Los nuevos desaparecidos: ¿México, democracia fallida?
Human Rights Watch (HRW) emplazó al presidente mexicano Enrique Peña Nieto a esclarecer las miles de desapariciones registradas en el país y sancionar a miembros de fuerzas de seguridad responsables de estos “horribles crímenes” ocurridos durante el gobierno de su antecesor, Felipe Calderón.
23 de febrero de 2013 - 07:15
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosos casos de desaparición forzada, señaló la organización no gubernamental Human Rights Watch. Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia, lo cual ha exacerbado el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, comprobó Human Rights Watch.
El informe de 193 páginas, titulado 'Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada', documenta 249 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón (Partido de Acción Nacional, PAN), que ocupó la Presidencia entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. En 149 de esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales.
HRW advirtió que “si el gobierno de (Enrique) Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional, PRI) repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones, muy probablemente éstas continuarán en ascenso”.
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Desapariciones en México
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Testimonios de activistas
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Luego de considerar que en el sexenio anterior se registró “una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de su historia”, la organización recordó a Peña Nieto, en la voz de su directivo José Miguel Vivanco, que aún cuando estos hechos hayan ocurrido durante la administración pasada, los delitos siguen vigentes.
“Si bien es posible que las desapariciones hayan comenzado mientras Calderón estuvo en el poder, no concluyeron al finalizar su mandato”, puntualiza Vivanco al anunciar la presentación oficial del informe mañana jueves 21.
El defensor agregó que mientras miles de personas permanecen desaparecidas, “numerosos soldados y policías ocultan la verdad acerca de cuál fue su destino, y los familiares de las víctimas continúan sufriendo por no saber qué ocurrió a sus seres queridos”.
Después de lamentar esta “herencia” de Calderón, Vivanco puntualizó que pese a que la actual administración “ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe dar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.
En el reporte, HRW documenta 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón, de las que en 149 casos la organización “encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales”.
Según las investigaciones de HRW, los servidores públicos involucrados en desapariciones forzadas son elementos del Ejército, la Marina, así como policías federales, estatales y municipales.
La investigación también logra identificar patrones de actuación de las Fuerzas Armadas en los 149 casos en los que lograron identificar la autoría de los agresores.
Patrón en las desapariciones
El patrón inicia con la aprehensión arbitraria “sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares”.
En las capturas realizadas por soldados y policías, se agrega, los elementos iban uniformados y se trasladaban en vehículos oficiales y, cuando “los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos, en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público les indicaban que esas personas nunca fueron detenidas”.
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Hay casos, se agrega en el informe, en que “las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectúo múltiples desapariciones aplicando las mismas tácticas durante un período breve y en una misma zona”.
Entre los más graves, puntualizó HRW, se encuentran “20 desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por miembros de la Marina en junio y julio de 2011 en Nuevo León y Tamaulipas”, casos en los que por “el 'modus operandi' con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los operativos y las versiones contradictorias ofrecidas por la Armada sugieren que podrían haber sido planificados y coordinados”.
También son de suma gravedad otros 60 casos en los que HRW “encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o extorsionar a sus familiares”.
Un ejemplo de lo anterior es el caso de 19 trabajadores de la construcción detenidos por policías locales en Pesquería, Nuevo León, en mayo de 2011.
Esas personas, según confirmó HRW, fueron entregadas por la policía a la delincuencia organizada y desde entonces no se tiene información de su paradero.
Después de puntualizar que ninguno de los casos investigados por HRW ha sido esclarecido ni muchos menos los responsables castigados, la organización recordó que en noviembre pasado se filtró a los medios una lista preliminar con los nombres de 25 mil personas reportadas como desaparecidas o extraviadas desde 2006, relación elaborada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sobre la impunidad que cobija estos casos, la organización denunció que se debe a la frecuencia con que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública no inician una búsqueda oportuna ni exhaustiva de personas desaparecidas ni mucho menos se investiga a los responsables.
