OPINIÓN

Curso básico de La Cámpora para lavar cerebros

Sorprende lo rudimentario del pensamiento que expone la revista La Cámpora, publicación evidentemente dirigida a militantes de un nivel cultural muy básico. Nada se fundamenta y menos se investiga, todo se da por cierto: es el kirchnerismo en su estado puro. Un artículo titulado "Los cómplices necesarios" es un ejemplo de ello.

 

N. de la R.: ¿Qué hacían Néstor Kirchner y Cristina Fernández entre 1976 y 1983? Los jóvenes de La Cámpora no se lo preguntan. Segun Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo, el matrimonio se dedicaba a acumular una fortuna familiar en base a la especulación financiera, de la que se aprovechaba un estudio jurídico dedicado a la ejecución de garantías prendarios y/o hipotecarias. Entonces ¿los Kirchner fueron beneficiarios de la Circular 1050 que implementó el Banco Central presidido por Adolfo César Diz y con Alejandro Reynal como vicepresidente? Es posible que Moyano haya faltado a la verdad pero si así fuese ¿cómo es que Néstor y Cristina eran lo suficientemente adinerados, hacia el final del Proceso de Reorganización Nacional, como para dedicarse a la política partidaria con dedicación casi exclusiva? Los jóvenes de La Cámpora no se lo preguntan porque, probablemente no piensan y resultaría interesante conocer el motivo: ¿es voluntario creer que el dinero de los Kirchner resultó un evento mágico o es una obligación para pertenecer? En tanto, los jóvenes de La Cámpora opinan sobre el resto de la sociedad. Creen tener derecho a subestimar a quienes conocen acerca de aquellos años, a tratar a todo el mundo como ignorantes. Aquí un ejemplo de las tonterías que publica la revista La Cámpora:
 
 
 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (La Cámpora): Ledesma, Ford, Mercedes Benz, Acindar, Clarín, La Nación, Techint, Astarsa y Papel Prensa, entre otras, son algunas de la empresas sobre las que se empieza a correr el velo que deja expuesta su complicidad con los genocidas durante la dictadura. 
 
La reciente apertura de una investigación judicial vinculada a la complicidad de los directivos de Loma Negra con la represión es una buena prueba de ello. La política de verdad y justicia que se lleva adelante en el país desde hace 9 años es la responsable principal de que estas cuestiones que permanecieron ocultas por más de 30 años ahora salgan a la luz.
 
Por primera vez, este último 24 de marzo, comenzó a debatirse públicamente la complicidad de los grupos económicos con la última dictadura a la que se redefinió como cívico militar, aludiendo a la responsabilidad de muchísimos civiles de sectores políticos, empresarios y eclesiásticos en la perdurabilidad a lo largo de siete años de un régimen de crímenes.
 
También fue determinante para ello el papel de una prensa cómplice que soslayaba los asesinatos y destacaba la necesidad y la importancia del orden impuesto.
 
“Los grupos económicos también fueron la dictadura”, decía la bandera que encabezó la última marcha y que plasmó así este cambio de enfoque decisivo.
 
Gracias a los avances en las investigaciones judiciales que ya devinieron en las primeras sentencias judiciales, y que enviaron a la cárcel a una buena cantidad de genocidas, es que podemos permitirnos pensar a la dictadura desde un espectro más amplio que involucra también a una importante parte de la sociedad civil.
 
Empresas como Ledesma, Ford, Mercedes Benz, Acindar, Clarín, La Nación, Loma Negra, Techint, Astarsa, Papel Prensa y el Banco de Italia fueron cómplices y beneficiarias del terrorismo de Estado.
 
El ingenio azucarero Ledesma, de la familia Blaquier, en la provincia de Jujuy, proveyó de camiones al Ejército para la desaparición de sus trabajadores. A mediados de 1976 en la denominada “Noche del Apagón”, la empresa cortó el suministro de energía eléctrica en todo el pueblo, para facilitar los secuestros. 
 
También autorizó que dentro de la empresa funcionase el Escuadrón 20 de Gendarmería, constituido en Centro Clandestino de Detención.
 
Otra empresa que suministró elementos a la dictadura fue Ford: se usaron camionetas F-100 en los operativos, y en la planta bonaerense de General Pacheco también se instaló un centro clandestino de detención. Incluso personal de la empresa participó de los interrogatorios a delegados e integrantes de la comisión gremial interna realizados en la misma fábrica.
 
Algo similar sucedió en Mercedes Benz, donde los directivos de la firma fueron los que entregaron las listas negras con los nombres de los trabajadores, también muchos de ellos con activa participación sindical, y que a raíz de ello fueron secuestrados.
 
