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La verdad sobre la Operación Ocaña

El 12 de diciembre de 2003, Graciela Ocaña, por entonces diputada nacional ARI-Buenos Aires (ex Frepaso), le presentó al entonces procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo De la Cruz, una denuncia penal por la creación y funcionamiento presuntamente ilegal de la empresa informática BIyCSA, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La denuncia de Ocaña corresponde a un período en el que el Bapro y su red de empresas satélites tenía entre sus directivos a Alberto Fernández, hoy jefe del Gabinete de Ministros de la Nación; Alberto Iribarne, hoy secretario de Seguridad; y Alberto Abad, hoy director general de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Ocaña llegó a imputar la figura de ‘asociación ilícita’, en base a la información suministrada por empleados del Grupo Bapro de las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Chivilcoy, Junín y General Villegas. Las irregularidades cometidas en la relación BIyCSA y Bapro son manifiestas. En verdad, toda la red de empresas del Grupo Bapro fue creada para ‘dibujar’ aportes financieros a la ‘caja política’ del PJ –y de un sector de la UCR- bonaerense. Lo interesante es que Alberto Fernández convenció a Néstor Kirchner acerca de la conveniencia de incorporar a Ocaña al Ejecutivo Nacional para debilitar a Elisa Carrió, sin revelarle al Presidente, la gravedad de lo que investigaba Carrió. Néstor Kirchner aceptó el consejo de su colaborador, quien llegó a un acuerdo con Ocaña y le entregó, el 6 de enero de 2004, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que administra la obra social Programa de Asistencia Médica Integral (Pami). Había transcurrido menos de un mes de la denuncia de Ocaña. Luego, murió De la Cruz, quien ha sido reemplazado por María del Carmen Falbo, a cargo ahora de varias denuncias contra el Bapro como ésta, que los dirigentes políticos bonaerenses desean cerrar, a la vez que el Bapro inició la liquidación de BIyCSA, para que no queden rastros de la operatoria polémica. En tanto, Ricardo Gutiérrez cesó como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y lo reemplazó Jorge Sarghini, de la estrecha confianza de Eduardo Duhalde, urgido de emprolijar las operatorias tan cuestionadas. En cuanto a Ocaña, debería explicar por qué, denunciando lo que denunció, aceptó luego sentarse a negociar con uno de los directivos del Bapro que ella denunció, devenido en jefe del Gabinete de Ministros. Aquí, el texto de la denuncia de Ocaña: Señor Procurador General De la Provincia de Buenos Aires: María Graciela Ocaña, diputada de la Nación, constituyendo domicilio legal en Riobamba 25 piso 7 oficina 722 de la Capital Federal, me presento ante Ud. y respetuosamente digo: Las leyes vigentes nos imponen a todos los funcionarios públicos el deber de denunciar todo acto que pueda ser encuadrado en alguna figura delictiva, y en este sentido es que traemos a su conocimiento esta presentación, atento a la función que la Constitución Nacional asigna en el art. 120 "(...) promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generados de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República". Por ese motivo vengo a poner en Vuestro conocimiento el dudoso modo en el que la empresa BIyCSA estaría operando. Esta empresa, según la resolución del Directorio del Banco Provincia de Buenos Aires –BPBA- Nº 763/02 de mayo de 2002, "concurre en su carácter de sociedad comercial inscripta en la Inspección General de Justicia y tiene por objeto dedicarse a la atención exclusiva de las necesidades informáticas y de operaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires". En el Acuerdo Marco entre el BPBA y BIyCSA, el Directorio del Banco la "encuadra" en el art. 26 inc. 3º, apartados a) y b) de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires Nº 7.764: "No obstante lo expresado en el art. 25 podrá contratarse; (...) 3. Directamente a) Entre reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y entidades en las que dichos Estados tengan participación mayoritaria". De esta forma se le da a BIyCSA facultades que el propio Banco no tiene, esto es, la contratación en forma directa y sin licitación. Le da la posibilidad de no responder a ningún tipo de contralor por parte de la Provincia de Buenos Aires, como por ejemplo, el Reglamento de Contabilidad de la Provincia del Tribunal de Cuentas. Importa saber si existe una norma que autorice al Directorio del Banco a crear una persona jurídica de estas características, esta norma debería surgir de la Carta Orgánica, de lo contrario de una ley promulgada por la Legislatura Provincial o, en su