Peor aún, apunta, “en muchos casos estos funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido, e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar”, además de que cuando se toman escasas acciones, “con frecuencia se ven contrarrestadas por demoras, errores y omisiones”.
De acuerdo con el balance de HRW sobre el sexenio pasado, se concluye que las medidas asumidas “fueron tardías y evidentemente inadecuadas”, toda vez que durante la mayor parte de su periodo “Calderón negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido violaciones de derechos humanos”.
La organización lamentó que sólo hasta el último año de su administración Calderón haya hecho un reconocimiento de la participación de agentes del Estado en abusos, pero pese a ello incumplió sus compromisos para atender la emergencia.
En el informe, en el que se destaca que la ausencia de diligencias en las investigaciones, “potencia el sufrimiento de familiares de las víctimas”, se hacen varias recomendaciones al gobierno de Peña Nieto.
Las más importantes, y que en su momento no fueron atendidas por Calderón, se refieren a la creación de una base de datos sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados, así como reformar el Código de Justicia Militar “para garantizar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzada cometidas por militares contra civiles, sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria”.
Además, se llama a acoplar la tipificación de la desaparición forzada en la legislación federal y de los estados a los estándares internacionales de derechos humanos, así como decretar que todas las personas detenidas por cualquier autoridad sean inmediatamente presentadas ante el Ministerio Público y que por ningún motivo se traslade a los detenidos a instalaciones militares, dependencias policiales o centros de detención clandestinos.
"Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012, recibió un país asolado por la violencia vinculada al narcotráfico, que le costó la vida a más de 60.000 mexicanos a lo largo de seis años. La “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, tuvo resultados calamitosos. No sólo no logró contener a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que además generó un incremento dramático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad a las cuales se encomendó la misión de enfrentar a esas organizaciones. En vez de reforzar la seguridad pública, estos abusos exacerbaron el clima de violencia, caos y temor.
Durante gran parte de su presidencia, Calderón negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido abusos, a pesar de que cada vez más evidencias indicaban lo contrario. Recién en el último año de su mandato reconoció que se habían producido violaciones de derechos humanos y adoptó una serie de medidas positivas—aunque muy limitadas—para erradicar algunas prácticas abusivas. Sin embargo, no logró cumplir con su principal obligación fundamental de asegurar que las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías fueran investigadas y se juzgara a los responsables.
Esa responsabilidad le corresponde ahora al Presidente Peña Nieto. Y en ningún caso es más urgente que en el de aquellas personas que han sido llevadas contra su voluntad y cuyo paradero aún se desconoce. La característica que distingue a estos delitos de otros es que, mientras se ignore el destino de la víctima, tienen carácter continuo. Cada día que pasa es otro día sin que las autoridades hayan encontrado a las víctimas, y otro día que las familias siguen sufriendo por no saber qué les sucedió a sus seres queridos.
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Human Rights Watch ha documentado casi 250 desapariciones de este tipo que se han producido desde 2007. En más de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia. Estos delitos han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia organizada. En los demás casos, no pudimos determinar, a partir de la evidencia disponible, si hubo participación de actores estatales en el delito, si bien esta posibilidad no queda excluida.
En casi todos los casos, las autoridades no adoptaron medidas oportunas ni exhaustivas para buscar a las víctimas ni investigar lo sucedido. Fueron excepcionales los casos en que los agentes del Ministerio Público tomaron medidas básicas de investigación que son cruciales para encontrar a personas desaparecidas. Muchas veces, incluso, se mostraron más proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa y, en clara señal de que no consideran prioritaria la solución de este tipo de casos, indicaron a los familiares que efectuaran la búsqueda por sus propios medios.
Cuando los agentes del Ministerio Público sí investigaron lo sucedido, sus esfuerzos se vieron contrarrestados por demoras, errores y omisiones. Las búsquedas e investigaciones también debieron superar otros obstáculos estructurales, incluidas normas excesivamente acotadas y ausencia de herramientas indispensables, como una base de datos nacional sobre personas desaparecidas.