Las siderúrgicas Acindar y Siderca, del Grupo Techint, también fueron lugares elegidos para la instalación de centros clandestinos de detención en sus predios de Villa Constitución y Campana, ambos en la provincia de Buenos Aires.
 
Acindar estaba presidida en 1975 por el después ministro de Economía de la dictadura y cerebro del inicio de la debacle productiva nacional, José Alfredo Martínez de Hoz. 
 
Fue quien antes del Golpe del ’76 impulsó la represión dentro de la compañía para desmembrar la dirección de la UOM local.
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En esa represión participaron distintas fuerzas de seguridad y sectores afines a José López Rega. La empresa puso su helipuerto a disposición de la Policía Federal y cedió la fábrica para la instalación de un cuartel, donde funcionó un centro clandestino de detención.
 
En Siderca, se entregaron “listas negras” al Ejército que se apersonó a la puerta de la planta, papeles en mano, y detuvo a aquellos obreros “indeseables” para la empresa, que fueron alojados en un centro clandestino ubicado en el Tiro Federal de Campana, contiguo a la fábrica, y que se comunicaba con el predio a través de una puerta.
 
El mismo modus operandi fue empleado en el astillero Astarsa: el mismo 24 de marzo de 1976, fuerzas del Ejército acordonaron la entrada del lugar con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros, y con la colaboración de la empresa fueron identificando uno a uno los “indeseables” para detenerlos y llevarlos a la comisaría Primera de Tigre.
 
Situaciones similares se reprodujeron en las fábricas de Fiat en Córdoba y Barracas; de Alpargatas en Florencio Varela; de Renault y Celulosa, también en el conurbano bonaerense, donde cientos de trabajadores fueron secuestrados con la anuencia de los dueños de las empresas.
 
Además, hubo otras compañías como Bridas –que trabajó asociada a YPF durante la dictadura-, Pérez Companc, Socma (Sociedad Macri), el Banco de Italia y el First Bank of America, que incrementaron notablemente sus patrimonios y sus negocios a lo largo de los años en que imperó el terrorismo de Estado.
 
En muchos de los casos señalados, existen causas por delitos de lesa humanidad, algunas incluso acompañadas por el gobierno nacional como querellante.
 
Un caso paradigmático es el de Papel Prensa, la principal productora del insumo que utilizan los diarios. Seis meses después del Golpe de Estado, la Junta Militar quitó del medio a la familia Graiver, propietaria de Papel Prensa y de supuesta vinculación con Montoneros, y les robó la propiedad de la empresa para distribuir tres cuartos de su paquete accionario en forma gratuita entre los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en tanto que el resto quedó a título del Estado nacional. 
 
La causa está en la Justicia impulsada por el propio gobierno nacional.
 
También esos mismos diarios, más otros medios gráficos, desde sus portadas y en sus páginas, dedicaban extensas notas a hablar sobre la necesidad y los beneficios de tener un gobierno que ejerciera el poder a sangre y fuego. 
 
Editorial Atlántida, con sus revistas Gente y Somos, jugaba en favor de la dictadura. “La Ardua Recuperación”, titulaba por esos años Clarín una nota en la que aseguraba que los “terroristas” estaban alojados en “clínicas” “limpias y cómodas” y centros de “recuperación” para que pudieran “desintoxicarse” de su ideología. De esa manera, ocultaba que eran campos de detención como por ejemplo el de la ex ESMA.
 
La responsabilidad de los grupos económicos ya no es un secreto a voces, sino una certidumbre que comienza a dar sus primeros pasos en la Justicia. Y los primeros resultados empezaron a llegar: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata acaba de sentenciar a tres militares y dos civiles por la muerte de Carlos “El Negro” Moreno, un abogado laboralista de Olavarría que representó a los obreros de Loma Negra en varias causas judiciales porque en medio del proceso de producción contraían una enfermedad en los pulmones.
 
Lo más importante del caso es que se ordenó abrir una investigación a Loma Negra por plurales elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio habrían inducido los delitos.
 
La complicidad de los grupos económicos fue necesaria para que sucediera el golpe de Estado del ‘76. Sin ella, la dictadura no hubiera existido. Por eso resulta fundamental que se señale, se nombre y se discuta el rol que tuvieron todas estas empresas en el sostenimiento del gobierno de facto. 
 
Y que se juzgue a sus responsables como se viene haciendo con los militares. Porque estos grupos económicos  también “son la dictadura”.

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