DEBATE

Otra vez los obispos católicos en problemas...

El eje del problema es la relación entre el Estado y la Iglesia Católica porque si no existiera tanta dependencia financiera no habría compromiso político, y la polémica no sería constante. Pero el Concordato vigente entre el Vaticano y la República Argentina (y que los Kirchner no han denunciado) tiene consecuencias para el clero, que consigue dinero fiscal.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Iglesia Católica argentina ha mantenido una difícil relación con los Kirchner. En general, los organismos de derechos humanos han acusado al clero católico de complicidad con los militares. En verdad, el vínculo financiero entre el Estado y la Iglesia Católica, presiona a ésta para intentar un discurso oficialista casi siempre. Si no existiera el beneficio que genera una obligación de contrapartida, el asunto no sería tan complicado.
 
Desde que comenzaron ciertos cambios en la conducción de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica argntina, se intenta chocar lo menos posible con la Presidente de la Nación.
 
Pero ¿qué hacer cuando colisionan la Presidente y sindicalistas peronistas, históricamente católicos?
 
Por fortuna para el clero católico, Hugo Moyano es evangélico...
 
Pero, de acuerdo a Guillermo Villarreal en la agencia Diarios y Noticias, de todos modos hay una enorme cautela católica en la coyuntura:
 
"Los obispos estiman que la pelea política entre Cristina Fernández y Hugo Moyano por la influencia estratégica en la Confederación General del Trabajo (CGT) será de largo aliento.
     
Consecuentes con ese análisis, el Episcopado no pierde detalle sobre la evolución de los acontecimientos sindicales y advierte que la fractura de la central obrera terminará perjudicando, en su conjunto, a los asalariados.
     
"Hablar en esta situación, no suma. Hay que apostar a la prudencia. Puede que haya una nueva constitución molecular de la CGT, que sabe de divisiones, pero su ADN es y será peronista", reflexionó una fuente del sector.
     
Para evitar una profundización del enfrentamiento, semanas atrás, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, reclamó magnanimidad y ejemplaridad a las partes en pugna. "Hay que achicar las cosas que nos separan porque está en juego el país", advirtió el prelado santafesino."
 
Pero lo que más complica el escenario para el clero católico son las nuevas declaraciones de Jorge Rafael Videla, que no resultan novedad alguna para quienes conocen la trama, pero que expone ante la opinión pública, una situación complicada que los obispos y cardenales han intentando silenciar.
 
 
"(...) El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados.
 
Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.
 
Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”.
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El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.
 
Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos.
 
El detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su publicación aquí. P
 
ero en el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el tema:
 
–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.
 
–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.
 
–No parece suficiente.
 
–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.
 
Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura. (...)".

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