ARGENTINA

TUCUMÁN

Afirman que detrás del crimen de Espinoza está la mafia de las cuadreras que implica a policías y políticos

El trabajador rural Luis Espinoza fue atacado el 15 de mayo pasado por la Policía de Tucumán durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros. Su cadáver apareció una semana después en un barranco de la provincia de Catamarcar, envuelto en bolsas de plástico. Por el hecho hay 9 efectivos de la fuerza y dos civiles detenidos. Sin embargo, en la provincia denuncian un entramado mafioso con pactos de silencio rotos y traiciones, políticos que se escudan en la Justicia y el negocio de las cuadreras.

La provincia de Tucumán está convulsionada por el caso Espinoza, el trabajador rural que fue hallado asesinado de un tiro tras permanecer una semana desaparecido luego de un operativo policial en Simoca y cuyo cadáver envuelto en bolsas de plástico apareció en un barranco de Catamarca.

La repercusión del crimen y la participación de la policía tucumana movilizó a la política local y el gobernador Juan Manzur reclamó a la Justicia que actúe rápido y "aplique todo el peso de la ley".

El gobierno de Manzur se acercó a la familia de Espinoza, que el 5 de junio se reunió con el ministro de Seguridad provincial Claudio Maley, quien luego instó a la Justicia a que actúe "sin limitaciones".

Por el crimen del trabajador rural hay actualmente nueve efectivos policiales y dos civiles detenidos.

Pero en Tucumán afirman que el asesinato de Espinoza va mucho más allá de un caso de abuso policial.

Según la periodista tucumana especializada en corrupción Gabriela Gatica en declaraciones a Periodismo y Punto Radio, el crimen de Espinoza esconde un trasfondo mafioso vinculado a las carreras cuadreras que tienen lugar en la provincia de Tucumán.

Gatica planteó que “justo en el momento equivocado, en el día equivocado, a la hora equivocada, estuvieron estos dos hermanos y acabó con la muerte de uno de ellos”.

También, Gatica aseguró que por el caso Espinoza en Tucumán están “atravesando pactos de silencio rotos” y mencionó que las autoridades políticas “se escudan en la Justicia” para darle un rápido cierre al tema.

Todo giraría alrededor de la mafia de las cuadreras: “hay una tráfico entre jefes de la policía y un trasfondo político de la provincia por la convivencia con autoridades de la provincia con las cuadreras, alguien que nadie dijo. Estas cuadreras, que son ilegales, mueven mucho dinero. Se apuestan hasta 1.500.000 pesos por día”.

Los políticos dicen que “confiemos en la Justicia”, pero “la responsabilidad no se delega. La policía que actuó mal depende de un jefe de policial regional y éste del ministro de Seguridad y de ahí al gobernador Manzur”.

El 4 de junio, la fiscalía de Instrucción del Centro Judicial de Monteros, a cargo de la causa, Mónica García de Targa, pidió la prisión preventiva de los diez detenidos, lo que deberá resolver el juez de Instrucción Mario Velázquez en un plazo de diez hábiles.

La medida alcanzó al subcomisario Rubén Montenegro, al oficial José Morales y a los efectivos Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya.

La fiscal también incluyó en el pedido al vigía ciudadano Fabio Villavicencio, que es personal civil, mientras que un pedido similar se hará en los próximos días para Álvaro Gónzalez, hermano del policía González Rojas, el otro detenido que no pertenece a la fuerza policial.

Los detenidos están acusados como coautores de "privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada" de Espinoza, un delito que se castiga con prisión perpetua.

Además, la fiscal los imputó por la "privación ilegítima de la libertad" de Juan Espinoza, hermano de la víctima, quien estuvo "esposado" y a quien "no se le permitió ver qué pasaba".

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