El gobierno de Santa Fe intervino un puerto controlado por el grupo Vicentin

De acuerdo a lo que dicta el decreto provincial nº 574/20 firmado por el gobernador Omar Perotti, la intervención será por 180 días y se designó como interventor al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltin, según publicaron medios locales citados por la agencia de noticias Télam.

El avance del gobierno provincial se lleva adelanta tras recibir un informe elaborado justamente por Deltin, quien esgrimió irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin.

La concesión que tiene la empresa es a través de una una firma que constituye en sociedad con la firma  Buyatti SAICA.  La empresa en cuestión es Río Negro SA.

De acuerdo al informe presentado en febrero, según señala el decreto,“la ‘Terminal A’ (espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites), está inactiva y sin operaciones desde el año 2004.

"Ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno", situación que configura "un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual", detalla el informe.

Asimismo, "conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

El decreto añadió que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya” y que "el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas)" y a un estacionamiento.

De acuerdo al Gobierno de Santa Fe "por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley".

Por otro lado, el decreto afirma que "se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

También se denuncia un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control", lo que hace "que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos".

"No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año", agrega el decreto.

Por último el texto encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del Ente", con "facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.