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Las dos caras de la batalla

Acerca de la reforma política (y un poco de historia argentina): Por Julián Caunedo La ocurrencia de cercar con rejas el edificio del Congreso tiene su significado y éste sus variables. Se trata, ante todo, de un problema de seguridad, tanto para el edificio cuanto para el personal y los legisladores; las ironías de los periodistas al respecto indican simplemente que, como siempre, en este país todo se toma en solfa.

¿Qué destino tiene una sociedad donde el principal órgano democrático de gobierno puede ser atacado, físicamente, en sus dependencias y en la persona de sus miembros electos? La democracia tiene un procedimiento para desalojar a los inútiles y corruptos si los hay en las filas de los "representantes", y consiste en que nadie los vote en los próximos comicios. Al menos en teoría; en los hechos hay muchos reconocidos inservibles electos y reelectos que llevan décadas atornillados a las bancas y otras sillas de gobierno. Aquello de "el pueblo nunca se equivoca" fue un invento de Robespièrre para quedarse con todo el poder y, por cuya ingenuidad, terminó en la guillotina como otros. Provocar el cambio "de facto" como quieren algunos no sería diferente a un golpe de Estado que tanto se repudió en las últimas décadas. Quienes lo hacen con mayor contundencia son precisamente los ideólogos que hoy encabezan los "escraches". Y lo hacen con insultos y violencia. Pasa, con ellos, que ejercen la agresividad olvidando que en ese juego suele haber por lo menos dos, uno tira de un lado y el otro le contesta. Cuando ellos atacan son "combatientes populares", cuando reciben son "víctimas de la represión", que así viene de sucia la ideología. Como la Argentina sólo parcialmente es un Estado de Derecho siempre hay que sopesar si la apertura a la guerra efectiva de todos contra todos es mas conveniente que dominar los impulsos y buscar otra vía civilizada. El pase a retiro de la actual clase política debe ser, no hay dudas, definitivo, pero cuidado cómo se hacen las cosas; cuando se habla del 24 de marzo de 1976 no hay que olvidarse de quienes lo fabricaron desde la izquierda. Lo que no implica ignorar que haber privado a los ciudadanos de su legítimo derecho de propiedad sobre los depósitos bancarios sin pasar por el "debido proceso legal", constituye un acto de violencia tan o más grave que andar por la calle cazando líderes socialdemócratas y economistas liberales que, pese a las apariencias, han sido socios en las últimas décadas. Dicha medida de seguridad tomada por la presidencia de la Cámara de Diputados es, además, simbólica : los legisladores de la nación se han quedado sin esa protección no manifiesta que da la respetabilidad. De ahí que recurren a las rejas. Esto no le hubiera pasado a Alfredo Palacios, a Mario Bravo, a Lisandro de la Torre, a Benjamín Palacio o a Ricardo Balbín en "los tiempos de la República". Tampoco ocurrió en los primeros gobiernos del peronismo en que fue notoria la tensión que reinaba entre oficialistas y opositores. Si el cuerpo colegiado al cual la Constitución confía las atribuciones legislativas tiene hoy necesidad de poner vallas metálicas entre sus miembros y la población, eso constituye una alarmante crisis institucional que nada puede disimular. Indica que lo que está en peligro no es tanto la persona de los diputados y senadores sino el propio sistema político, sobre lo cual advirtió el Papa hace poco. Nadie debería olvidar, además, que en uno de esos accesos de democratismo hipócrita (para disimular las picardías en trámite) hace algunos años se derogó la norma que sancionaba el desacato contra los legisladores y altos funcionarios. Se lo sustituyó, de hecho, por las "querellas" o sea por el entrevero judicial que pocas veces conduce a nada. De esto hay que decir algo más. En medio de la crisis se está librando una batalla que no puede disimularse con simplemente el ruido de los cacerolazos. Hay un combate a la vista entre los que protestan en