercado laboral: "El carácter masivo del ingreso acompañado por altas tasas de deserción en el 1er. y 2do. año (universitarios), la falta de reglas del juego durante el transcurso de la carrera, así como la insuficiencia de las becas y subsidios para los alumnos de bajos ingresos se reflejan en indicadores muy contradictorios, como un bajo nivel de gasto por alumno (la mayor parte de la inversión está implícita en alumnos que desertan) y un alto costo por graduado, comparable al de los países desarrollados". La oferta académica está fuertemente concentrada en pocas profesiones liberales y genera una baja proporción de graduados para abastecer el sistema científico y técnico en un escenario hipotético de gran expansión. La oferta educativa no está necesariamente vinculada con las potencialidades y la demanda efectiva para el desarrollo económico, social y cultural de las provincias en que las universidades se asientan. En cuanto a la oferta terciaria, proliferan instituciones y carreras, que generan una gran ‘inflación’ de títulos no regulados o controlados por la autoridad pública. A este desequilibrio se agrega el muy bajo nivel de inversión total en Investigación y Desarrollo (0,4% del PBI) y la mínima contribución del sector privado a este proceso (25% del gasto total en Investigación & Desarrollo y el 0,3% de sus ventas), con tendencia declinante en los últimos años en el marco de la crisis. q Crisis capitalista Una mención más a la agenda necesaria, aunque no la menos importante ni la última: los problemas para la creación y el fortalecimiento de nuevas empresas. El capitalismo se hace en base a empresas. En el mundo, las nuevas empresas que nacen en sectores intensivos en conocimiento deben ser considerados como actores privilegiados, aunque no excluyentes, en una estrategia de desarrollo emprendedor. En la Argentina existen limitaciones de diverso tipo para su nacimiento y desarrollo. Es necesario impulsar fuertes cambios no sólo en la oferta educativa, sino también en sus condiciones institucionales (normas, valores, incentivos, clima institucional). Y es fundamental fortalecer la demanda local, deprimida como consecuencia de la caída de la inversión y del detenimiento de los proyectos de las grandes compañías. ¿Puede comprender algo así el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Tomada? Kirchner aún no comprende la necesidad de crear un entorno de negocios para la inversión y el desarrollo local, porque de entenderlo ajustaría su discurso, y su equipo de colaboradores. En el caso argentino, se presentan algunas limitaciones. Por un lado hay descoordinación en la provisión de infraestructura y su correspondiente administración y diseño fiscal por jurisdicción. Los gastos de inversión pública en infraestructura no deben variar con la coyuntura sino con la rentabilidad social de las inversiones públicas y la marcha tendencial de la economía (determinada por el aumento de la fuerza laboral y la productividad). La inversión en infraestructura está básicamente vinculada con la tasa de interés de largo plazo, por su carácter fuertemente intertemporal, lo que implica que las fases del ciclo económico no son una buena razón para reducir o ampliar el gasto en infraestructura. Por otro lado, en la interacción cotidiana entre las empresas y el Estado surge otro conjunto de barreras burocráticas. Así, asociada a la carga impositiva aparece una serie de dificultades que encarecen el costo de operar en la formalidad y desconcentran los esfuerzos desde la producción hacia la administración de impuestos. Por ejemplo, los modelos de contratación laboral. Durante los años ‘90, la ocupación aumentó menos que en la década anterior y crecieron las tasas de desempleo abierto, mientras que la mayor parte del empleo generado correspondió a posiciones informales, no cubierto por la seguridad social. Si bien las remuneraciones se recuperaron de la erosión experimentada en los ‘80, se ampliaron fuertemente las brechas entre las personas con diferentes calificaciones, a causa del elevado desempleo y subempleo y de los sesgos de la demanda de trabajo asociados a la apertura económica y los cambios técnicos. De acuerdo al trabajo encargado por Lavagna, "Las políticas de empleo siguieron 3 orientaciones básicas: v la flexibilización de las regulaciones laborales, v la creación directa de empleo –especialmente para personas de baja calificación–, y v la mejora de las calificaciones". La heterogeneidad productiva de la Argentina implica la necesidad de revisar el esquema tradicional de relaciones laborales. Es ridículo que un Gobierno que estimula la toma de fábricas y la creación de cooperativas de empleados para mantener las fuentes de trabajo, no lo comprenda. Es imprescindible la ampliación del empleo en actividades no estructuradas, que operen como un refugio o una alternativa al desempleo. Esta cuestión, que comprende Lavagna, ha provocado diferencias con Carlos Tomada. q Argentina 2008: Terror El estudio que publicó Techint definió escenarios de la demanda y la oferta de trabajo, se calcularon las tasas de desempleo asociadas a cada uno de ellos. Bajo los supuestos señalados, las tasas de desempleo para el año 2008 correspondientes a las variantes que consideran un crecimiento anual del PBI del 