Los esfuerzos ineficaces o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar a personas que fueron sustraídas potencian el sufrimiento de los familiares de las víctimas, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos provoca un desconsuelo constante. Muchos familiares postergan todos los demás aspectos de su vida y se dedican exclusivamente a buscar a las personas desaparecidas, una tarea que, según sienten, no pueden abandonar hasta saber la verdad. Más grave aún, los familiares de víctimas pueden perder acceso a servicios sociales y beneficios básicos—como atención de la salud y cuidado de los niños—que recibían anteriormente a través del empleo de la víctima. Esto los obliga a intentar recuperar los beneficios, lo cual conlleva
un alto costo económico y emocional.
Los casi 250 casos documentados en este informe no representan en absoluto la totalidad de las desapariciones ocurridas en México durante el gobierno del ex Presidente Calderón.
Por el contrario, no existen dudas de que hay miles de casos más. Por ejemplo, funcionarios de Coahuila indicaron a Human Rights Watch que 1.835 personas habían desaparecido solamente en ese estado entre diciembre de 2006 y abril de 2012. Incluso más preocupante es una lista provisoria elaborada por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República—que se filtró en noviembre de 2012—que incluye los nombres de más de 25.000 personas desaparecidas o extraviadas durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce. Si bien la lista contiene información incompleta y la metodología que se aplicó para prepararla es defectuosa, la cifra no deja dudas sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones.
Durante los años en que el gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas. Si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso. Y miles de familias de víctimas seguirán sumidas en la desesperación de no saber qué les sucedió a sus seres queridos.
No obstante, un enfoque distinto es posible. Y Human Rights Watch pudo comprobarlo en el estado de Nuevo León, donde en respuesta a las presiones de familiares de víctimas y defensores de derechos humanos, los agentes del Ministerio Público han dejado atrás un patrón de inacción y falta de diligencia, y han comenzado a examinar seriamente un grupo específico de casos de desapariciones.
Los esfuerzos de estos funcionarios les permitió recuperar la confianza de los familiares de las víctimas, y conseguir de este modo que colaboren con las investigaciones, lo cual ha sido crucial para identificar nuevas pistas y reunir pruebas valiosas. Si bien hasta el momento los resultados de estas investigaciones siguen siendo moderados y son muy pocas las personas desaparecidas que han sido halladas, el enfoque ofrece un modelo para superar algunos de los mayores obstáculos para la resolución de los casos de desapariciones.
En definitiva, el éxito de estas y otras iniciativas impulsadas en los estados dependerá en gran medida de que el gobierno federal tenga la capacidad y el interés necesarios para cumplir con su parte. Se trata, después de todo, de un problema de alcance nacional, que en muchos casos involucra a las fuerzas de seguridad federales y organizaciones delictivas cuya presencia en los estados no reconoce fronteras. Es posible que las fosas comunes halladas en un estado contengan restos de personas que fueron desaparecidas en otros. Resulta fundamental adoptar una estrategia integral—basada en iniciativas de alcance nacional como la creación de bases de datos unificadas y precisas sobre personas desaparecidas y restos no identificados—que otorgue a los agentes del Ministerio Público, funcionarios de seguridad pública y familiares las herramientas necesarias para encontrar a estas personas y llevar ante la justicia a los responsables de su desaparición.
Desapariciones forzadas
Human Rights Watch ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos 149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales.
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La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documentamos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.
En algunos casos, las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectuó múltiples desapariciones aplicando las mismas tácticas durante un período breve y en una misma zona. Por ejemplo, Human Rights Watch recogió testimonios de testigos, así como fotografías y grabaciones de video, que señalan que miembros de la Marina cometieron más de 20 detenciones arbitrarias en junio y julio de 2011, en los estados vecinos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Casi todas estas personas fueron detenidas arbitrariamente por miembros de la Marina en sus viviendas.
