Atención gente que va a Punta del Este: Conflicto salarial en puerta

El intendente electo de Maldonado parece conducirse como un conocedor profundo de los consejos de Nicolás Maquiavelo con su intento de reducir significativamente el peso de la masa salarial en el presupuesto rebajando al menos un 30% los haberes a los funcionarios de carrera del municipio. Para lograrlo el equipo de transición ha recargado las tintas en una supuesta crisis terminal de las finanzas del municipio, anunciando incluso que no habrá recursos para pagar los salarios de los meses de julio y agosto y relativizando el propio funcionamiento de la Intendencia a la obtención de un crédito por un monto cercano a los US$ 20 millones. Con la exigencia a la actual administración de un depósito a plazo fijo de los montos de los salarios de los próximos dos meses (equivalentes a US$ 5 millones) se busca dejar "pegada" a la actual administración nacionalista y canalizar hacia ellos la "bronca" de los empleados municipales cuando se apliquen las medidas de rebaja salarial y se conviertan en la principal variable de ajuste del nuevo gobierno. En una movida de dos pasos, las autoridades electas esperan ablandar a los funcionarios para aparecer luego como sus salvadores a pesar de las fuertes quitas que impondrán a los salarios. El Encuentro Progresista estima en US$ 20 millones el déficit acumulado por la Intendencia, y espera eliminarlo en parte licuando salarios. Curiosamente fueron los empleados municipales los que le dieron el triunfo al Encuentro Progresista en las elecciones de mayo pasado al volcarse masivamente hacia la izquierda fundamentalmente a instancias del trabajo que sobre la jerarquía municipal hiciera Alcorta un profundo conocedor de las estructuras del municipio, ex dirigente nacionalista y hoy fervoroso militante "progresista". Con la "crisis financiera" se busca además forzar a buena parte de contratistas y proveedores municipales a aceptar fuertes quitas de la deuda corriente de la que son acreedores y exigir fuertes rebajas en los precios de productos y servicios. El objetivo es producir vacantes de proveedores que sean llenadas empresarios "amigos" de la izquierda. El municipio gasta mensualmente US$ 1.5 millón en la prestación de sus servicios. Un default municipal arrastraría a la quiebra a buena parte de las empresas que se busca sacar del medio y que la izquierda sindica como vinculadas políticamente a los Partidos Tradicionales. Tras el default, la nueva administración fernandina espera equilibrar sus cuentas produciendo un fuerte ajuste en los impuestos municipales, fundamentalmente en la contribución inmobiliaria. La medida, que se disfrazará de recategorización de inmuebles y consistirá en aplicar incrementos sustanciales a todos los padrones ubicados en zonas balnearias no sería efectiva hasta 2006, por lo que la idea es sostener el déficit acumulado a 2005 con un préstamo del BROU por US$ 20 millones, aunque no se descarta la imposición de una "cuota adicional" con cargo a 2005 o a cuenta del reajuste de 2006 si se observan dificultades en la rápida obtención de financiamiento, lo que a priori parecería poco probable dada la actual composición del Directorio del banco y las atribuciones previstas por la ley para la mayoría especial que hoy detenta.