3% resultan similares, e inclusive algo mayores, a las de fines de 2002. Un crecimiento del PBI del 4,5% se asocia a niveles de desocupación similares a los actuales, o sólo algo menores, y sólo con estimaciones de una expansión muy acelerada de la producción agregada se alcanza un descenso importante de los niveles de desocupación. En estos escenarios, el mayor desempleo y la más elevada incidencia de la indigencia y de la pobreza pasan a ser rasgos estructurales. Resulta una Argentina difícil de imaginar por quienes conocieron otra Argentina. Ningún dirigente político-social ha tomado conciencia plena de esto y de las modificaciones que provocará en el sistema cultural y productivo. Por ello, sin dejar de reconocer la eficacia de los mecanismos de protección tradicionales para los trabajadores formales, resulta necesario que el sistema de protección social se instrumente no sólo a través de mecanismos sujetos a la posesión o el tránsito previo por un empleo registrado. El sistema de protección social debería orientarse a mantener incentivos a la contratación para empleo productivo, maximizar la inversión en capital humano y optimizar las inversiones en desarrollo humano. Asu vez, las actividades vinculadas deberían basarse en proyectos de alta utilidad social. Y estas acciones deberían completarse con programas de atención a hogares vulnerables, de asistencia alimentaria a niños y de pensiones para ancianos sin ingresos. Estas desigualdades llevan a otras: el nivel de concentración territorial de la producción se ha mantenido más o menos constante en la últimas 5 décadas; las 5 jurisdicciones de mayor tamaño (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y Mendoza) daban cuenta del 80% del producto en el año 1953 y del 78% en el 2000. Dentro del resto, Tierra del Fuego, Neuquén, San Luis, Santa Cruz y Catamarca más que duplicaron su participación relativa. Con excepción de esta última, cuyo crecimiento fue posterior a 1995, en las otras jurisdicciones las ganancias de participación se originan en las décadas de los ’70 y ‘80. Varias jurisdicciones registran disminuciones en su participación, destacándose los casos de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán, cuyas pérdidas relativas superan más de medio punto porcentual. También las estimaciones de producto por habitante (1953-2000) muestran un aumento considerable de las disparidades territoriales, habiéndose ampliado considerablemente la brecha interjurisdiccional en los ‘90. Hay casos graves como el de la provincia de Formosa, donde las actividades productivas primarias y secundarias sólo generan el 16% del Producto Bruto Geográfico. Es similar el caso de la provincia de Santiago del Estero. Hay un peligro cierto de que ciertas regiones de la Argentina se transformen en lugares de fuerte atraso relativo. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien hizo reformar la Constitución provincial para permitir su reelección ininterrumpida, es uno de los mayores aliados de Kirchner, quien ganó los comicios en esa provincia el 27 de abril de 2003. ¿Qué se hace con los socios políticos que gestionan de manera tal que introducen factores perturbadores en la economía y la sociedad argentina? Las transformaciones de envergadura del perfil productivo provincial sólo se gestaron a partir de acciones a nivel nacional, en las que se dispusieron de marcos regulatorios e incentivos nacionales específicos y se canalizaron inversiones de grandes compañías locales o internacionales. Los problemas de desigualdad relativa regional se originan en la dimensión pequeña de los aparatos productivos en bienes ‘transables’ de muchas provincias, lo que presiona sobre el mercado de trabajo y genera un clima negativo de negocios. La distribución geográfica de la inversión del panel de grandes empresas, por ejemplo, presenta un perfil territorialmente concentrado, localizándose en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma entre el 55% y el 60% de la inversión total. Si se incorpora a Santa Fé y Córdoba y a las 3 provincias petroleras principales, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, se cubre el 86% de la inversión privada originada en las grandes empresas. En el extremo opuesto 6 jurisdicciones (Corrientes, Chaco, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y La Rioja) sólo cuentan del 1,3% y el 1,6% de la inversión del panel de grandes firmas. La ausencia de proyectos de inversión significativos por parte de este panel de firmas líderes en estas provincias no sólo tiene efectos directos sobre la tasa de crecimiento del producto geográfico, las exportaciones provinciales, el empleo y la productividad de la economía provincial, sino que implica la ausencia de las externalidades que las inversiones generan y la pérdida de una serie de impactos críticos en el proceso de desarrollo económico competitivo. La acción pública debería concentrarse en impulsar la consolidación de los nodos o núcleos críticos con capacidad de sostener una estrategia de clusters con proyección nacional e internacional. La idea consiste en operar sobre el complejo, no sobre cada empresa o conjunto de empresas; creando oportunidades para nuevas inversiones. --------------- (*) U24, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.