CIUDAD DE BUENOS AIRES (
Newsletter de Economía). Desde que comenzó la crisis del empleo, a mediados de la década pasada, el aumento de la pobreza ha sido percibido por la sociedad como la contrapartida de la falta de trabajo.
Esto explica que todavía, cuando estamos cerca de cerrar el ciclo de dos dígitos, el desempleo continúe siendo percibido por la opinión pública, y también por los líderes, como uno de los principales problemas del país.
Desde luego, hay una correlación estrecha entre desempleo y pobreza.
Claro que esto vale en ambos sentidos. La reducción de la pobreza en más
de 20 puntos desde mediados de 2003, está directamente asociada a la baja
del desempleo. En este lapso se crearon cerca de 1.5 millones de empleos
(excluidos los planes sociales).
Sin embargo, no puede deducirse de esto que tener un trabajo es condición
suficiente para superar la pobreza.
Por el contrario, hay una gran cantidad de ocupados en situación de privación. En el 2do. semestre de 2005, más de 22% de la población empleada pertenecía a un hogar pobre. Son más de 3 millones de ocupados, muchos de los cuales son perceptores principales de ingreso, que no ganan para afrontar las necesidades básicas de sus familias.
Hay que señalar que su esfuerzo no es menor; trabajan tantas horas como los no pobres.
Esto introduce como cuestión central del acceso al umbral de bienestar no
sólo, ni tal vez principalmente, la posesión de un empleo, sino su calidad.
El examen de los ocupados por encima y debajo de la línea de pobreza muestra la ajustada asociación con la (in)formalidad laboral. En el 2do. semestre de 2005, la proporción de pobres entre los asalariados privados registrados era de 9%; es probable que después de los aumentos del salario mínimo y los básicos de convenio, esa cifra sea ahora inferior a 5%.
En cambio, entre los asalariados privados informales, la pobreza va desde 30% entre quienes tienen trabajo estable, hasta 48% en el caso de los que tienen alta rotación (que son casi tantos como los estables).
Entre los ocupados por cuenta propia sin capital (una categoría de cuasi-asalariados informales muy inestables) la pobreza alcanza a 49%. La regla es que, a medida que aumenta la informalidad laboral y la rotación, crece la
probabilidad de que una persona en el mercado de trabajo sea pobre aunque tenga empleo.
Ciertamente, esto no significa que la mejora de la situación ocupacional no
devenga en una baja de la pobreza con empleo, ni que no llegue de
alguna manera a los informales.
En el 2do. semestre de 2003, 1 de cada 3 ocupados era pobre y entre los informales 1 de cada 2. Esto muestra que la mejora alcanzó a todos los segmentos del mercado laboral. Ello es consecuencia de la recuperación del ingreso del trabajo que, en distinto grado, derramó hacia la periferia del mercado.
Pero también es cierto que no a todos les fue igual de bien. Mientras que la proporción de ocupados asalariados formales pobres cayó a menos de la mitad (de 18% a 8%), los ocupados informales debajo de la línea se redujeron en un quinto (de 51% a 40%).
El resultado es que la brecha en la incidencia de la pobreza entre los ocupados informales y formales (incluyendo los no asalariados) creció de 2.3 veces en 2003 a 3.2 veces en 2005. Entre los asalariados esa brecha aumentó de 2.9 a 4.8 veces.
Estas disparidades ocultan otras, igualmente importantes, referentes a la
intensidad de la pobreza entre los ocupados.
En efecto, la indigencia -que es su forma extrema- afecta a 1 de cada 9 pobres con un empleo asalariado registrado, pero a 1 de cada 3 ocupados pobres con un empleo asalariado informal. La brecha de incidencia de la pobreza extrema entre ambas categorías es de casi 12 veces.
La informalidad corta transversalmente el mercado de trabajo, pero su
núcleo duro está en los establecimientos de pequeña escala, en la mayoría
de los casos de baja productividad.
Más de la mitad de los asalariados no registrados (sin incluir el servicio doméstico) trabaja en microempresas de hasta 5 personas, con un tamaño promedio de 3. En este estrato, 3 de cada 4 asalariados no está registrado. Su salario promedio (en el 1er. trimestre de 2006) fue de $456, es decir 28% más bajo que el salario mínimo vigente y 46% inferior a la línea de pobreza para una familia tipo. 1 de cada 2 asalariados no registrados en las microempresas no trabaja de manera estable sino que es intermitente, con una tasa de rotación anual de 74%.
Adicionando el estrato de 6-10 personas, donde la informalidad es de 50%,
se llega a dos tercios del empleo asalariado informal.
Parece claro, entonces que, más que entre empleo y desempleo, la diferencia relevante para el bienestar o su privación, es entre formalidad e informalidad. Esta última es sistémica; no se restringe a la inobservancia de las regulaciones laborales y de la seguridad social sino que incluye –y probablemente comience por- el quebrantamiento de las obligaciones fiscales.
Es verdad que la informalidad muchas veces es un medio para acrecentar
la ganancia por la captación ilegal de una cuasi-renta. Pero en las empresas de pequeña escala donde se concentra, el origen de la informalidad se encuentra en la baja productividad de los factores; más que para captar cuasi-renta, en estos casos es un mecanismo compensatorio de la falta de competitividad.
Esto no significa que haya que abandonar los esfuerzos de fiscalización, pero es igualmente cierto que se requiere una estrategia más amplia para enfrentar el núcleo principal del problema.
En la etapa post-crisis, el eje de la equidad pasa por la transformación del
mercado de trabajo segmentado en uno formal. Ello se refiere no sólo a la
protección legal y el acceso a la seguridad social -en extremo importantísimo-
a la productividad macroeconómica que debe sustentarla, sobre todo
en la base de empresas de pequeña escala.
El diseño de instrumentos apropiados para lograr esa transformación, que hoy son limitados, debe ser una política de Estado.
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Apuntes sobre pobreza, empleo y descenso social
El fundador de SEL Consultores escribió para el cuaderno periódico de Banco Río acerca de formalidad/informalidad laboral, tema que con cierta frecuencia aborda también el Instituto para el Desarrollo Social (Idea). La diferencia es que Idesa plantea claramente una corrección de la estructura impositiva que grava el mercado de contratación de trabajo, mientras que SEL prefiere plantear el problema pero no avanza en propuestas que, necesariamente, deben pasar por la voracidad del Estado. De todos modos, es interesante el diagnóstico (¡Qué deficitaria ha sido el desempeño del ministro Carlos Tomada en todas estas cuestiones!):
21 de septiembre de 2006 - 08:02