La Marina negó en un primer momento haberse llevado a los hombres, pero luego se contradijo al admitir en diversos comunicados de prensa que había mantenido contacto con varios de ellos antes de que desaparecieran. El paradero de estas personas se desconoce desde el día en que fueron detenidas. El modus operandi aplicado comúnmente en estos casos sugiere que estos delitos podrían haber sido planificados y coordinados, o al menos no podrían haberse concretado sin conocimiento de funcionarios de alto rango de la Marina.
En aquellos casos en que agentes estatales actúan junto con la delincuencia organizada para perpetrar las desapariciones, la colaboración puede darse de distintas maneras. Más frecuentemente, miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las víctimas y luego las entregan a organizaciones delictivas. A veces, estos policías, soldados y agentes investigadores actúan en connivencia con organizaciones criminales para extorsionar a familiares de las víctimas, o dan aviso a estas organizaciones cuando los familiares de las víctimas denuncian las desapariciones, un dato que los secuestradores luego utilizan para hostigar e intimidar a las familias.
En más de una decena de casos, las evidencias indican que agentes estatales habrían utilizado información aportada por los familiares de las víctimas para simular que eran los secuestradores y exigir el pago de un rescate.
Además de estos casos de desaparición forzada, también documentamos otros 100 casos de desaparición. En estos, las personas fueron llevadas contra su voluntad, a menudo por hombres armados, y al día de hoy se desconoce su paradero. No tenemos conocimiento de evidencias que señalen que hayan participado actores estatales en estos delitos. Sin embargo, debido a la frecuente participación de policías y militares que se puede comprobar en otras desapariciones, y dado que no se han efectuado investigaciones exhaustivas, es imposible excluir la posibilidad de que haya habido intervención de actores estatales en estos casos.
De cualquier forma, aun cuando estas desapariciones constituyen delitos perpetrados exclusivamente por actores privados—a diferencia de las desapariciones forzadas—y no se encuadran en la definición de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Estado tiene la responsabilidad de investigar todas las desapariciones, con independencia de quién sea responsable. Asimismo, conforme al derecho internacional y la Ley General de Víctimas de reciente vigencia en México, el gobierno tiene la obligación jurídica de brindar a las víctimas de delitos un recurso efectivo, que garantice el derecho a la justicia, la verdad y una reparación adecuada.
Serias deficiencias en las investigaciones
Nuestra investigación demuestra que es habitual que las autoridades no respondan de manera oportuna cuando las víctimas, sus familiares o testigos denuncian las privaciones ilegales de la libertad en el momento en que estas se producen. Y cuando los familiares de las víctimas u otras personas denuncian las desapariciones, son pocos los casos en que los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública actúan inmediatamente para buscar a la víctima o los responsables.
A pesar de las solicitudes de los familiares, no se localizan los teléfonos celulares de las víctimas ni se controlan los movimientos en sus cuentas bancarias, no se obtienen las grabaciones de cámaras de seguridad (que suelen ser borradas automáticamente después de un cierto tiempo), ni tampoco se adoptan otras medidas que sólo son efectivas dentro de un determinado plazo.
Por el contrario, es común que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública indiquen equivocadamente a los familiares que, por ley, deben esperar varios días para presentar una
denuncia formal, y les aconsejan que ellos mismos busquen a la persona desaparecida en dependencias policiales y bases militares, lo cual supone un riesgo para la familia. O bien los agentes del Ministerio Público a veces determinan prematuramente que no tienen competencia para investigar el caso. Estas demoras y omisiones injustificadas provocan la pérdida irreversible de información que podría haber salvado la vida de las víctimas y ayudado a ubicar a los responsables.