defecto y de cuestionable legalidad, de un Decreto del Poder Ejecutivo Provincial. El Estado provincial tiene órganos de contralor de todas sus empresas y organismos, la pregunta es: ¿Quién controla a BIyCSA ya que, como manifestamos, maneja y opera fondos públicos? Alguien podría suponer que esta Sociedad Anónima es controlada por el mismo Banco Provincia. Pero al ver los funcionarios que la componen, esta posibilidad es NULA ya que el propio Presidente del Banco, el Sr. Ricardo Gutiérrez, es simultáneamente Presidente de BIyCSA. Los Directores del Banco, Oscar Cuattromo y Alberto De Francesco son, al mismo tiempo, directores de la S.A. El Gerente General del BPBA, Ernesto Bruggia, quien suscribe los acuerdos marco en representación del Banco, es a su vez Director de la Empresa. Este integrante del Directorio merece un párrafo aparte, ya que debe recordarse que sobre el Sr. Ernesto A. Bruggia (Gerente General del Banco) existe una solicitud emanada por la Cámara de Diputados de la Nación para que se ordene una disponibilidad preventiva en su cargo por sus actuaciones en relación a la concesión de préstamos otorgados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Como si esto fuera poco, el contador Osvaldo Baglioni completa el Directorio de BIyCSA, es integrante de la Gerencia General del BPBA y tiene a su cargo nada menos que la supervisión de las Gerencias de Sistemas, Jurídica y de Administración. Este último caso requiere una aclaración: la Gerencia de Sistema es quien debe suscribir y autorizar desde el punto de vista informático todo lo que BIyCSA quiera efectuar en el Banco por expresas resoluciones del BCRA. La Gerencia Jurídica debe dictaminar y darle el marco legal a todas las contrataciones y, finalmente, para cerrar el círculo, la Gerencia de Administración es la encargada de las contrataciones. Sin duda, un puesto clave. Finalmente, el Sr. Miguel A. Makón, quien debe, en su carácter de Síndico, auditar internamente a la Sociedad Anónima, pertenece al núcleo de personas cercanas al Contador Gutiérrez. (...) BIyCSA tiene un presupuesto asignado gratuitamente y una caja interminable (el Banco Provincia de Buenos Aires), entonces no necesita preocuparse ni responsabilizarse por los servicios que presta o por la calidad de los productos, y mucho menos por la economía de su propia gestión. De acuerdo a la opinión de los especialistas en la materia, el BPBA no debe ni debería tener especialistas en actividades tecnológicas muy específicas, porque su actividad central (que ha cumplido) es ser Agente Financiero de la Provincia, esto es dar créditos y no vender servicios informáticos. Ante la necesidad del proyecto, deberían contratar servicios en forma provisoria o tercerizarlos en forma temporaria, que es ni más ni menos lo que el Banco siempre hizo, y lo que actualmente hace BIyCSA pero con mayor costo para el Banco. El Banco Central tiene normado que los Sistemas Informáticos bancarios deben cumplir con estrictas normas de seguridad, entre ellas que estos sistemas deben estar supervisados por una Gerencia de Sistemas, la cual desde el punto de vista profesional se debe responsabilizar por el mismo. BIyCSA es quien determina las especificaciones técnicas que el BPBA requiere, por lo tanto determina en forma directa qué empresas cumplen con las mismas y de esta forma se condiciona la compra de dicha tecnología, fijando claramente la tendencia de ésta. Asimismo es quien –en nombre del BPBA- negocia personalmente con los proveedores, es decir "el vendedor" (BIyCSA) le dice al comprador (BPBA) lo que él necesita y tiene que comprar, y él mismo se lo vende. En tiempos en que no existía BIyCSA, si el Banco debía adquirir un software se compraba él mismo (...). (...) Para dar un ejemplo concreto, entre otros, tomamos el software META 4, para el área de Recursos Humanos, para adaptarlo al BPBA (mayo 2002) $ 1.084.874,00 y cuotas de $ 40.293,00 mientras se use el programa. Para el mantenimiento de los programas, liquidación e impresión de recibos de sueldos (agosto de 2002), -que antiguamente lo hacía un solo programador del área de sistemas- el costo mensual es de $ 36.000,00; costo anual $ 432.000,00. Otro caso a mencionar es el costo por la adaptación a cargo de BIyCSA para que el producto Oracle funcione de acuerdo a las necesidades del BPBA fue de $ 1.700.678,05 y que a la fecha se haya instalado soportando la Gestión Administrativa de Compras con un alto nivel de deficiencias técnicas y cantidad de funciones planificadas que no se concretaron. Destaquemos que en todos los Anexos al Acuerdo Marco entre el BPBA y BIyCSA, dentro de los cuales se pactan tareas y sus valores, no existe ningún tipo de multa o sanción para