Roggio, 'víctima' de la pérdida de poder de De Vido

Sin embargo, Roggio intentó un acercamiento con el viceministro de Economía y éste no lo recibió.  A partir de esta actitud De Vido mostró su enojo al sentirse traicionado y abandonado por Roggio cuando éste intentó ser recibido por Kicillof. Así el presidente de Metrovías se quedó sin el pan y sin la torta.

Desde el Ejecutivo Nacional avanza una causa judicial contra la empresa, a la que le pidieron la intervención; y ya define quién sería la figura que desembarcaría en la firma con la facultad de avanzar en el proceso de traspaso de las cuestiones operativas, y de responsabilidad de contralor al ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Una recorrida con inspección ocular por la traza de la Autopista Buenos Aires - La Plata se llevó a cabo este jueves (30/08) con el objetivo de para verificar su estado, en el marco del pedido de diputados bonaerenses para conseguir la intervención de la empresa concesionaria, Coviares.

Ahora, el juez Luis Armella tiene 96 horas para decidir si da lugar al pedido de intervención solicitado por dos diputados bonaerenses: Mauricio D'Alessandro y Gonzalo Atanasof.

La recorrida se inició en el peaje de Dock Sud con la asistencia del secretario judicial Máximo Iturbure y otros funcionarios de la dependencia acompañados por los legisladores peticionantes.

También viajaron con ellos cuatro gendarmes que portaron los elementos técnicos necesarios para verificar el estado de la capa asfáltica, profundidad de baches e iluminación, entre otros puntos críticos del estado de la autovía que une la Ciudad de Buenos Aires con La Plata.

D'Alessandro opinó que “la ruta es un caos, han pasado 15 años de concesión y no se ha destinado un solo peso a mantener la cinta asfáltica ni se ha hecho la bajada en Villa Elisa”.

“Somos optimistas junto al diputado Atanasof en la resolución del juez, porque creemos que sólo se puede autorizar subas en los peajes si obligatoriamente el dinero es utilizado para arreglar el camino”, añadió.

Coviares nació como un consorcio formado por 7 socios argentinos, que tienen el 60% de las acciones (lo lidera CCI), el grupo Bankunión, con el 28,5% de las acciones, y la sociedad española FEPAS.

En 2008 hubo una negociación de Corporación América (Eduardo Eurnekian) para comprar Coviares. Ya por entonces, con un tránsito promedio de 205.000 vehículos por día, la Autopista Buenos Aires-La Plata arrastraba serios problemas operativos por la falta de inversiones y la prolongada demora de la renegociación contractual. En los 4 años siguientes, la situación se agravó.

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Un pedido de intervención judicial para realizar una auditoría a la empresa Coviares, concesionaria de la Autopista Buenos Aires-La Plata, fue solicitado por el concejal platense Gustavo Luzardo ante el Juzgado Federal de Quilmes, cuyo titular es Armella.

De acuerdo a la web Infocielo, "Hasta ahora, se sabe, el organismo encargado del contralor de la empresa que está en la mira de la Justicia acusada de flagrantes incumplimientos en los contratos de concesión es el Occovi, Órgano de Control de las Concesiones Viales dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero de concretarse el traspaso al ámbito provincial, la empresa tendría que rendir cuentas de sus incumplimientos contractuales ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Scioli, como el resto de las autovías que están bajo la órbita provincial, como el corredor costero”.

Entre quienes trabajan esta idea, abundan fuertes críticas a la relación entre Scioli y la empresa Coviares, particularmente en cuestiones vinculadas a la situación financiera de la firma: le reprochan una abultada deuda con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien en 2001, y junto a otras entidades, le otorgó un “préstamo sindicado” por casi 240 millones de pesos/dólares, que no ha podido cobrar hasta la fecha y a pesar de que el plazo de devolución era a ocho años.

También entró el administrador en la condonación de la deuda del Banco Provincia a través del fideicomiso creado por la ley 12.726 “siendo que Coviares no es un deudor incobrable sino que precisamente percibe dinero de los usuarios”, tal como explicó en repetidas ocasiones el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias.

En mayo el juez Luis Armella había dispuesto la suspensión del aumento de los peajes en la Autopista, y ordenó que se volviera a los costos de octubre de 2010. O sea que Armella consideró que la inflación acaba por imperio de su voluntad. (?)

Desde ese momento, la justicia convocó a una audiencia a la empresa Coviares, representantes del Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), para analizar el incremento en los peajes y los planes de obra y mantenimiento de la firma concesionaria.

Luzardo explicó que con la medida “se buscan preservar dos aspectos fundamentales: uno tiende a asegurar la ejecución de las obras asumidas por la empresa en cuestión, y otro procura garantizar una eficiente prestación del servicio”.

"La intervención debe estar vinculada a tutelar el regular funcionamiento de la sociedad (Coviares) cuando media un conflicto con quienes necesitan la prestación del servicio. La misma debe perdurar hasta que se logre una solución definitiva", agregó Luzardo.

Según el edil, "el pedido se hace en base a la defensa de los derechos de los usuarios, ya que la autopista le permite resolver cuestiones que no sólo hacen a la libre circulación, sino a la utilización de las vías de acceso para desempeñarse laboralmente, educacionalmente y para acceder a los centros de salud".

De acuerdo con la solicitud elevada ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, el interventor puede ser un “contador que informe sobre el estado actual de la administración económica financiera de la empresa".

A su vez, debe presentar un "plan de mantenimiento y conservación e inversión debida contractualmente para las obras de infraestructura en tiempo pasado, presente y futuro, o bien para cogestionar".

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Para el concejal se “necesita proteger los derechos de los usuarios que actualmente se encuentran vulnerados ante el insuficiente mantenimiento y conservación de la autopista y la ausencia de obras de infraestructura imprescindibles, que hacen al derecho de seguridad de los consumidores".

A su vez, un reclamo para que el  Ejecutivo provincial (Daniel Scioli) intime a Coviares para que proceda sin dilaciones a la reparación de la cinta asfáltica de la Autopista, fue planteado en el Senado bonaerense por el legislador radical Orlando Costa.

El senador exigió además la puesta en funciones de toda la iluminación y que se extremen los recaudos de seguridad "por los ataques vandálicos que se producen en la misma".

Costa remarcó que "es lamentable el estado que presenta la autopista Buenos Aires -La Plata ya que, a la emblemática falta del prometido y nunca realizado tercer carril, se suma ahora la falta de funcionamiento de gran cantidad de luminarias, además de la enorme cantidad de baches que durante toda la traza complican y ponen en peligro a los miles de automovilistas que transitan a diario por ella".