Como si esto fuera poco, cuando los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y funcionarios de seguridad pública atienden a familiares de desaparecidos, es común que sugieran que las víctimas posiblemente fueron agredidas debido a que están implicadas en actividades ilícitas, incluso cuando no tienen pruebas para hacer tales señalamientos. Las autoridades invocan esta presunción infundada como un pretexto para
no iniciar investigaciones, y así excluyen y hostigan a personas cuya colaboración podría haber sido crucial para encontrar a la víctima desaparecida.
Si bien es razonable que las autoridades evalúen los antecedentes de las víctimas como una posible línea de investigación, Human Rights Watch comprobó que algunos funcionarios asumían automáticamente que las víctimas tenían algún vínculo delictivo antes de iniciar una investigación preliminar, y mantenían esta postura aun cuando las evidencias señalaban
claramente lo contrario.
En los casos en que los agentes del Ministerio Público sí inician una investigación, con frecuencia solicitan a los familiares de las víctimas que se ocupen de algunas tareas que son parte de la investigación y deberían ser realizadas por funcionarios, como entrevistar a testigos e intentar localizar a presuntos responsables. Es pertinente y, sin duda, necesario que los agentes del Ministerio Público colaboren con familiares de las víctimas en la investigación de desapariciones. No obstante, en todos los casos analizados, Human Rights Watch comprobó que se dependía de manera desproporcionada, o incluso absoluta, de la colaboración de los familiares para llevar a cabo tareas de investigación básicas.
Como parte de este círculo vicioso, los familiares continúan asumiendo responsabilidades que corresponden a las autoridades porque saben que los funcionarios a cargo de la investigación no actuarán por su propia iniciativa. Y en vez de cumplir con aspectos de la investigación que son de su incumbencia, algunos agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública se acostumbran progresivamente a delegar estas tareas a familiares de las víctimas.
Los familiares no sólo no están capacitados para trabajar en estos aspectos de la investigación, sino que esto puede exponerlos a un riesgo considerable: en varios casos, la iniciativa de los familiares, que actuaban a instancias de agentes del Ministerio Público, hizo que fueran objeto de amenazas y agresiones.
Además de depender excesivamente de los familiares, a menudo los agentes del Ministerio Público no adoptan medidas básicas para la investigación. Entre las omisiones más habituales documentadas por Human Rights Watch se incluyen las siguientes: no entrevistar a familiares de las víctimas, testigos u otras personas que podrían haber aportado datos relevantes; no entrevistar a posibles responsables; no seguir pasos de investigación obvios, como obtener los nombres de policías y soldados asignados a unidades implicadas en las desapariciones; y no visitar el lugar de los hechos para recabar pruebas. Incluso en los casos en que los funcionarios judiciales cumplieron pasos básicos de las investigaciones, a menudo esperaban demasiado tiempo para concretar estas tareas y, para entonces, ya no era posible identificar posibles indicios.
En algunos casos los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública extraviaron pruebas cruciales, como muestras de ADN de familiares de víctimas, y cometieron errores al recopilar información clave sobre los hechos, como registrar datos erróneos respecto de dónde o cuándo desaparecieron las víctimas.
En algunas instancias policías y funcionarios judiciales falsificaron pruebas—por ejemplo, indicaron haber efectuado entrevistas que nunca realizaron—y en otras manipularon o destruyeron evidencias importantes, lo cual sugiere que podrían haberlo hecho con el fin de proteger a los responsables del delito.
Además de no resolver los casos individuales y exacerbar el clima general de impunidad, estas serias deficiencias en la investigación permiten que los miembros de las fuerzas de seguridad y organizaciones delictivas que llevan a cabo múltiples desapariciones cometan nuevamente estos delitos.
En varios casos, Human Rights Watch encontró evidencias persuasivas de que los mismos agentes estatales, frecuentemente con la colaboración de organizaciones criminales, habían tenido intervención en varias desapariciones perpetradas en incidentes distintos. En estos casos, los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública no tomaron en cuenta evidencias que, si hubieran sido investigadas adecuadamente, podrían haber evitado otras desapariciones. (...)".
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