defensa de sus derechos, por un lado, y el estamento culpable y acaso desvergonzado que forma la clase política de los partidos tradicionales (PJ, UCR, UCD, Frepaso, etc.). Los políticos aceptan en silencio la humillación reiterada los empujan en la calle, los echan de los restaurantes y les llenan de basura y letreros infamantes los domicilios particulares) sin atinar a nada. A lo más, en declaraciones públicas, reconocen como razonable "la protesta de la gente", mientras se resisten a que se deroguen las jubilaciones de privilegio o se reduzca la cantidad de "honorables representantes" que llenan el gran edificio que en 1906 José Figueroa Alcorta dispuso clausurar tapiando las entradas "con cal y canto". De todos modos los "honorables" de hoy siguen impávidos. Se lo acaban de gritar los Obispos que a la evolución peligrosa de la crisis la ven muy clara. Detrás de lo que se ve hay otra contienda. Los próceres del comité tradicional no pueden ignorar que, salvo excepciones, los "escraches" más virulentos e inclusive violentos son programados desde una central de "inteligencia" que tiene nombres propios y que no se puede, como tantas veces, atribuir a la SIDE o a otro "servicio". Basta ver la audición televisiva donde, noche a noche, el "comandante" fija la línea doctrinaria, coordina las asambleas y estimula el odio popular contra los culpables del desastre nacional. En el corazón de esa estrategia están los dirigentes de las agrupaciones y publicaciones de ultraizquierda empeñados en destruir a lo que llaman su "enemigo de clase" : el aparato bancario, al que identifican con el imperialismo (capital financiero) en "su última etapa". Por eso se indignaron cuando la Corte declaró inconstitucional el corralito. "No sea que nos quedemos sin argumento para lanzar a las masas contra la Bastilla". Como eco, doña Hebe de Bonafini convoca a la revolución, la guerrilla y el socialismo, sin que al responsable principal del orden constitucional, el señor Presidente ( Fernando II ), haga otra cosa que mirar hacia arriba, como el perrito del cuento. Tampoco le afecta el dólar ya en $ 4.- , es un problema del Banco Central Pero hay otro elemento, y acaso esto sea más concreto. La arremetida contra la clase política es algo así como una competencia desleal aprovechando las ventajas y fisuras que brinda generosamente un régimen democrático desaprensivo y débil. La ultraizquierda se concentra en demoler a su aliado tradicional --la partidocracia electoralera- con la evidente finalidad de sustituirla en el control político del vasto sector popular movilizado. Aplica la regla de la "transfusión" que consiste en aprovechar el torrente sanguíneo de otro u otros para inyectar, a modo de contrabando, su propio veneno. Así hace la serpiente. Como carece de organización propia se instala en la vanguardia de una protesta social, por lo demás plenamente legítima, para liderarla y, si se puede, reconvertirla en una fuerza de impulsión eficaz y aprovechable. Cuenta, por un lado, con la inhibición de la dirigencia tradicional, sumergida en su rotundo fracaso y dominada por la impotencia; y, sobre todo, por otro, con una manifiesta actitud de cobardía de los "representantes" que les impide denunciar a quienes en estos momentos exhortan al pueblo en su contra. Esto último es parte del viejo complejo de sumisión que los políticos tradicionales, seudo democráticos en el fondo, tienen respecto a lo que pueda decir u opinar de ellos el marxismo. Desde largo tiempo, y especialmente desde que en 1945 formaron en la Unidad Democrática hábilmente instrumentada por el Partido Comunista, los políticos hacen cualquier cosa menos disgustar a los "camaradas". Es el lema de las vísperas de la guerra civil española donde el liberalismo bobalicón se suicidó exclamando "ningún enemigo a la izquierda..!!". Aquí la partidocracia, inclusive, trata de arrojar algún soborno para aplacar a las fieras; tal la propuesta de votar contra USA en el tema Cuba, que hacen los hasta ayer fanáticos de las "relaciones carnales".