el caso de incumplimiento. La magnitud de BIyCSA Según algunas estimaciones se habla de que el presupuesto de BIyCSA solo para el año 2003 sería de $ 170.000.000,00; muy difícil de comprobar ya que la empresa no presenta los balances ante la Inspección General de Justicia y, además, gran parte de sus gastos son cargados al propio Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este monto se encuentra fuera de todo control por parte del Estado y está en manos de una S.A. de dudosa legalidad. Hoy, BIyCSA es la empresa informática más grande del país en cuanto a cantidad de gente que emplea, cuenta con un plantel de 800 empleados, donde hay personal propio, personal "en comisión" del BPBA, personal contratado y personal que le "factura" a BIyCSA sus honorarios por los servicios que prestan. Como dijimos, muchos gastos son pagados e imputados a las sucursales del BPBA, de esta forma se dispersan y será muy difícil determinar los costos reales por la implementación del Sistema Sur. De los precios que se le facturan al BPBA por los servicios prestados, no se ha logrado nunca relacionar o hacer una compulsa con los del mercado de otras empresas que no fuera BIyCSA. En alguna ocasión en la que se solicitó que se hiciera una "apertura de costos" el procedimiento utilizado fue muy sencillo: en los gastos de la empresa (por ejemplo sueldos, honorarios, viáticos, materiales, etc.) se adicionó a la ganancia un 10%. Y sobre costos hablamos, es realmente inexplicable la manera en la que se maneja la cifra de sueldos y la disposición de empleados. El contador Cousello (cuñado del contador Gutiérrez) está contratado en una empresa del Grupo Bapro. Y su sobrino es uno de los abogados del Banco en la sucursal Bahía Blanca (recordemos que profesionales que están hace años en la entidad aún no lograron ser confirmados en sus cargos). La generosidad con parientes y familiares no se termina en la propia familia. El presidente del Bapro, Ricardo Gutiérrez, contrató en BIyCSA a Hugo Frenkel –hermano del Director Roberto Frenkel- con un no despreciable sueldo que promedia los $ 9.000 mensuales. Pero es fácil ser generoso cuando los fondos para beneficiar a los más íntimos no sale del propio bolsillo, sino de las arcas de la Provincia de Buenos Aires. Y estos serían sólo algunos de los casos de empleados que guardan una estrecha relación con directores del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Como puede apreciarse a lo largo de esta presentación, los nombres de quienes estarían implicados hacen que este asunto revista una gravedad tal, que la propia institución bancaria estaría en manos de funcionarios que, lejos de velar por el cumplimiento de las normas y el bienestar de los ciudadanos que necesitan del Banco del Estado provincial como una de las pocas herramientas de crédito para el fomento de la economía, y de protección de sus ahorros, estarían utilizando sus cargos para lograr un beneficio personal, a costo de destruir un banco público. De probarse esta metodología, podríamos afirmar que estaríamos frente a un caso de defraudación (art. 173 inc. 7 y 8 del Código Penal de la Nación) contra el Estado provincial, perpetrados por un grupo de personas que conformarían, claramente, una asociación ilícita (art. 210 CPN). (...) corresponde a los funcionarios del Banco y su Directorio, que serían partícipes de esta forma de evadir controles, adjudicar en forma directa, y beneficiar a integrantes del Banco y familiares con suculentos sueldos y beneficios que sólo son posible a través de esta creación absurda e innecesaria de una sociedad que atiende en forma exclusiva a las necesidades informáticas y de operación de la entidad financiera provincial. Solicitamos: • Se inicie una investigación sobre la legalidad de la creación de la empresa BIyCSA, y su funcionamiento, así como de las responsabilidades existentes del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires y otros funcionarios del mismo por su relación con la empresa. • Se evalúen las responsabilidades que podrían caberle al Banco Central de la República Argentina por su acción u omisión respecto a los controles aplicables a las entidades financieras. • Se disponga la apertura de los correspondientes sumarios administrativos, con implementación de la medida preventiva (art. 77 Reglamento de Disciplina para el personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires), a fin de que no se vea obstaculizada la investigación estableciendo la disponibilidad preventiva sobre Ernesto Atilio Bruggia y Dr. Osvaldo Emilio Baglioni, por ser integrantes de la Gerencia General del Bapro y simultáneamente miembros del Directorio de BIyCSA. Proveer de Conformidad SERÁ JUSTICIA