Polémica en Ushuaia: Quieren matar con gas a los conejos silvestres

La presentación judicial, a cargo de la abogada Griselda Engelhard, se produjo a partir de las declaraciones del investigador Adrián Schiavini en medios de comunicación, sobre la necesidad de abordar el control poblacional de los conejos. La intención sería colocar pastillas de fosfuro de aluminio en las madrigueras, a modo de fumigación, y luego extraer manualmente a los ejemplares.

Según publica El Diario del Fin del Mundo, Engelhard explicó que desde AFADA, “presentamos la acción de amparo para proteger la biodiversidad y la naturaleza de manera integral, porque entendemos que en el caso de que se lleve a cabo esta matanza o envenenamiento se violarían numerosos derechos y normas como la protección del medio ambiente, el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y equilibrado, la ley de protección de fauna silvestre”.

“Cada vida es única y queremos que se respete”, remarcó Engelhard y agregó que la presentación ante la Justicia apunta a “prevenir cualquier daño ambiental, para los animales, para nosotros y para las generaciones futuras”.

Los organismos buscan que se dicte una medida cautelar para evitar intervenciones sobre los ejemplares “hasta encontrar una alternativa para el control ético de la población de conejos y que el medio ambiente no sufra un daño irreversible”, dijo.

En ese sentido advirtió que “el eventual envenenamiento de conejos no sólo generaría que mueran de una manera cruenta, generando un daño irreparable, sino que además afectaría todo el equilibrio natural y tendría consecuencias en toda la naturaleza”, ya que “si se introduce un virus o se envenenan los conejos, no sabemos dónde pueden terminar esos componentes químicos”, sostuvo.

Por su parte, el investigador Adrián Schiavini aclaró que el gas fosfina “se degrada en pocos días en sus componentes básicos sin dejar residuos dañinos para el medio, ya que el fósforo y el hidrógeno son compuestos que existen en el medio. Los conejos muertos quedarán debajo del edificio, y ni predadores ni carroñeros pueden acceder a ellos, por lo tanto es erróneo hablar de riesgos para otros animales, para seres humanos o para el medio ambiente”.

También sostuvo que “no existen en la actualidad herramientas no letales para controlar al conejo para así reducir el daño que produce”.

En un mensaje en sus redes sociales, el investigador señaló que “terminar con el conejo permite terminar con un riesgo muy grave de que se escape de Ushuaia y dañe irremediablemente a la biodiversidad”.

“Como profesionales responsables preocupados por la integridad de los ecosistemas tenemos la responsabilidad de trabajar por mantener la biodiversidad nativa y para tratar de reparar los daños producidos por nuestra acción, como el haber traído los conejos”, dijo, y aclaró que “el problema no son los conejos sino el daño que producen, que se hace extensivo a toda la vegetación del sitio que ocupan”. “Esto sin mencionar los problemas de salud que puede producir el contacto con el conejo o sus defecaciones cuando vive debajo de nuestras casas”, agregó.

La iniciativa para controlar la plaga fue ideada por el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), un organismo dependiente del Conicet con sede en Ushuaia, bajo el fundamento de que los animales producen un riesgo “ambiental y sanitario” para la zona,. Además, agregaron que son un problema para el propio edificio del organismo debido a que construyen madrigueras que producen “hundimientos y derrumbes, poniendo en serio riesgo la infraestructura que apoye sobre ellas, como el edificio del Cadic”, informaron en un comunicado.

El gas usado será fosfina, una sustancia que, según aseguraron, es inocua para los humanos y el medioambiente. “Se hará una fumigación pasiva y extracción manual, que no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos ni de otras especies animales y posee un impacto nulo para el medioambiente”, redactaron.

Entre sus argumentos, también plantearon que esta fauna “destruye la vegetación, eliminando el hábitat de especies nativas y dejando expuesto el suelo a la erosión del viento y las lluvias y es un riesgo sanitario ante el contacto con animales domésticos o con las personas”. Además, afirman que es una riesgo “para la seguridad de las aeronaves” ya que el lugar está cerca del aeropuerto.

“Se tomarán medidas para evitar daños ecológicos, a la salud y edilicios, priorizando la seguridad de las personas, el resto de los animales y el ambiente”, sostiene el documento publicado en la página web oficial del Centro.

Ahora, el asunto llegó a la Justicia y habrá que esperar para ver si autorizan o no a la matanza de los conejos silvestres.