Indemnizaciones en Uruguay: Basta de acogotar al contribuyente

Porque no nos conocemos, y porque algunos lectores pueden suponer que me opongo a las indemnizaciones en el afán de que los caídos en defensa de las instituciones no las merezcan es que me tomo el atrevimiento de extenderme en esta segunda carta, esperando clarificar conceptos sin aburrir a los lectores.

Creí haber enfatizado bastante en que los funcionarios militares o policiales caídos en el cumplimiento del deber merecen ser honrados y que el Estado debe compensar a sus esposas y/o hijos con las pensiones que manda la ley, de la misma manera que hay que compensar a todos los funcionarios caídos en el cumplimiento del deber, sin importar si las balas vienen desde la izquierda o desde la delincuencia. Me pregunto cuál es la diferencia, ya que no veo otra que la del victimario.

También dije que compartía que las pensiones son  una miseria. Y creo que la discusión pasa por establecer que las jubilaciones del personal militar o policial que deba abandonar la actividad como consecuencia de un acto de servicio, o las viudas de los militares y policías muertos en cumplimiento del deber deben
ser acordes al sacrificio y no una miseria que no cubre ni las necesidades  básicas de la vida.

Dice mal el Coronel Vallejo sobre un supuesto silencio mío en relación a compensaciones anteriores. Dice muy mal. Es público que vengo oponiéndome a ellas, y en muchos casos no solamente por como se maneja el dinero público
sino porque son francamente inmerecidas, lo que es una gran diferencia. No se merecían reparaciones los exiliados, no se merecían reparaciones los destituidos, no se merecían reparaciones los que estuvieron presos. En ningún
caso se trató de una reparación particular ordenada por un Juez de la República atendiendo un caso particular sino concesiones graciosas de carácter general otorgadas por ley y a expensas de nuestro sacrificio.

Y Coronel, tenga en cuenta que el vicepresidente Nin ya anunció que la idea es reparar económicamente a todas las víctimas de la represión. Le aseguro señor que si eso ocurre yo me presentaré a cobrar lo que me toque ya que considero que haber estudiado en la secundaria Moral y Cívica con libros de Wilson Craviotto eran una "auténtica tortura sicológica". (Dicho esto con humor, ya que podría agregar que me obligaban a cortarme el pelo e ir con saco y corbata al liceo, doble tortura).

El problema de fondo, Coronel, es que acá se esta haciendo pagar con el fruto de su trabajo a todos los uruguayos por los crímenes de unos pocos delincuentes. Mencioné específicamente el caso de Pascasio Báez, porque no puede ser que seamos todos los que paguemos lo que un inmoral -que no
paso ni un día de cárcel y que tiene un patrimonio más que interesante que debe haber acrecentado con alguna indemnización- hizo con este pobre hombre. Y así, ¡cuántos casos hay!

Pero sobre todo, el problema es el Uruguay. Y allí la conducción política del Proceso es tan responsable como el resto de la clase política por lo que nos ocurre. Porque parece mentira que un gobierno sin oposición, que manejaba todos los resortes y que pudo haber transformado al país en forma definitiva se asustó cuando Alejandro Vegh Villegas comenzó a liberar la economía; se puso a hacer la plancha de la mano de Valentín Arismendi. Así le fue al país y así le fue al Proceso.

Las rupturas institucionales son un drama. Nadie las quiere. Tampoco -y me consta­- las Fuerzas Armadas. Pero una vez que pasó, lo que había que
hacer no se hizo. Y así las cosas estamos en el 2007 esperando transformaciones que -curiosamente- vienen lentamente y en un mar de
contradicciones, de la mano de la izquierda. Claro que sin convicción, sin ir al fondo de todo, sin la libertad como horizonte.

Mi preocupación va mucho más allá del dinero que cueste indemnizar. Mi preocupación es que mientras el estado uruguayo sigue ahogando la
iniciativa particular, sigue mandando a la miseria a segmentos cada vez mayores de la población, sigue desarticulando las herramientas que permiten el ascenso social y hace justicia social al revés financiando por ejemplo, ese monstruo llamado Universidad de la República donde se juega a la política y se reciben abogados, mientras el estado controla todo, participa en todo y dilapida en todo, los uruguayos somos cada vez más pobres.

Usted, yo, los suyos y los míos. Pobres. Y somos cada vez más pobres porque mantenemos empleados públicos que no hacen nada, porque mantenemos
empresas públicas que son simplemente cotos de caza de los funcionarios políticos y de carrera, porque en vez de tener justicia tenemos burocracia, y porque tampoco hay seguridad ciudadana.

Hemos cambiado a Varela por el PANES. Así nos va. Y la verdadera lucha, la única que tiene sentido, es la de devolverle a la gente lo que es suyo. Es
devolverle a la gente su libertad, es hacerla responsable. Eso se consigue devolviéndole el pleno goce de su trabajo, reduciendo impuestos al
mínimo indispensable que nos sirva para tener seguridad exterior (con Fuerzas Armadas capaces de repeler las agresiones del siglo XXI), seguridad interior (con un servicio de Policía que proteja al ciudadano del delincuente), con un
servicio de Justicia que funcione para todos y con la protección en salud y educación a los hijos de las familias que no pueden proporcionarlas. Y PUNTO. Todo lo demás es asunto de la gente.

Hay que decirles basta. El futuro de nuestros hijos depende de ello.

Gustavo Hernández Baratta
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